El obispo Ojea pidió “no hablar tanto de planes sociales” y el ministro Zabaleta admitió que hay que avanzar en “la transparencia”

MAR DEL PLATA. –Amplio, crudo pero también medido, sin exponer exclusivas responsabilidades pero sí con referencias y reclamos claros a cada sector involucrado, el diagnóstico con el que la Iglesia abrió hoy aquí la Semana Social 2022 desnudó los altos niveles de pobreza del país, mencionó la corrupción, reclamó creación de empleo formal y bien remunerado, pidió “no hablar tanto” de planes sociales y valoró al empresariado con conocimiento y “experiencia de la dignidad del trabajo”.

“En los últimos años han aumentado los pobres y los indigentes”, dijo el presidente del Episcopado y obispo de San Isidro, monseñor Oscar Ojea, al enumerar la existencia de 5700 villas o barrios populares en el país y señalarlas como el núcleo más duro de la pobreza. “La brecha entre nosotros se ha agigantado”, planteó al pedir más oportunidades laborales porque “ayudar a los desocupados con subsidios debe ser siempre una solución provisoria para resolver urgencias.

En ese panel de apertura del encuentro lo escuchó, bien cerca y butaca de por medio, el ministro de Desarrollo Social de la Nación, Juan Zabaleta, quien con citas a Cristina Álvarez Rodríguez (presente en el evento) rescató el valor de los más de 1,2 millones de planes Potenciar Trabajo, a los que consideró parte de la “economía popular” e insistió en la “transparencia” de su manejo desde el Estado nacional.

“Integración y trabajo para una patria de hermanos” es el lema que guía esta cita de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, que no solo volvió a su formato presencial, después de las restricciones por la pandemia, y a esta ciudad, su habitual sede. También congregó nuevamente a figuras relevantes de los sectores políticos, empresarios y sociales, en un encuentro que se extenderá hasta el domingo en el hotel sindical 13 de Julio, donde tradicionalmente se dieron cruces entre políticos de distintas fuerzas y entre obispos y la dirigencia política.

El acto de apertura estuvo encabezado por monseñor Jorge Lugones, obispo de Lomas de Zamora y presidente de Pastoral Social. Estuvieron, además, la ministra de Gobierno bonaerense, Cristina Álvarez Rodríguez; el intendente local, Guillermo Montenegro, y el obispo de la diócesis de Mar del Plata, monseñor Gabriel Mestre.

Antes de ingresar a la sala, en su primer contacto con los medios, Zabaleta ya se había referido a la cuestión de planes sociales y el debate que se abrió durante los últimos días, en particular desde que la Vicepresidenta Cristina Kirchner puso en discusión su manejo desde organizaciones sociales.

Ante un auditorio de más de 600 participantes, con dirigentes del empresariado y gremiales en primera fila, el ministro Zabaleta reconoció que el tema de los planes sociales “está muy en boca de la opinión pública” y frente a cuestionamientos recordó que desde diciembre los beneficiarios “tienen libertad de elegir” dónde trabajar y capacitarse. “No nos asustemos de estos debates, que sirvan para mejorar”, dijo para bajar el tono a los cruces en la cúpula de gobierno y las propias organizaciones que los administran.

“No voy a permitir la utilización de ninguno”, advirtió, y remarcó que cuando se habla de estos planes, con un valor de unos 20.000 pesos, lo que se hace desde su cartera es “cuidar y transparentar para que cada uno [de los beneficiarios] tenga objetivos de presente y futuro, que es lo que queremos garantizar”.

Con la descripción del escenario social que había presentado Ojea, apenas minutos antes, el ministro reconoció coincidencias: que el trabajo “es ordenador” y que en ese camino tiene que estar más el Estado. Entonces, aprovechó para recordar la necesidad de acompañamiento de intendentes y gobernadores.

Álvarez Rodríguez, por su parte, refirió el objetivo prioritario de justicia social y resaltó algunos logros de gestión en estos últimos años, con una merma de la desocupación que relacionó con políticas públicas y “un Estado presente”. Y contrastó con resultados de un gobierno opositor que “significó 25000 pymes cerradas, inflación del 53% y más pobreza”.

Para entonces Ojea ya había hablado de los efectos de la pandemia, que acentuaron “la depresión, el enojo, el desaliento y la frustración” en la sociedad. También denunció los efectos de lo que llamó “la tercera guerra mundial”, con foco en lo que ocurre en Ucrania. Y la omnipresencia de la corrupción, que presentó como “constante tentación para todos aquellos que ejercen poder material, político y espiritual”.

El obispo alentó, también, al empresariado a acompañar hacia la creación de empleo “con un salario digno que sostenga su poder adquisitivo” porque “no se puede llegar a fin de mes”.

En ese sentido se había expresado el intendente Montenegro, quien destacó una merma de la desocupación en Mar del Plata – en el primer trimestre cayó a 5,8%, la más baja en muchos años, según registros del Indec- aunque admitió que se cruza a diario con vecinos que no tienen trabajo o necesitan otro, o quieren cambiarlo “porque hoy lo que no deja dormir a muchos es no llegar a fin de mes”.

El nivel de crisis fue presentado por el titular del Episcopado, con el último Informe de Cáritas Argentina, junto con el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA y que revela un 42% de población activa con trabajo digno y 58% que apenas accede a un empleo precario.

Según Ojea, los planes sociales son necesarios “en la coyuntura”, pero reclamó “un verdadero plan de desarrollo humano integral”, que dé respuestas a la demanda de tierra, techo y trabajo.

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