El negocio oculto con la importación de aviones privados que usan empresarios y políticos
Las compras de 289 aviones entre 2020 y 2023 por unos US$200 millones son investigadas como parte de una maniobra para acceder al beneficio del dólar oficial; el juez Ariel Lijo tiene el expediente
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LA NACION
La maraña de regulaciones y restricciones cambiarias de entre 2020 y 2023 generó oportunidades ideales para que hagan negocios quienes conocían en profundidad el sistema. Es lo que se sospecha que ocurrió con las compras de cerca de 300 aviones privados que se hicieron gracias a un acceso preferencial a un dólar barato y con posible sobrefacturación de las operaciones, lo que constituiría contrabando.
El caso empezó a tratarse en los tribunales federales en Comodoro Py en 2021, porque la importación de 289 aviones, por unos US$200 millones, levantó suspicacias. El fiscal federal Guillermo Marijuan inició en enero de 2022 una investigación de oficio porque consideraba la posibilidad que, además de haberse beneficiado del tipo de cambio barato y del acceso a la autorización para hacerse de esas divisas, podría haberse configurado el delito de contrabando por sobrefacturación de importaciones. ¿Cómo habría sido la maniobra? Se declaraba un monto más alto de compra de la aeronave, cuyo precio es determinable (por horas por motor, horas por fuselaje, entre decenas de otras variables) pero con mayor dificultad que otros productos más masivos, y así se accedía a más dólares –al precio oficial– de los necesarios para concretar la adquisición. Con la diferencia que se ganaba, el avión salía una fracción de su precio.
Las presunciones preliminares de ilícitos alrededor de estas maniobras son múltiples: valor reportado por encima del precio real para acceder a más divisas, triangulaciones en el exterior para posible lavado de activos, aeronaves que nunca llegaron a la Argentina y quedaron afuera para su posterior venta, aviones que estaban en el país antes de su efectiva importación y sociedades sin la capacidad económico financiera para estas operaciones.
Por estas hipótesis se abrió una causa judicial, radicada en el juzgado federal de Ariel Lijo, que tramita desde hace más de dos años, aunque sin avances conocidos. Se hicieron allanamientos y se acumularon pilas de papeles, pero hasta ahora no hubo indagatorias ni procesamientos. Fueron imputados Martín Guzmán, exministro de Economía; Mercedes Marcó del Pont, extitular de AFIP; Silvina Traverso, extitular de Aduana, y Miguel Pesce, expresidente del Banco Central. No se investigó a ningún responsable directo de la aprobación de las importaciones. LA NACION comprobó, en tanto, que se sobreseyó a un empresario en el marco de esta causa. Se trata de Daniel Vila, dueño de parte del grupo América, Edenor y fundador de Cielos de América, la empresa bajo la cual está la flota de aviones de su propiedad.
LA NACION accedió a varios de los listados de matrículas, que revelan sus compradores y usuarios habituales, en muchos casos únicos pasajeros, entre los que hay organismos públicos, empresarios y políticos. En paralelo, tomó conocimiento de que la Coalición Cívica denunciará estas operaciones, pero en el fuero penal económico. Hernán Reyes, el legislador porteño, y el abogado Federico Esswein, bajo la supervisión de Elisa Carrió, presentarán un informe de 25 páginas ante la Justicia por el presunto delito de contrabando.
Entre la política y el empresariado hay una intersección en lo relativo al transporte privado, que se maneja con estricta confidencialidad. Los hangares privados en Aeroparque, el aeropuerto de San Fernando y otros del interior del país son lugar de descanso de aeronaves que en los papeles pertenecen a un puñado de empresas que se dedican a “chárters privados”, pero que, en la práctica, son solamente utilizadas por determinadas personas o sociedades. Distintas fuentes consultadas por LA NACION explicaron el sentido de esto: más allá de la justificación de los dueños reales sobre el origen de los fondos para comprar un avión, hay esquemas de delegación de la gestión de compra y mantenimiento de estos vehículos a terceros por conveniencia.
En la aviación existen múltiples regímenes que regulan el tipo de actividad que realizan los vehículos. El 91 rige para la aviación privada en general, como por ejemplo el dueño de una avioneta o los aeroclubes que tienen vehículos de su propiedad para fines recreativos. El régimen 121 es el que le aplica a líneas aéreas comerciales regulares, que tienen rutas y frecuencias definidas. El tercero, el 135, es para la aviación comercial no regular, como son los vuelos privados, ejecutivos o sanitarios. Los últimos dos regímenes tienen un esquema impositivo mucho más beneficioso, al tratarse de aeronaves abocadas a fines comerciales. El menor peso tributario es uno de los motivos por los que, en los papeles, los dueños de los aviones son sociedades como las mencionadas.
