El kirchnerismo se adelanta y pedirá sesión especial el lunes para tratar los salarios de los tres Poderes del Estado

El kirchnerismo reflotó un proyecto que había presentado en marzo a través del senador José Mayans para fijar topes salariales para la Presidencia y Vicepresidencia de la Nación; senadores y diputados; jueces de la Corte Suprema; Procurador General; Consejeros de la Magistratura y funcionarios del Servicio Exterior, entre otros. El proyecto, que recibió el apoyo de todas las bancadas según pudo saber LA NACION, establece que no podrán cobrar más de 20 salarios mínimos, lo que implicaría una drástica reducción salarial en el caso de los diplomáticos y una caída en los ingresos de los magistrados del máximo tribunal judicial del país y de los inferiores.

Las principales autoridades del país no podrán cobrar, a día de hoy, más de 4.056.000 pesos, 20 veces más del salario mínimo, que se ubica en los 202.800 pesos. En el caso de los ministros del Gobierno, secretarios, subsecretarios, autoridades de la AFIP, Banco Central y magistrados inferiores a la Corte Suprema, entre otros, el sueldo máximo será de 15 salarios mínimos, es decir, de 3.042.000 pesos a día de hoy.

En el proyecto presentado por el jefe del bloque “Frente Nacional y Popular”, que junto a “Unidad Ciudadana”, dirigido por Juliana Di Tullio, forman parte de Unión por la Patria (UxP), establece en el primer artículo que la ley, en caso de ser aprobada, también alcanza a empresas y sociedades del Estado, pero no incluye a las empresas privadas controladas por Estado, como YPF.

El proyecto excluye, en su artículo 4, a “las remuneraciones de los agentes comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo para el Personal del Sistema Nacional de Empleo Público y los agentes en regímenes análogos en otras reparticiones estatales que se rigen por lo establecido en sus correspondientes convenios colectivos”. Este artículo podría habilitar que trabajadores inferiores puedan llegar a recibir mayores remuneraciones que las autoridades de distintas dependencias, si el convenio colectivo así lo fijara.

El Consejo Nacional del Salario, cuyo presidente es designado por la secretaría de Trabajo de la Nación, será el encargado de “determinar las escalas salariales de las máximas autoridades nacionales y de las autoridades superiores del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial”, en caso de que el Congreso otorgue el visto bueno. Funcionarios de los tres poderes podrán participar y ser escuchados en reuniones del Consejo del Salario, pero no tendrán derecho a voto, según establece el proyecto.

Por último, el proyecto propone una disposición transitoria para que “el reajuste de las remuneraciones” sean realizadas “en un plazo de 180 días corridos a partir de la entrada en vigencia de la ley”.

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