“El mayor problema del empleo público no está en el Estado Nacional”, afirma Oscar Oszlak

El anuncio del presidente Javier Milei sobre la baja de 70 mil contratos de empleados públicos, información que luego fue rectificada por el vocero presidencial Manuel Adorni, reinstaló un viejo debate sobre el tamaño del Estado y su eficiencia. Incluso, el ajuste en el Estado fue uno de los capítulos incluidos en la Ley Bases que logró ayer media sanción en Diputados. Hace por lo menos cinco décadas que Oscar Oszlak se dedica a observar de cerca los claroscuros en los mecanismos de la administración pública. Su mirada académica –es contador, economista y doctor en Ciencias políticas por la Universidad de Berkeley– se combina con un paso por la gestión pública: fue subsecretario de Reforma Administrativa y Asesor Presidencial bajo el gobierno de Raúl Alfonsín. Una voz caleidoscópica en lo referente al manejo de lo público.

–El Presidente aseguró que se darían de baja 70 mil contratos. El Gobierno rectificó y la cifra estaría más próxima a los 15 mil. Más allá su alcance final, ¿Cómo observa el recorte?

–Creo que sin duda va en la dirección de la motosierra prometida. Ahora, si de pronto, por razones estratégicas o de alguna otra naturaleza, tal vez para no enfrentar un conflicto demasiado grande, se refiere a bajar de 70.000 a 15.000 y usar la guadaña en vez de la motosierra...puede ser porque no se tuvo tiempo para analizar si debe o no producirse esa reducción. Desconozco totalmente el tipo de análisis que está haciendo el Gobierno.

– ¿Qué significan estas cifras para el Estado argentino?

–Bueno, cuando uno tiene que decidir cuánto es poco o cuánto es mucho, tiene que hacerlo con referencia a algún parámetro. No podemos decir, por ejemplo, si 70.000 es mucho o poco. Cuando uno tiene que decidir al respecto, debe hacerlo con referencia a algún parámetro. Cuando hablamos de empleo, mucho significa exceso respecto del producto o desempeño de esa organización. Pero además, no es solo un problema de cantidades sino también de los recursos que son necesarios para la producción de un bien o un servicio. Habrá que ver entonces qué tipo de estimación están haciendo.

Creo que el mayor problema del empleo público no está en el Estado Nacional, sino más bien en las provincias y municipios. Seamos claros: el empleo público en la Administración Pública Nacional está más o menos en el orden del 10% del empleo público de todo el país. El empleo público nacional, incluyendo provincias y municipios, está por encima de las 3 millones de personas. Las cifras no son precisas. Algunos estudios la elevan a 3.900.000 personas, pero lo que es seguro es que son más de 3 millones. El INDEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos) arroja para enero de este año, que son las últimas cifras disponibles, 224.000 personas en la Administración Pública Nacional más 109.000 en Empresas y Sociedades de Estado. Un total de unas 334.000 personas. Es un 10% de esos 3 millones y pico de empleados que tiene el Gobierno Nacional. Y en las provincias tenemos situaciones que son verdaderamente absurdas. En Formosa, por ejemplo, el 70% de los empleados formales trabajan para el Estado provincial o municipal.

–¿Cómo se evalúa el funcionamiento de un Estado?

–Se podría hacer una evaluación global sobre el funcionamiento del Estado argentino preguntando, por ejemplo, si contribuyó o no a resolver los problemas de su agenda, básicamente, en términos de gobernabilidad democrática, desarrollo sostenible o equidad distributiva. Pero también puedo evaluar el desempeño de cada uno de los organismos que lo componen. Por ejemplo, comparar el costo de recaudación de la AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos) con el de organismos tributarios de otros países y tener una medida de la eficiencia recaudatoria. Pero también debo tomar en cuenta la complejidad relativa de los sistemas tributarios, el grado de digitalización, etc.

La Argentina como país no tiene parámetro alguno para evaluar el funcionamiento del Estado porque la gestión pública es puro presente. No hay planificación. ¿Dónde está el plan de gobierno? No hay un plan de gobierno. El plan de gobierno es dejar funcionar el mercado libremente. Eso no es un plan. Ningún país en el mundo hace eso. Si yo tengo un barco recargado de pasajeros, puedo liberar la carga sacando gente del barco, pero no voy a resolver el problema de indicar cuál es el rumbo de ese barco. Si no tengo un plan de viaje ni sé dónde voy, todos los caminos me llevan.

–Sugiere que falta una política de Estado en torno al funcionamiento del Estado...