En el sector se sabe que hay aeronaves bajo el régimen 135 pero que vuelan de manera privada para un solo “cliente”. Algunas son, en los papeles, de un particular (sociedad o persona), pero están bajo el paraguas de una empresa que además explota la aeronave para vuelos privados cuando el dueño real no la necesita. Otra parte le presta servicios a empresas que son parte de un grupo. Muchas otras, no.
En el mercado aéreo hay un puñado de grandes jugadores que ofrecen esta clase de servicios. Flyzar, Baires Fly, Flexfly y Fly It son algunas de ellas, y todas forman parte de la causa por posible contrabando, por haber concretado compras de aeronaves durante 2020 y 2023, durante la gestión del Frente de Todos. Aerotec, la mayor compradora en cantidad de aviones (no en monto) durante la época, se dedica a otro rubro. Desde la empresa explicaron que la gran cantidad se debe a que ellos adquieren kits o aviones para reparar que son luego ensamblados o alistados para vender a aeroclubs o escuelas de vuelo, incluso al centro de entrenamiento de la Fuerza Aérea. La mayoría de las empresas fueron allanadas.
Un sobreseído
Hay empresarios que tienen su propia sociedad para sus aviones. Es el caso de Cielos de América SA, cuyo presidente es Daniel Vila, accionista de empresas como Grupo América y Edenor. Con esta empresa importó por lo menos dos aviones en esta época, un Learjet 60XR y un Bombardier CL-600, matrículas LV-JQQ y LV-KAG, por US$2.200.000 y US$6.980.000, respectivamente, según el precio de adquisición informado por la ANAC. Cielos de América pidió acceder a dólares oficiales equivalentes al total del avión Bombardier que compró.
Este último avión (LV-KAG) apareció, en noviembre del año pasado, ploteado con el escudo de un club de fútbol. Fue avistado en el Aeropuerto de Córdoba pintado de beige y rojo y, en la cola, el emblema de Club Sportivo Independiente Rivadavia, de Mendoza, del que Vila es presidente. Ese domingo se jugaba la final entre ese club y Almirante Brown en el estadio Kempes.
La AFIP resolvió e informó a Lijo que identificaron una sobrefacturación del 20% en la importación de este avión. Refirieron que se encontraron publicaciones de mercadería similar por “montos muy inferiores” al del despacho de importación (entre US$4.700.000 y US$6.000.000 contra los cerca de US$7 millones del LV-KAG, con dólares oficiales). Por este motivo se ordenó un allanamiento el 3 de abril de 2023 en la empresa de Vila. El 28 de septiembre, Vila se presentó en el juzgado con patrocinio letrado (el desarrollo de los hechos hasta ese momento no refiere a una imputación formal previa) y formuló un extenso descargo en el que explicó las condiciones técnicas y de equipamiento de la aeronave que justificaban su mayor precio de adquisición. Indicó que el informe de AFIP era “poco serio” y dijo que una diferencia del 20% esta dentro de lo habitual en las operaciones de compraventa de alto valor, como ocurre en casas que son del agrado de un comprador.
Lijo resolvió sobreseer a Vila el 6 de diciembre de 2023. Lo justificó citando jurisprudencia de la sala segunda de la Cámara Federal, que sostuvo anteriormente la posibilidad de sobreseer sin indagatoria previa. La decisión fue comunicada al empresario y a su patrocinante: Mariano Cúneo Libarona, ya anunciado nuevo ministro de Justicia, a cuatro días de la asunción del gobierno libertario.
Los dueños y “usuarios únicos”
Entre esos usuarios habituales –casi únicos– de estas aeronaves se encuentra, por ejemplo, el de la empresa Sancor Seguros, un Bombardier Challenger 605, matrícula LV-KCT, comprado por US$12.550.000 por Kube Aviación SA, una sociedad de vuelos privados. En este avión se transportan los directivos y ejecutivos de Sancor, además de que se ha registrado como pasajeros a políticos como el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, y la senadora Carolina Losada (voló en épocas de campaña a bordo de este y otro avión de Kube SA). La aeronave parte y vuelve permanentemente de aeródromo de Sunchales, que queda a ocho minutos en auto de la sede central de la empresa. Fuentes de la compañía dijeron a LA NACION que el avión no es de su propiedad, aunque la empresa suele utilizar los servicios de Kube para el traslado de personal.
Rubén Cherñajovsky, el fundador y accionista mayoritario de la empresa NewSan, una de las más grandes productoras en Tierra del Fuego, es habitual usuario del avión importado más caro durante la época bajo investigación. American Logistic SA compró, por US$22.500.000, un Falcon 7X matrícula LV-JQF. El mismo esta publicitado en la página de una empresa llamada Royal Class, que expone sus características: 11.020km de alcance (llega sin escalas a Europa), 14 pasajeros, suite privada y pet friendly.
