El misterioso mundo de los asesores del Congreso: nombramiento de familiares, presupuestos abultados y pocas explicaciones
Son 2258 para 329 legisladores. Sólo el 7% de los diputados y senadores explicaron qué función cumplen; la Cámara de Diputados registra 268 “diputados” con asesores, cuando está compuesta por 257 legisladores; casi una decena de senadores contrató más de lo permitido
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LA NACIONIgnacio Grimaldi
El Congreso suele exponer, con gran notoriedad, todo su trabajo cada vez que una de las cámaras sesiona. Los debates se extienden durante largas horas y la prensa habla de “maratónicas sesiones”. En el último año, ocurrió 26 veces. Pero cuando esto no sucede, las luces se apagan y pocos saben cómo funcionan los engranajes que hacen mover esa maquinaria: los asesores.
El “personal a cargo” de los 72 senadores suma 1309 empleados. Esa es la terminología técnica que la Dirección de Recursos Humanos del Senado utiliza para referirse a lo que, popularmente, se conoce como asesores. El promedio arroja 18 por cada legislador de la Cámara Alta, según los datos publicados en su sitio oficial.
En el caso de Diputados, la Cámara no publica cuántos asesores trabajan en ella. En consecuencia, LA NACION presentó un pedido de acceso a la información pública cuya respuesta desnudó algo incomprensible para la educación cívica y la lógica matemática. La Cámara baja está compuesta por 257 diputados, pero la Oficina de Transparencia de la misma reporta que 268 “diputados” poseen despacho con asesores. Sobran 11 que no son diputados. Incluso, el listado incorpora otras nueve personas que tampoco ejercen el cargo. Entre ellas, se destacan el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, que dejó de ser diputado en 2019, o el senador Sergio Leavy, quien también abandonó Diputados el mismo año.
Pero más allá del excedente, el listado confeccionado por la Oficina de Transparencia de Diputados omitió incluir los datos correspondientes del presidente de la Cámara, Martín Menem (LLA), de Bertie Benegas Lynch (LLA), de Lilia Lemoine (LLA), de Guillermo Montenegro (LLA), de Alejandro Bongiovanni (PRO), de Ernesto Alí (Unión por la Patria), de Belén Avico (PRO), de Jorge Ávila (Hacemos Coalición Federal), de Beltrán Beneditt (LLA) y de Alida Ferreyra (LLA). Todos estos diputados comenzaron sus mandatos en 2023. Sin embargo, los 120 restantes que entraron en funciones al mismo tiempo que ellos están bien consignados en la información brindada por la Oficina de Transparencia.
Luego de detectar estas incongruencias, LA NACION contactó al mismo organismo reiteradas veces, a través de llamados y de correos electrónicos, pero nunca hubo una explicación.
Según el documento brindado por la Oficina de Transparencia, en Diputados hay una dotación de 949 asesores, formalmente llamados “personal ley 24600″, que regula a la planta del Congreso. De esta manera, con los del Senado suman 2258. Ellos son los que responden directamente a los legisladores. La cifra no contempla a los trabajadores de áreas administrativas ni de ordenanzas del parlamento, tales como la Biblioteca del Congreso.
“Yo creo que los diputados y senadores tienen que tener asesores. El problema es si hay gente que no va a trabajar o si es el tío o el primo porque termina siendo una agencia de colocación”, sostuvo el director de la fundación Poder Ciudadano, Pablo Secchi, mientras remarcaba la necesidad de saber qué hace el personal a cargo de los legisladores.
LA NACION envió un correo electrónico a cada uno de los 72 senadores y 257 diputados, a las direcciones publicadas en el sitio oficial de cada Cámara, a la que cualquier ciudadano puede acceder. De esta manera, todos los legisladores tuvieron, en igualdad de condiciones y por vía institucional, la posibilidad de responder la pregunta que pedía explicar la función específica desarrollada por cada asesor y, en casos puntuales, confirmar si una persona de mismo apellido era pariente.
El resultado de “la odisea de los 329 mails” no fue satisfactorio. Sólo el 7% explicó específicamente qué hace cada uno de sus asesores, a qué se dedican, qué rol cumplen dentro del despacho legislativo.
“Legalmente es el mail de ellos. Si no contestan es porque no lo ven o porque no quieren mostrar la basura debajo de la alfombra”, señaló Secchi.