–Por supuesto. De todos modos, el término “política de Estado” es algo que hemos inventado en Argentina. No tiene ningún sentido para un japonés o un europeo. Una política de Estado no es más que una toma de decisión y un curso de acción que emana de una autoridad pública, pero aplicamos el término a la continuidad de ese curso de acción más allá del término de un gobierno o un régimen político.

–Usted fue funcionario de Alfonsín. Si estuviera hoy de ese lado del mostrador, ¿por dónde encararía una reforma del Estado?

–Creo que hay que empezar por incorporar dos dimensiones temporales que son significativas para la gestión pública, porque la gestión pública en la Argentina es puro presente. Hay que incorporar el futuro y hay que incorporar el pasado. Lo primero que haría es planificar, determinar hacia dónde me dirijo, a partir de un diagnóstico profundo de lo que se está haciendo y para qué destinatarios. Recién ahí puedo determinar cuánto personal necesito, cuántos puestos me sobran pero también cuántos me falta cubrir, cuánta infraestructura, qué presupuesto de funcionamiento. Después haría un seguimiento de mis objetivos y metas, una evaluación y un control de gestión permanentes. Eso es mirar hacia el pasado.

–En estos primeros meses el gobierno parece estar ensayando algo en ese sentido con las auditorías

–Bueno, una cosa es la auditoría, que me parece fundamental. Debió haberse hecho en su momento. No había que esperar a que venga un nuevo gobierno, pero obviamente de allí hubo connivencia, sin duda. Las cosas que van apareciendo, que estaban mal hechas, un simple auditor puede detectarlas, pero eso no es una evaluación.

Una evaluación implica analizar cuál es el valor público de lo que hacen las distintas instituciones del Estado. Por ejemplo tengo 70 organismos descentralizados. ¿Qué hace cada uno de ellos? ¿A quiénes sirve? ¿Es suficiente lo que están haciendo? ¿Hace falta más? ¿Hace falta menos? ¿Desapareció la necesidad? Eso no se evalúa. No sabemos si las prestaciones o los servicios ofrecidos en el momento en que esos organismos fueron creados, deben aumentarse, reducirse o eliminarse. Si la necesidad existe o desapareció. Pero a veces, los organismos siguen ahí, a veces ocultos bajo alguna de las capas geológicas que la burocracia va engrosando con el tiempo

–Lo que ha llamado el “cementerio de proyectos políticos”

–Tiene que ver con esto. Cada gobierno se “casa” con una burocracia preexistente y a partir de la unión, se engendran nuevos “hijos institucionales”. Y no sabemos si en el próximo casamiento esos “vástagos”, engendrados en algún enlace anterior, siguen siendo necesarios porque no se analiza a quién o a quiénes sirven.

El drama de todo nuevo funcionario entrante es que se sienta en su nueva oficina y piensa que ese día va a empezar realmente a poner en marcha su proyecto político. Seguramente le va a llevar un año, por lo menos, tratar de saber qué está haciendo la gente en la agencia de que se hizo cargo. De inmediato, empieza a ser abrumado por toda clase de demandas, porque se subió a una calesita que estaba andando, a una máquina que no para, no conoce y de la que no tiene el manual de instrucciones. La agenda se le llena muy rápido y la distancia entre lo que pretende hacer (si es que lo sabe) y lo que yo puede hacer, en función de sus circunstancias, se hace cada vez más grande.

–¿Puede identificar alguna área que sobresalga con respecto al resto en cuanto a su funcionamiento?

–Es muy difícil saber lo que hace la enorme cantidad de organismos públicos que existen y además si su desempeño se mantiene igual a través del tiempo. Generalmente son aquellas de las cuales no se escucha. Las más silenciosas: el INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria), la Comisión Nacional de Energía Atómica [CNA], el tan vapuleado CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas)

–Usted integra el organismo. ¿Cómo vio la avanzada del Gobierno contra el Conicet?

–Creo que se ha trivializado muchísimo. Sobre todo a partir de ese tipo de comentario que se ha hecho de que hay investigadores que están estudiando la orientación sexual de Batman, por ejemplo. Lo cual es cierto, pero porque el autor de ese proyecto lo está haciendo como un, digamos, entretenimiento, no se está haciendo con fondos del Conicet, él lo desmintió.

Pero se ignora que el Conicet acaba de ser distinguido por cuarto o quinto año consecutivo como el organismo número uno de ciencia de América Latina. Es el número uno en casi todas las 18 o 19 especialidades de la ciencia, menos en dos. Y además, a nivel mundial, es la institución número 20, entre más de 1.800 organismos científicos del mundo. Está incluso delante de la NASA (28°), que fue mencionado por el presidente cuando dijo no podemos comparar al Conicet con la NASA. No, no lo podemos comparar porque el Conicet está delante de la NASA, en una encuesta sumamente seria que todos los años, mide la calidad y el impacto de la actividad institucional en ciencia.

