El ministro Taiana ordenó investigar por qué el Ejército apeló tarde la sentencia que favoreció a la comunidad mapuche
Abrió un sumario interno para deslindar responsabilidades en el Ministerio de Defensa; mientras tanto, se tramita el recurso extraordinario para recurrir a la Corte Suprema
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LA NACION
El ministro de Defensa, Jorge Taiana, ordenó una investigación sumaria interna para deslindar responsabilidades en la frustrada apelación de la sentencia que ordenó al Ejército ceder a la comunidad mapuche Millalonco Ranquehue el título de propiedad comunitaria de 180 hectáreas del predio de la Escuela Militar de Montaña de Bariloche. El fallo, que debía ser apelado en 48 horas, obliga al Estado a entregar la documentación en 60 días.
La instrucción sumaria del ministro de Defensa apunta a investigar la actuación de los servicios jurídicos que intervinieron en el proceso judicial que dejaron pasar el plazo de 48 horas que tenía el Estado para apelar. Se trata de una investigación interna del ministerio, que se extenderá seguramente al Ejército, y comprenderá la actuación en todo el periodo que lleva la causa judicial, iniciada en 2012. El Ejército, de todos modos, solo intervino en la presentación de la apelación de la sentencia, por decisión del Ministerio de Defensa, y no en las etapas previas, indicaron fuentes militares a LA NACION.
“Esta acción busca investigar las actuaciones de las áreas jurídicas correspondientes para determinar responsabilidades en el proceso legal”, informó el Ministerio de Defensa, al dar a conocer la decisión de Taiana.
El sumario interno se abrió en momentos en que la Cámara Federal de General Roca debe decidir si hay fundamentos para conceder el recurso extraordinario que el Ejército presentó el lunes pasado para impugnar la sentencia ante la Corte Suprema de Justicia.
La apelación fuera de término de la sentencia original había sido presentada el 6 de febrero por la abogada Silvia Cristina Vázquez, que pertenece al cuerpo de letrados del Estado y actúa de acuerdo con instrucciones de la Procuración del Tesoro, cuya máxima autoridad es el kirchnerista Carlos Zanini. Fuentes castrenses dejaron trascender que habitualmente dicho organismo instruye a los abogados del Estado para que sigan puntillosamente, por ejemplo, los juicios por demandas salariales, por lo que consideran “inexplicable” que esta vez se haya dejado pasar por alto el plazo de 48 horas para apelar la sentencia que dispuso la entrega de los títulos de propiedad a la comunidad mapuche.
Como informó LA NACION, ese día habían vencido ya las 48 horas para impugnar la sentencia de la jueza federal Silvina Domínguez, notificada al Estado el día 2 de febrero, a las 12.11 del mediodía. “Desde ese instante empezó a correr el plazo de 48 horas para apelar ante la Cámara y el Ministerio de Defensa solo comunicó el viernes 4, a las 15, al Ejército que la sentencia debía ser apelada reveló una fuente militar. Sin embargo, algunas interpretaciones indican que el plazo podía extenderse a las dos primeras horas del día siguiente al vecimiento.
Deslindar responsabilidades
“El Ministerio de Defensa reitera que ante este conflicto, iniciado hace más de una década y que involucró a varias instituciones estatales, fue el único que presentó una apelación para preservar el patrimonio del Estado”, agregó la cartera que conduce Taiana.
Marcó diferencias, así, con el Ministerio de Justicia de Derechos Humanos, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y el Congreso de la Nación, que habían sido notificados de la demanda inicial y no apelaron luego la sentencia. El Ministerio de Defensa lo hizo, pero encargando la misión al Ejército, que inicialmente no había tomado parte de las actuaciones.
Informó, además, que la apertura del sumario busca “precisar todas las circunstancias y reunir los elementos de prueba tendientes a esclarecer los hechos, desde el inicio de las actuaciones en 2012 hasta el presente”.
Y recordó que “el lunes 9 de mayo, el Ejército Argentino presentó en la Cámara de General Roca el recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con el fin de preservar los bienes afectados a la Escuela Militar de Montaña con asiento en Bariloche”.
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