El máximo tribunal deberá alcanzar el mayor consenso para evitar eventuales empates

La Corte Suprema, que hasta el viernes estaba formada por siete integrantes, desde hoy quedó reducida a seis: más allá de que el dato es obvio desde el fallecimiento de Carmen Argibay , desde el punto de vista legal, el máximo tribunal acaba de perder uno de los escaños. Por eso, ni siquiera en un remoto caso de empate podría nombrarse un conjuez para desempatar.

Eso es lo que surge con claridad de la ley 26.183, que fue aprobada en noviembre de 2006.

Esta ley determinó que la Corte, que en ese momento tenía siete integrantes, terminará teniendo cinco. Y dispuso que, mientras se llegue a ese número de jueces, su composición se sujetará a una regla de transición.

Según la disposición transitoria del artículo 3 de aquella ley, "en oportunidad de producirse una vacante definitiva -lo que ocurrió el sábado, con el fallecimiento de Argibay-, se reducirá transitoriamente a seis (6) el número de jueces de la Corte. En dicho período las decisiones de la Corte se adoptarán por el voto mayoritario de cuatro (4) de sus miembros".

En otras palabras, desde una perspectiva legal, la Corte ya no tiene siete jueces -y falta completarla con uno-, sino seis.

Un dato, tal vez curioso, pero que también es exacto: en el hipotético caso de que en alguna causa se diera un empate de tres jueces contra tres y ninguna de las posturas alcance la mayoría de cuatro votos, la única forma de resolverla sería que los ministros negocien entre ellos hasta destrabar el debate o dejen la sentencia para ser dictada más adelante.

La Corte norteamericana no tiene un mecanismo de desempate, y si en algún caso concreto hubiera empate, se entiende que queda confirmada la sentencia apelada. El Congreso argentino tampoco fijó un mecanismo de desempate. Y no hay espacio para designar un conjuez.

Ayer, durante el homenaje que la Corte le brindó a Carmen Argibay, varios hombres cercanos al alto tribunal evaluaban que ésa es la solución correcta.

Ahora quedan en funciones en la Corte los ministros Carlos Fayt (96), Enrique Petracchi (78), Raúl Zaffaroni (74), Elena Highton de Nolasco (71), Juan Carlos Maqueda (64) y Ricardo Lorenzetti (58). Y hace unos meses Zaffaroni anunció a sus pares que una vez cumplidos los 75 años se retirará. Eso debería ocurrir a fines de este año. ¿Lo dejará el Gobierno renunciar al juez más kirchnerista?, se preguntaban ayer en voz baja, durante la ceremonia de despedida de Argibay, algunos observadores.

En el momento en que Zaffaroni o algún otro ministro se retire, el tribunal alcanzará el número de cinco jueces que fijó la ley 26.183. De todas maneras, comienza a ser una posibilidad y materia de especulación política que antes del final del mandato de Cristina Kirchner uno o dos jueces más abandonen el alto tribunal.

Para ese hipotético caso, todavía algo remoto, el oficialismo comenzó a deslizar los nombres del secretario legal y técnico, Carlos Zannini, y de la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, como eventuales reemplazantes. Ahí sí se abriría la puerta para que la Presidenta intente nombrar nuevos ministros de la Corte Suprema o, al menos, ingrese a trabajar algún conjuez. Pero allí surge un obstáculo netamente político: la presidenta Cristina Kirchner debería conseguir que el pliego sea aprobado por dos tercios del Senado.

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