El misterio del Boeing: declaró la despachante y los investigadores sospechan que la operatoria era “antieconómica”

Los investigadores del caso del avión de Emtrasur sospechado de tener vínculos con el terrorismo indagan por estas horas en la carga que trajo el Boeing 747 y en la cadena de contrataciones involucradas en la operación. Sospechan que el negocio de transporte declarado es antieconómico y ordenaron una ronda de al menos seis declaraciones testimoniales que termina mañana. Hoy declaró la despachante de aduana que tramitó la descarga del avión.

Se analiza además el rol que tuvo cada una de las empresas que participaron de la transacción comercial con el fin de entender por qué intervinieron tantas firmas en la logística.

La aeronave llevaba la mitad del total de la carga que tiene capacidad para transportar. Por eso, entre otras razones, está en duda la razonabilidad económica del vuelo. Ayer declaró ante las autoridades judiciales como testigo un directivo de la firma SAS Automotriz. Esta empresa se había desprendido de la responsabilidad en la contratación del avión y señaló que contrató a la suiza Fracht, que a su vez contrató a Aerocharter México para transportar la carga desde ese país a la Argentina.

Aerocharter Mexico contrató a Emtrasur. Pero, según la información que tiene la Justicia, Emtrasur subcontrató a Blue Wings para que se ocupara de los trámites locales en Argentina. Toda la parte logística en la Aduana la llevó adelante Blue Wings, excepto una, relacionada con el combustible, para la que se le requirió intervención a una empresa de Costa Rica, reconstruyó LA NACION.

Con respecto de las operaciones de estas empresas, la Justicia le pidió informes a la Unidad de Información Financiera (UIF). El organismo anti lavado ya respondió a los tres oficios que recibió a lo largo de esta semana, según supo este medio.

En su dictamen de esta semana, la fiscal Cecilia Incardona pidió indagar si la aeronave tenía como verdadera misión el transporte de autopartes o si el vuelo constituyó “un acto de preparación para proveer bienes o dinero que pudieran utilizarse para una actividad de terrorismo, su financiamiento u organización”.

Mientras tanto, la fiscal y el juez buscan determinar quién es el verdadero dueño del avión. Está bajo estudio el boleto de compra venta de la aeronave, la documentación relacionada con sus seguros, con las contrataciones, y hay documentación que la Justicia está digitalizando para continuar con el análisis. El expediente ya tiene ocho cuerpos con 1600 fojas.

La causa está bajo secreto de sumario. El defensor de uno de los tripulantes pidió que esta medida sea levantada, dado que bajo esta condición no puede acceder a lo que hay en la causa. El plazo del secreto vence el 29 de junio, y el juez deberá decidir si lo prorroga o si lo levanta.

El estudio de la información extraída de los celulares que fueron secuestrados por la Justicia lo lleva adelante el Departamento Unidad de Investigaciones Antiterroristas (DUIA) de la Policía Federal. El contenido de los dispositivos secuestrados fue repartido por el juez Villena entre la Policía Federal y la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, que extrajo el material y luego lo envió a la DUIA. Fuentes del caso dijeron a este medio que la información extraída y estudiada por ese departamento llegará al juzgado “en cuestión de horas”. La Justicia tiene especial interés en ahondar en la información que surja del iPhone de Gholamreza Ghasemi, el piloto del avión.

“Por ahora nada es del todo indicador de qué estaban haciendo [los tripulantes del avión]”, dijo a este medio una fuente que interviene en la causa.

Fuentes del caso relataron a LA NACION que el juez les ofreció a los tripulantes iraníes llevarlos a una mezquita. Le contestaron que no, que rezan en el hotel. Un funcionario que conoce los movimientos de los 19 tripulantes relató que los venezolanos suelen salir del Plaza Central Canning mucho más que los iraníes, que dejan sus habitaciones solo para ir a comer.

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