Se agravó la tensión entre el Gobierno y la Corte, tras las críticas del ministro Soria
En su primera visita al máximo tribunal, acusó a sus jueces de “retrasar fallos de enorme trascendencia” mientras resuelven “en tiempo récord fallos que solo son urgentes para la corporación judicial”; denunció vínculos de la Justicia con el macrismo
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LA NACIONPaz Rodríguez Niell
El ministro de Justicia, Martín Soria, se reunió por primera vez con los jueces de la Corte Suprema. Los visitó en el Palacio de Tribunales y durante la media hora que duró el encuentro criticó sin reservas al Poder Judicial y a la propia Corte. “Expresé mi preocupación por la gravedad institucional a la que llegó la Justicia argentina en los últimos cinco años”, publicó el ministro en Twitter cuando la reunión recién terminaba y los jueces no habían regresado todavía a sus despachos.
De acuerdo con la versión del encuentro que difundió el Gobierno, el ministro les dijo a los cuatro magistrados: “No podemos permanecer callados ante lo sucedido. La Corte retrasa durante años fallos de enorme trascendencia social, como el caso Blaquier o como hace ahora con el caso Maldonado. Mientras tanto, resuelve en tiempo récord fallos que solo son urgentes para la corporación judicial, como el caso de los jueces Bruglia y Bertuzzi [los camaristas trasladados por Mauricio Macri a la Cámara Federal, a quienes el kirchnerismo buscó correr].”
Esta reunión se concretó cuando en la Corte se consolida una nueva mayoría que tiene para resolver causas claves para el kirchnerismo y que, por lo pronto, prepara un fallo para declarar inconstitucional la reforma del Consejo de la Magistratura que promovió Cristina Kirchner en 2006.
Aunque las críticas del Gobierno a la Justicia no son nuevas, el tenor de los cuestionamientos de Soria llamaron la atención en el Palacio de Tribunales. Las visitas oficiales de los funcionarios del Poder Ejecutivo a la Corte son encuentros protocolares. No suelen desarrollarse en estos términos.
Recibieron a Soria los cuatro jueces del alto tribunal, Horacio Rosatti, el presidente, y los ministros Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti. Según supo LA NACION, ellos no respondieron a los críticas del ministro y, terminado el encuentro, hicieron saber que no darían detalles de la reunión. Rosatti, sin embargo, le hizo un reclamo al ministro: le expresó la preocupación de la Corte por las vacantes de jueces no cubiertas. Ayer por la tarde, horas después del encuentro, entraron en el Senado una serie de pliegos judiciales enviados por el Poder Ejecutivo. Afirman en el Gobierno que su envío estaba previsto de antemano.
Durante la reunión, el ministro cuestionó incluso la forma en que la Corte designó este año a sus autoridades. Siempre según el relato del Gobierno, Soria dijo: “El pueblo argentino es profundamente democrático: si la máxima autoridad del Poder Judicial se elige con dos auto-votos [por los de Rosatti y Rosenkrantz], difícilmente la sociedad recupere la confianza en la Justicia”.
Los tiempos de la Corte fueron un eje central del mensaje de Soria, que afirmó que el tribunal “tiene la posibilidad y la responsabilidad institucional de establecer plazos máximos para resolver, más aún cuando esta Corte resuelve más del 70% de los casos sin dar fundamentos”.
El ministro de Justicia fue incluso más allá y acusó al alto tribunal de frenar reformas que mejorarían el funcionamiento del Poder Judicial. “El Congreso puede sancionar todas las leyes que sean necesarias para reformar la Justicia pero, si en última instancia, la Corte no tiene la voluntad y el compromiso de aplicarlas, seguiremos en la misma situación”.
Cristina Kirchner impulsó durante su gobierno un paquete de leyes de “democratización de la Justicia” que, en su mayoría, fueron declaradas inconstitucionales por los tribunales. Ahora, la Corte tiene a estudio otra reforma impulsada por la vicepresidenta en 2006, cuando era senadora. El máximo tribunal prepara un fallo para declarar inconstitucional aquella modificación legal, que estableció la composición actual del Consejo de la Magistratura. A sabiendas de esto, el Gobierno envió ayer al Congreso un nuevo proyecto de ley.
Los jueces nada dijeron durante la reunión del fallo en el que trabajan y el ministro afirmó que no pondría sobre la mesa el caso porque no es “Garavano ni Peña”, en referencia a Germán Garavano y Marcos Peña, exfuncionarios macristas que en encuentros con la Corte le pidieron que no sacara el fallo del Consejo de la Magistratura porque trabajaban en un nuevo proyecto de reforma.
En su media hora con la Corte, Soria -que había preparado por escrito lo que iba a decir- denunció que durante el gobierno de Mauricio Macri “se conformó una mesa judicial del Poder Ejecutivo que influía ilegalmente en la administración de Justicia y se llevaban a cabo visitas obscenas entre funcionarios judiciales y las máximas autoridades del Ejecutivo”; también, que jueces y fiscales participaron de “un sistema de espionaje ilegal”. Además, apuntó contra Fabián Rodríguez Simón, que fue uno de los nexos entre el macrismo y la Corte; dijo que diseñaba la política judicial y “paradójicamente” hoy está prófugo de la justicia argentina en Uruguay.
La reunión entre Soria y la Corte se realizó nueve meses después de la asunción del ministro. En marzo, cuando reemplazó a Marcela Losardo, Soria informó que iba a pedirle una “audiencia oficial” a la Corte Suprema para saber qué opinaban sus integrantes “sobre cuestiones centrales de la vida institucional del país”; entre ellas, los proyectos de reforma judicial y del Ministerio Público que había presentado el Gobierno. De ninguno de esos temas se habló. Ahora, el oficialismo ya no tiene esperanzas de que esas iniciativas puedan convertirse en ley.
En el Ministerio de Justicia informaron además que Soria entregó a los jueces de la Corte “un pedido de informes presentado por organismos de las Naciones Unidas”. Ese pedido -según Soria- “señala la profunda preocupación por la ostensible demora en que viene incurriendo la Corte Suprema en resolver las causas de lesa humanidad y recuerda que esas demoras contravienen las obligaciones internacionales del Estado argentino y debilitan el estado de derecho”.
Soria no se privó de cuestionar también la relación del Poder Judicial con los medios de comunicación. “Criticó duramente la llamativa anticipación mediática de futuros fallos judiciales, tanto de la Corte como de los tribunales inferiores”, dijeron los voceros oficiales.
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