El mensaje de la Corte que desconcierta a la Casa Rosada

En la planta baja del Palacio de los Tribunales, dos camaristas discutían la decisión que desvelaba al Gobierno: extender o no la cautelar de Clarín. Tres pisos más arriba, en el despacho de la jueza de la Corte Elena Highton de Nolasco, se terminaba de redactar un documento de inusual dureza contra el Poder Ejecutivo. Un llamado a que evitara "los mecanismos directos e indirectos de presión".

Esa declaración no llevó la firma de ninguno de los miembros de la Corte Suprema. Lo firmaron las principales agrupaciones de jueces y la Comisión de Protección de Independencia Judicial, que coordinan Highton y su par Carmen Argibay. Pero fue un inequívoco mensaje de la Corte.

De la reunión donde se gestó participaron, cada uno con su borrador en la mano, Highton y los titulares de las asociaciones de jueces. Pero también el presidente del máximo tribunal, Ricardo Lorenzetti, y el juez Juan Carlos Maqueda, que no tenían necesidad de estar allí. Argibay, desde su despacho, hizo llegar sus comentarios al proyecto de documento, sobre el que además fueron consultados, esa mañana, Carlos Fayt y Enrique Petracchi.

La declaración sería el preludio de una jornada negra para el Poder Ejecutivo en los tribunales. Horas después, se conoció el fallo que extendió la cautelar de Clarín y frustró los planes del kirchnerismo para el 7-D.

Ahora, el futuro de este caso está en manos de la Corte, que debe resolver si acepta o no el per saltum presentado por la Jefatura de Gabinete. Por eso, la declaración genera relecturas en el Gobierno, ¿es una señal?, ¿cómo interpretarla?

Los kirchneristas se debaten entre dos miradas. La pesimista: después de un documento así sólo resta esperar lo peor. Y la optimista: es sabido que es propio de la Corte la "compensación". Esta declaración, que se suma a las decisiones tomadas en el último acuerdo -todas en contra del Gobierno- puede anticipar un fallo favorable, especuló anoche, con algo de expresión de deseo, un funcionario que sigue de cerca el caso.

Desde la vereda de enfrente, en el Grupo Clarín ven los mismos dos escenarios. Por eso, nadie se anima a arriesgar un resultado. "Con la Corte nunca se sabe", se lamentaba ayer una fuente ligada a la empresa, que celebra el fallo de la Cámara, pero evita el triunfalismo. Prefieren ser cautos.

En igual sentido, los voceros oficiales del Gobierno, que fueron durísimos toda la semana con los camaristas, evitaron criticar al máximo tribunal y no lo responsabilizaron públicamente de sus desventuras en los tribunales. Sólo el diputado Carlos Kunkel, que no participa de la mesa chica que trabaja en la causa, habló el miércoles de un "golpe institucional" de la "corporación judicial" y le adjudicó responsabilidad a la Corte. "Eso fue fuera de libreto", dijo ayer un funcionario a LA NACION.

La declaración de anteayer la suscribieron, además de la Comisión de Independencia Judicial, la Junta Federal de Cortes y Tribunales Superiores (Jufejus), la Asociación de Magistrados y la Federación Argentina de la Magistratura (FAM).

Incluye reclamos que los jueces sostienen desde hace años y que nada tienen que ver con el caso Clarín, como la necesidad de que se cubran con más celeridad las vacantes de jueces, pero se desencadenó por la denuncia de presiones que la Cámara Civil y Comercial Federal presentó como consecuencia de este caso. La Asociación de Magistrados, que preside Luis Cabral, había pedido ser convocada la semana pasada para tratar el tema.

Si bien la reunión estaba fijada desde hacía varios días, una fuente que conoció de adentro cómo se gestó el documento relató a LA NACION que las flamígeras declaraciones del miércoles del ministro de Justicia, Julio Alak, contra los camaristas, "calentaron los ánimos".

Hubo algunos cruces de ideas previas y en la Corte se preparó un borrador, que después se modificó en la reunión. Además de Highton, Lorenzetti y Maqueda, en el despacho de la jueza estuvieron Luis Lozano, titular del Superior Tribunal de Justicia porteño (por Jufejus); Cabral (por la Asociación de Magistrados), y el cordobés Víctor Vélez (por la FAM). La reunión duró más de una hora, pero no hubo mayores discusiones.Según testigos, todos estaban de acuerdo con el tono.

"Corresponde exhortar al Poder Ejecutivo Nacional a cumplir estrictamente con el artículo 109 de la Constitución [que le prohíbe inmiscuirse en causas judiciales] y a ejercer sus facultades como poder del Estado dentro del marco de las reglas procesales, evitando el uso de mecanismos directos o indirectos de presión sobre los jueces que afecten su independencia", reza el párrafo más duro.

El documento también pide a los titulares de los medios de comunicación ser "mesurados y prudentes", y contempla los reclamos de los jueces del interior, los más alejados del caso Clarín y sus vicisitudes; por ejemplo, cuando pide evitar reformas a las leyes locales que afecten su estabilidad.

Cómo sigue el camino judicial

La Corte tiene ahora la palabra decisiva

• ¿Qué pasará ahora?
  
  La Corte Suprema debe resolver si admite el per saltum que presentó el Poder Ejecutivo o lo rechaza "sin más trámite". Los jueces se reunirán el lunes al mediodía para analizar la situación. Aunque el tribunal no tiene plazo para tomar esa decisión, se estima que lo hará el lunes o martes de la semana próxima

• ¿Qué pasa si admite el per saltum?
  
  Si lo admite y comienza a estudiar el caso, será un triunfo para el Gobierno cualquiera que sea el resultado final, porque la sola admisión del expediente suspende los efectos del fallo que extendió la medida cautelar en favor de Clarín

• ¿Qué requisitos deben cumplirse?
  
  La ley establece que el per saltum procede contra sentencias definitivas o equiparables a definitivas y contra medidas cautelares, en casos de "notoria gravedad institucional", es decir, que excedan el interés de las partes y comprometan "instituciones básicas del sistema republicano" o "garantías constitucionales"

• ¿Qué pasa si no lo admite?
  
  La cautelar sigue vigente y habrá que esperar el fallo del juez Horacio Alfonso, que decidirá si son constitucionales los artículos de la ley de medios que impugna Clarín

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