Incluso, en los pedidos de acceso a la información pública presentados también se había solicitado detallar la función específica de cada asesor, pero en los dos casos, Senado y Diputados, la consigna no fue respondida.
Uno de los pocos que contestó fue el senador Ricardo Zimmermann, de la Unión Cívica Radical. Dijo que “no se puede ser especialista en todo”, razón por la que, sostuvo, cuenta con un asesor por cada comisión en la que participa, que son 14. Posee 23 asesores a su cargo. De esta manera, consultado sobre los 9 restantes respondió que se dedican a “trámites administrativos y atención al público”.
A diferencia de Zimmermann, Carlos Espínola, de Unión por la Patria, detalló que emplea más asesores en tareas administrativas que legislativas. El senador explicó, textual en porcentajes, que destina al 40% de sus 23 asesores a tareas administrativas, el 35% a legislativas, 10% funciones de prensa y 15% labores en Corrientes, la provincia a la que representa el senador.
A diferencia de los senadores, que en varios casos reportaron que se necesitarían más asesores, las respuestas en Diputados muestran lo contrario. En la Cámara Baja, los diputados Pablo Carro, Marcela Pagano, Pamela Verasay, Manuel Quintar, Martín Yeza y Lisandro Nieri manifestaron que pueden cumplir su función adecuadamente con el personal a su cargo, que en números es bastante más chico que el promedio en el Senado. La única que se diferenció fue Margarita Stolbizer, quien sostuvo: “Podría faltarme algún asesor relacionado con cuestiones de comunicación que pudiera ayudar en dar mayor visibilidad a lo que se hace”.
Por su parte, el diputado Pablo Juliano propuso la creación de un “esquema de colaboración técnica apartidaria que solucionaría el problema del nombramiento directo de los asesores”. Asimismo, señaló que existe una “desprofesionalización del trabajo de asesoramiento legislativo” y lo vinculó a “sueldos no competitivos con el sector privado”.
Existen 14 categorías que determinan cuánto dinero perciben a fin de mes los asesores. La escala salarial básica de cada uno de ellos oscila entre $177.236,86 y $1.085.254,69, según cifras anteriores al aumento aprobado en el Senado.
Esto arroja que la suma anual de los sueldos de todos los asesores alcanza al menos $32.649 millones, según la última actualización de haberes de noviembre del año pasado. Esta cifra no contempla los adicionales por antigüedad. Para poner en contexto la dimensión del número, supera o se equipara a lo que el Estado destina en programas de áreas sensibles como Salud, Asistencia Social y Transporte.
Por ejemplo, según muestra el portal gubernamental Presupuesto Abierto, Acciones para la Promoción y Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes recibe $10.865 millones. Es decir, casi un tercio del gasto anual en asesores.
En Transporte, el ítem Construcción de Rutas Nuevas y Obras de Repavimentación asciende a $22.805 millones, el de Repavimentación de Rutas Nacionales a $23.162 millones, ambos casos por debajo de los 32 mil millones de los asesores legislativos.
En Salud, el programa de Acceso a Medicamentos, Insumos y Tecnología Médica recibe un monto similar, aunque superior: $37.541 millones.
Los legisladores cuyos equipos más dinero demandan son: Jesús Rejal, de Unión por la Patria ($323 millones al año), María Inés Pilatti Vergara, de Unión por la Patria ($321 millones al año) e Ivana Arrascaeta de La Libertad Avanza ($279 millones al año).
En paralelo, los legisladores con las flotas de asesores más nutridas son: Pilatti Vergara; María Carolina Moisés, con 38 y Jesús Rejal, con 35, todos del bloque de Unión por la Patria.
Según el reglamento de la Cámara de Diputados, “los bloques tendrán el personal de empleados que se les asigne en el presupuesto de la Cámara, cuyo nombramiento y remoción se hará a propuesta del mismo bloque”.
Una fuente de la administración del Senado le explicó a LA NACION que en la Cámara Alta cada legislador tiene 7330 “módulos” para gastar en asesores por mes. El “módulo” es una asignación de dinero, cuyo valor equivale a $1284,32. Es decir, ningún senador debería exceder los $9.414.065,6 en la designación de personal transitorio a su cargo. Sin embargo, una decena lo incumple.
“No debería haber excesos pero estamos tratando de que no haya. No es fácil cortar estas prácticas viciadas, si cortamos de cuajo, nos paran el Senado durante dos años”, señaló esta fuente de la administración de la Cámara alta.