MSU (importante empresa del sector agropecuario y energético, entre otros), de la familia Uribelarrea, implicada en el caso de los cuadernos de las coimas, también es una de las frecuentes viajeras de uno de los aviones importados durante estos años. Se trata del Beech B-250, LV-KBS, traído al país por US$3.390.000. La aeronave visita frecuentemente Santiago del Estero, donde la empresa tiene un parque de producción de energía. Desde la firma destacaron que “se trata de una aeronave que suele alquilar a una compañía que presta servicios de taxis aéreos”.
Entre los importadores hubo organismos públicos. Gendarmería Nacional adquirió tres aeronaves (matrículas LQ-JCQ, LQ-JEQ y LQ-JES) que ya habían sido avistadas y fotografiadas años antes en suelo argentino. La compra fue hecha por US$5.631.101, US$11.475.160 y US$1.762.100, respectivamente. También adquirió un helicóptero la policía bonaerense, por US$8.224.390 y otra aeronave el gobierno de la Pampa, por US$1.964.130.
Algunas empresas importaron bajo su propia sociedad de aviación. Es el caso de Maní King, la principal productora y exportadora de maní del país, que importó un Beechcraft B200GT, matrícula LV-KBI, por US$5.800.000. También de Aeropuna, destinada a usos mineros, un proyecto conjunto entre las empresas FlightVenture, Solaris Transportes y el Grupo AVG, que operan un Beechcraft 1900D, matrícula LV-JKU, importado por US$3.000.000 (aunque este no figura en el listado elaborado por el BCRA para la causa, por lo que podría haber sido comprado con dólares propios).
La Coalición Cívica, en el informe que presentará como denuncia en la Justicia, apunta también a Emes Air, “empresa propiedad de Gustavo Mariani y Marcos Marcelo Mindlin, que realizó importaciones por US$13.000.000 de una única aeronave”, indicó en su investigación la CC. La aeronave de US$13.000.000 figura matriculada y se compró “durante el segundo trimestre de 2022, cuando la brecha era del 79%”, agregaron.
“La empresa Servicios Aéreos Sudamericanos SA figura con un pedido de importación anulado pero luego, sin embargo, aparece con una importación a la que no se le puede ajustar un pedido de SIRA/SIMI correspondiente por el equivalente a US$2.500.000. La sociedad es propiedad de Eduardo Hugo Antranik Eurnekian y Eduardo Eurnekian”, se informó como otro caso de compra sospechosa.
Una causa con poco movimiento
Cuando el fiscal Marijuan inició su investigación preliminar, un abogado que frecuenta los pasillos de Comodoro Py, llamado Santiago Dupuy de Lome, hizo una denuncia particular que cayó en el juzgado de Lijo. Como fiscal a cargo quedó Eduardo Taiano. Marijuan dejó de entender en la causa.
La denuncia tiene dos particularidades que generan polémica. Por un lado, apuntó a cuatro exfuncionarios de alto rango por incumplimiento de los deberes de funcionario público: Guzmán, Marcó del Pont, Traverso y Pesce.
Esto produjo que Lijo pudiera quedarse con la causa. El delito de contrabando es típico del fuero Penal Económico, en tensión constante con el fuero penal por esta clase de expedientes. Por el involucramiento de los funcionarios, el eje de la investigación no sería solamente un contrabando, por lo que se encontraron argumentos para que se quede en el fuero penal.
La segunda particularidad es que, en principio, la denuncia estuvo orientada a investigar la “impericia” de funcionarios que, por su mal juicio o dolo, permitieron el ingreso de cientos de aviones en momentos de restricción cambiaria. Pero no se hizo mención a ningún funcionario de AFIP o la Aduana directamente involucrado o responsable de estas operaciones, como es usual en casos de posible sobrefacturación.
En un estadio inicial, se ordenaron rápidamente decenas de informes a organismos como la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y el Banco Central. Estos debían informar los nombres de los importadores, los dólares oficiales a los que accedieron y el precio reportado a la ANAC, entre otros datos. La sospecha obvia es que se trataba de aeronaves cuyos dueños reales eran importantes empresarios o políticos.
La Coalición Cívica, en la denuncia que presentará hoy, pone sobre la mesa tres características de las maniobras para concretar la operación. Una, la participación de “empresas que no tendrían ningún tipo de conexión con la actividad de aeronavegación” y que están “entre las importadoras de aeronaves, al menos desde la información disponible en internet”. La segunda es “la importación masiva de algunas empresas por parte de aeronaves, en casos superando todo valor razonable de importaciones o de cantidad de aeronaves dadas las condiciones del mercado argentino y/o su actividad”. La tercera es “la importación de aeronaves por parte de empresas investigadas por violaciones a las normas aduaneras con anterioridad o que por sus circunstancias crediticias poco favorables sea posible que se estén alterando la finalidad del procedimiento de importación”.
En el juzgado de Lijo no respondieron a las consultas de LA NACION. En la fiscalía de Taiano dijeron que no había novedades en el caso y no contestaron preguntas relativas al estado procesal actual de la causa.
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