El oficialismo avanza con una iniciativa para extender por 50 años tres impuestos que se destinan a la “gestión cultural”
El proyecto obutvo dictamen y pretende financiar por medio siglo organismos como el INCAA, la Defensoría del Público y el Enacom; rechazo de Juntos por el Cambio
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LA NACIONLaura Serra
En la Cámara de Diputados avanza un proyecto de ley del Frente de Todos que extiende, por 50 años, la vigencia de tres impuestos cuya recaudación se destina exclusivamente a financiar organismos del Estado que se dedican a la industria del cine, del teatro y de la cultura en general. Entre ellos el Incaa, el Enacom, la Defensoría del Público, entre otros. La iniciativa obtuvo dictamen favorable en la Comisión de Presupuesto.
La iniciativa llamó la atención de los opositores por lo extenso de la prórroga: nada menos que medio siglo, con lo que vencería 2072. Lo más sugestivo es el apuro por aprobar la iniciativa, ya que el impuesto vence recién a fines de este año.
El autor de la iniciativa, el kirchnerista Pablo Carro, no esperaba el rechazo de Juntos por el Cambio, convencido como estaba de que el proyecto debía recibir un aval unánime si el objetivo es garantizar, como dijo, el financiamiento de las producciones de cine, el teatro y las bibliotecas populares. Igual, gracias a la mayoría de su bloque logró hoy que su proyecto obtuviera dictamen favorable de la Comisión de Presupuesto, con lo cual ya está listo para ser debatido en el recinto.
En concreto, la iniciativa propone que durante los próximos 50 años la recaudación de tres impuestos hoy vigentes no vaya a rentas generales ni se coparticipe con las provincias, sino que se destine exclusivamente a financiar distintos organismos públicos que se ocupan de la gestión cultural. Entre ellos el Instituto Nacional de la Música, el Instituto Nacional del Teatro, las bibliotecas populares, las producciones del Sistema Nacional de Medios Públicos, el ENACOM, Radio y Televisión Argentina y la Defensoría del Público de los Servicios de Comunicación Audiovisual.
Esos impuestos con asignación específica son los que gravan las entradas de espectáculos cinematográficos; los servicios de comunicación audiovisual y los premios de determinados juegos de sorteo y concursos deportivos.
“Si nosotros no le damos una asignación específica a la cultura perdemos diversidad y pluralidad y, por el contrario, se crean discursos únicos y concentradores. Estos recursos son importantes porque necesitamos una cultura abierta, democrática y diversa que contenga no a una cultura de elite sino a todas las culturas”, dijo Pablo Carro.
Rechazo de Juntos por el Cambio
Luciano Laspina (Pro), en nombre de Juntos por el Cambio, rechazó el dictamen oficialista. “Los impuestos de asignación específica son una calamidad, porque se asignan recursos sin priorización y eso es contraproducente en materia presupuestaria, máxime en un país con grandes problemas de pobreza. No quiero decir que la cultura debe ser desplazada, sino que esta discusión se debe dar con cada discusión de presupuesto, no una vez cada 50 años”, enfatizó.
El diputado Laspina propuso un dictamen de minoría que establece que, en lugar de 50 años, la asignación específica se extienda por dos años y que solo un 10% de lo recaudado sea destinado a gastos en personal. “Queremos que los recursos vayan a los artistas, a los productores, a los directores, no a la burocracia”, sostuvo.
Al igual que Laspina, el diputado Hernán Lombardi insistió en la necesidad de poner un tope a la vigencia de la asignación específica. “Nadie puede adivinar las expresiones que puede tener la cultura en 50 años y es profundamente conservador congelar en el tiempo”, señaló el legislador, quien enfatizó que la ley debería garantizar que el grueso de la asignación específica “no vaya al empleo público” sino a las bibliotecas, el teatro y diversas formas artísticas.
“No podemos permitir que escondan organismos atrás del concepto de cultura. Es una práctica habitual del kirchnerismo esconder hechos vergonzantes atrás de buenos fines -advirtió-. Por ello se propone quitar los fondos a la Defensoría del Público Audiovisual y transferirlos al Anses. La Defensoría tendría un presupuesto de 500 millones al año y la han usado como una herramienta de persecución y usina del pensamiento único.”
El dictamen de mayoría fue suscripto por el Interbloque Federal, representado por Ignacio García Aresca, del bloque Córdoba Federal; el Interbloque Provincias Unidas, representado por Luis Di Giácomo del bloque Juntos Somos Rio Negro, y Diego Sartori del Frente de la Concordia Misionero; y el Interbloque Frente de Izquierda y de Trabajadores, diputadas Myriam Bregman y Romina Del Plá.
Por Laura Serra
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