Mientras que la actual gestión de La Libertad Avanza asegura que cambiará estas prácticas de “la casta”, resulta curiosa la composición de los incumplidores que, en el Senado, gastan en asesores más de lo permitido: Bruno Olivera Lucero (LLA), Maximiliano Abad (UCR), José Mayans (Frente Nacional y Popular), Zimmermann (UCR), Antonio Rodas (Frente Nacional y Popular), Beatriz Ávila (Por la Justicia Social), Cristina López (Unidad Ciudadana), Carolina Moises (Unidad Ciudadana) y Mercedes Valenzuela (UCR). Olivera Lucero y Abad comenzaron en diciembre sus funciones. No tardaron demasiado tiempo en superar el gasto permitido por asesores.
La composición de la estructura
Los despachos de los senadores están compuestos por el personal de planta permanente y transitorio, que es el designado especialmente por cada legislador y su estadía en el Congreso finaliza cuando tal legislador lo decida o deje el cargo, y el personal de planta permanente. Es común escuchar que los de planta permanente son empleados valiosos que hacen funcionar al Congreso, con conocimiento específico del parlamento.
Ninguno de los reglamentos de ambas cámaras prohíbe la designación de familiares. Tampoco existe una ley que lo impida. Esto parece beneficiar a algunos legisladores.
Los jefes de los bloques La Libertad Avanza y Unión por la Patria, Ezequiel Atauche y José Mayans, comparten algo más que la jerarquía partidaria. Ambos poseen entre sus asesores a personas con su mismo apellido. En el caso del libertario, a Pedro Atauche, y en el del peronista, a Celina Yael Mayans. Ante las consultas de LA NACION para conocer si dicha coincidencia corresponde a un vínculo familiar, ambos legisladores decidieron no contestar.
Según la información presente en las declaraciones juradas presentadas ante la Oficina Anticorrupción, los hijos de Pilatti, Zimmermann, Carlos Linares y Edgardo Kueider, del Frente de Todos, fueron designados en el Senado.
En el caso de la senadora peronista, su hijo, Facundo Cáceres, trabaja en su despacho. En el caso del radical, su hija, Carla Zimmermann, primero trabajó en su despacho y actualmente se desempeña en el equipo del senador Pablo Blanco. En el caso de Linares, su hijo, Nicolás Manuel, ostenta la tercera categoría más alta en la escala salarial del personal legislativo y trabaja en su equipo. En el caso de Kueider, su hijo fue contratado por su compañero de bloque, Espínola.
“¿Qué problema hay en que un senador designe a un familiar si el Presidente hizo lo mismo con su hermana?”, cuestionó Blanco.
“Si es sólo un familiar me parece bien pero si son 20 ya no estoy de acuerdo”, dijo el senador Juan Carlos Pagotto, de La Libertad Avanza, sobre el nombramiento de parientes en el Estado. De hecho, designó a su hijo, Juan María, con el cargo más alto dentro de sus asesores.
“Andá a Mercado Libre y preguntá si el gerente contrata a sus hijos porque son de su confianza. Las cosas no funcionan así. No es normal, es un problema ético.”, comentó Secchi.
Además, del análisis de las declaraciones juradas se desprende que una de las asesoras del senador camporista, Martín Doñate, tiene el mismo apellido que su cónyuge. La empleada legislativa se llama Victoria Lopata. Pese a las reiteradas consultas, el senador decidió no responder si lo une un vínculo familiar con ella.
Algo similar ocurre con los senadores Daniel Bensusan y la asesora Paula Bensusan; y el senador Daniel Kroneberger, con la asesora Candela Baez Kroneberger, quien fue incorporada al Senado en 2021 por petición del legislador pampeano, según consta en documentos oficiales.
En este sentido, el diputado Nieri le confirmó a LA NACION que está trabajando en “la elaboración de un proyecto de Ley Antinepotismo para prohibir que los funcionarios del Estado en los tres poderes puedan nombrar a familiares”. Esta no sería la primera vez que se presente una iniciativa de esas características. Las anteriores solo conocieron el fracaso.
Un axioma popular dice “menos es más”. En el misterioso mundo de los asesores del Congreso, parecería adaptarse como “menos controles, es más”.
Por Ignacio Grimaldi
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