El kirchnerismo sumó presión por la libertad de Boudou y Fernández insiste en descartar un indulto

Con críticas a la Justicia y a los medios de comunicación, referentes del kirchnerismo duro reclamaron la "libertad" de Amado Boudou, condenado a cinco años y diez meses de prisión por el caso Ciccone, y de "todos los presos y presas políticos" para que en la Argentina "rija en plenitud la justicia y se respeten los derechos humanos".

Se trata de la segunda solicitada para respaldar a Boudou que impulsan los sectores de la alianza oficialista alineados con Cristina Kirchner. Esta vez, llega en medio de la polémica por el pedido de un sector del oficialismo para que el presidente Alberto Fernández conceda indultos a exfuncionarios condenados por corrupción.

Ayer, Amado Boudou aseguró que nunca pidió un indulto, pero exigió "una solución política pronta" para los kirchneristas condenados. "Lo que dije siempre es que me gustaría que hubiera un juicio para demostrar que fue armado", declaró en una entrevista con la radio El Destape, en referencia a las causas por corrupción que el kirchnerismo quiere frenar.

"No daré ningún indulto", repitió ayer Fernández en diálogo con Clarín. Días atrás, había considerado que el mecanismo correcto sería una amnistía. "En la Constitución nacional aparecen limitaciones a los indultos. El presidente puede indultar a los que han sido condenados, con lo cual no borra la condena. Si quieren indultar a gente que está procesada, no existe ese instituto; eso se llama amnistía. Y eso depende del Congreso, no depende de mí", explicó en Radio Con Vos. De esta forma, el Presidente se desligó de este reclamo y lo derivó hacia el Poder Legislativo, un ámbito político controlado por Cristina y Máximo Kirchner.

"Yo no soy quién para decir cuál es la herramienta idónea para resolver esta situación", declaró el exvicepresidente al ser consultado. La situación de Boudou se transformó en un nuevo eje de tensión entre el cristinismo y el Presidente.

En la solicitada, titulada "Libertad a Amado Boudou", los firmantes denunciaron que "la persecución política contra militantes y dirigentes de la experiencia kirchnerista persiste en la Argentina a pesar del triunfo popular en las últimas elecciones". Además, definieron que "estamos en presencia de una guerra" llevada a cabo mediante "medidas judiciales, fabricación de noticias que manipulan la opinión pública y el intento de crear un clima de odio e intolerancia en la población".

Amado Boudou fue encontrado culpable de intentar apropiarse de las acciones de la firma Ciccone Calcográfica, una imprenta dedicada a la fabricación de billetes. A lo largo del proceso, en diferentes instancias, intervinieron 16 magistrados distintos. Sin embargo, para el kirchnerismo se trata de una persecución. La solicitada está firmada por los expresidentes Lula da Silva y Dilma Rousseff (Brasil); Evo Morales (Bolivia); Rafael Correa (Ecuador), y Fernando Lugo (Paraguay). También adhirieron la agrupación Justicia Legítima; el senador nacional Oscar Parrilli; el titular del PJ, José Luis Gioja; el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque; el exjuez de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni; el secretario adjunto de Camioneros, Pablo Moyano; el titular de la CTA, Hugo Yasky; Víctor Santa María (Suterh); la titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, y los exfuncionarios kirchneristas Ricardo Jaime y Julio De Vido.

También la suscribieron el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, Jorge Ferraresi; la titular de la AFI, Cristina Caamaño; la jefa del PAMI, Luana Volnovich, y los legisladores Carlos Heller, Leopoldo Moreau, Paula Penacca, Eduardo Valdés y Leandro Santoro, entre otros.

Los firmantes volvieron a cuestionar a la Corte Suprema de Justicia, que dejó firme la condena a Boudou en el caso Ciccone. "Boudou es hoy prisionero en su domicilio por decisión del Poder Judicial. El máximo tribunal nacional desechó tratar la apelación de su condena manifiestamente nula porque era una cuestión ?insustancial, carente de trascendencia' y a partir de esa decisión bochornosa se ha abierto un operativo para enviarlo nuevamente a la prisión", indicaron.

Señalaron que el exvicepresidente es víctima de "una persecución política y moral" por parte de un "puñado de medios".

Para los dirigentes aliados a la vicepresidenta, el país enfrenta "una verdadera emergencia político-judicial" que involucra a todos los habitantes. "Solamente a través de la recuperación plena de la legalidad y el fin de las presiones extralegales profusamente puestas en práctica por el gobierno de Macri es como puede recuperarse en plenitud la vigencia del Estado de Derecho", agregaron.

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