El número dos del Polo Obrero fue indagado en Comodoro Py y negó maniobras de extorsión

El dirigente Jeremías Cantero, número dos del Polo Obrero y uno de los principales apuntados en el esquema de extorsión que investiga la Justicia federal en torno al manejo de los planes Potenciar Trabajo, fue indagado este martes en los tribunales federales de Comodoro Py y rechazó la acusación. Optó por hacer un descargo y se negó a responder preguntas de los funcionarios judiciales, que son el juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Gerardo Pollicita.

Sobre Cantero pesa la acusación de ser una pieza clave en una presunta estructura extorsiva por la cual integrantes del movimiento del que es referente, administrando un sistema de premios y castigos, apretaban a beneficiarios del plan Potenciar Trabajo para asistir a movilizaciones.

Según reconstruyó LA NACION de fuentes judiciales y de fuentes de la defensa, tras haber oído la imputación que pesa sobre él, Cantero se limitó a decir que nada de lo que se le imputa es cierto. Dijo que desde su rol de dirigente del Polo Obrero se dedicaba a mejorar la vida de la gente y que todo lo que los beneficiarios de los planes Potenciar Trabajo hacían para la organización era voluntario y decidido mediante la celebración de asambleas. Él era quien coordinaba gran parte de los comedores que fueron allanados a principios de mayo pasado.

Cantero no quiso declarar más allá de esas afirmaciones y se negó a responder preguntas, igual que todos los dirigentes del Polo Obrero que fueron indagados hasta ahora, como Gianna Puppo -quien comparte un departamento con él-, Iván Ezequiel Candotti y Gustavo Guillermo Vásquez. Los imputados que forman parte del Polo Obrero son defendidos por los abogados Liliana Alaniz, Eduardo Penello y Claudia Ferrero. El líder de la organización Polo Obrero, Eduardo Belliboni, será indagado el próximo martes.

Las ronda de declaraciones en esta causa comenzó la semana pasada. Fueron indagadas tres beneficiarias de planes sociales que trabajaban en los comedores populares, a quienes se consideró parte de la maniobra de defraudación, pero a sabiendas de que vivían en condiciones de extrema vulnerabilidad que las llevaron a trabajar en esas sedes que manejaba el Polo Obrero, según reconstruyó LA NACION de fuentes judiciales. Por encima de ellas, en la cadena de responsabilidades trazada hasta ahora por la justicia, se encuentran las “cuadrillas o esenciales”, los “delegados”, los “referentes”, y, encima de todos ellos, el “líder piquetero”, en este caso Belliboni.

Uno de los hechos bajo investigación es que con gran parte del dinero recibido en concepto de subsidio como Unidad de Gestión para la ejecución del Plan Potenciar Trabajo la organización Polo Obrero habría financiado sus actividades partidarias, tales como gastos corrientes de la agrupación, actividades de prensa, militancia y campaña electoral. Según la hipótesis del juez Casanello, “lo público se confundió con lo privado al financiar actividad partidaria”.

Una arista de la investigación es el desvío de los fondos públicos que debían ser destinados a los beneficiarios de los planes sociales. Otra es la presunta extorsión a los beneficiarios, a quienes se les pedía ir a manifestaciones y pagar una cápita para poder asistir a los comedores y para poder recibir la prestación social. Y otra es la producción de facturas apócrifas para presentar en concepto de rendición de gastos al Estado, que habrían sido emitidas por empresas que se encuentran bajo sospecha de la AFIP.

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