–¿Cómo observa el proceso de achicamiento que puso en marcha este Gobierno? La semana pasada, por ejemplo, echaron a dos funcionarios de turismo cuyo sueldos estaban entre los 13 y los 9 mil dólares, según afirmó el vocero presidencial.

–En un caso, parece no ser cierto que cobraba 10.000 dólares. Por lo menos la encargada del área de promoción turística que estaba residiendo en París [Lucianna Sola Suquet] aclaró exactamente cuál era el monto de su retribución, que era algo así como 5.000 o 6.000 euros, no recuerdo exactamente la cifra [4.100 euros]. Y en realidad estamos hablando de una persona que está radicada en el exterior, donde alquilar un departamento en París debe costar 1.500 euros. Cualquier funcionario radicado en el exterior no puede estar cobrando los salarios que se cobra aquí en la Argentina. Aparentemente esta persona ha hecho una excelente tarea, por lo menos por lo que yo he podido leer, de promoción del turismo en la Argentina. A veces puede haber exceso, sin duda, y hay toda clase de corruptelas en el Estado y creo que hay que denunciarlas. Y me parece muy bien que se destapen estas ollas y que se liquiden todos esos mecanismos, esos regímenes especiales que se han ido creando a lo largo de los años, como los fideicomisos por ejemplo.

–El Gobierno los puso en la mira...

–Estoy totalmente de acuerdo. Es una tarea que debió haberse hecho en su momento y lamentablemente, por corrupción o por lo que fuera, no se hizo. Argentina adhirió a la filosofía del gobierno abierto, es parte de la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP por su siglas en inglés) que integran cerca de 80 países de todo el mundo. Se compromete a la transparencia, a la participación ciudadana, a la colaboración entre organismos.

-¿Qué opinión le merece este mecanismo de financiamiento a las provincias?

Se ha abusado de ese tipo de institución y yo considero que todos los organismos del Estado tienen que rendir cuentas, pero no hay rendición de cuentas. Hay ocultamiento o irresponsabilidad. A veces, cada tantos años, el Congreso, en la última sesión del año, dice, ‘bueno, vamos a aprobar las rendiciones de cuentas de tres o cuatro años anteriores’, lo cual, obviamente, no tiene sentido alguno. Es una formalidad. La rendición de cuentas tiene que ser antes, durante y después.

Acá el control de gestión no funciona. No ha funcionado nunca. Hemos ido superponiendo capas de organismos de control y la corrupción no baja. Comparémonos con Uruguay, que está acá enfrente: en materia de control de la corrupción, con más de 80 puntos sobre 100, se compara a los mejores países europeos. En la Argentina, el valor correspondiente es inferior a 40 puntos, por debajo del promedio latinoamericano de control de la corrupción.

–El conocimiento parece segmentarse cada vez más, los especialistas tienen parcelas de expertise cada vez más chicas. ¿La administración pública avanza en esa dirección? La experiencia de Cambiemos parece haber derribado el mito de los tecnócratas, y La Libertad Avanza, al menos en el Presidente, parece combinar ambos aspectos.

–No se trata solamente de conocimiento. Se trata además de una serie de capacidades que también son necesarias. Porque la experiencia incluye varias cosas: haber tenido responsabilidad de gobierno, capacidad de liderazgo, de conducción de equipo, de negociación. No solamente de especialización temática. Todos los gobiernos prácticamente han experimentado con CEOs privados. Lo hizo Alfonsín inclusive.

Se los ponía al frente de un organismo estatal suponiendo que esa experiencia ganada en la gestión privada iba a ser aplicable perfectamente en la función pública. Tal cosa no existe. Conducir un organismo público no es lo mismo que manejar una empresa. En todo caso, uno puede conocer cómo relacionarse con un cliente, tener una estrategia de ventas, pero el ciudadano no es un cliente, o no es un cliente comercial. Es un cliente muy diversificado. Puede ser un sujeto de regulación, puede ser un delincuente, puede ser muchas cosas. Tiene diferentes ropajes.

Y además, es necesario saber cómo negociar internamente dentro del gobierno, porque entre otras cosas, hay problemas que son horizontales, que atraviesan la administración pública, que no lo resuelve un solo organismo, y por lo tanto se requiere tener capacidad de coordinación con otros. En una empresa, el motor es la competencia. En el Estado, la vocación de servicio.

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