El kirchnerismo recuperó a su bloque completo y planea una sesión para romper la parálisis en el Senado

Mientras la actividad en el Senado sigue limitándose al despacho de Cristina Kirchner y el hervidero de reuniones políticas que sostiene la vicepresidenta, por las que pasan desde Sergio Massa hasta Eduardo de Pedro, el Frente de Todos promete que antes de fin de mes la Cámara alta sesionará y romperá la parálisis que afecta a los recintos de ambas alas del Congreso desde hace más de dos meses.

La sesión se celebraría antes de la sesión preparatoria, tal como anticipó LA NACION hace dos semanas. Se trata de la reunión en la que el Senado debe elegir a sus autoridades para el siguiente período de sesiones ordinarias, que comienza el 1° de marzo, y que el reglamento del cuerpo establece que debe celebrarse cada 24 de febrero. Si la reunión se hará ese mismo día, que este año es un viernes, o el anterior es, por ahora, una incógnita.

La oposición de Juntos por el Cambio mantiene su política de bloquear el funcionamiento del parlamento mientras el kirchnerismo insista en avanzar con la puesta en escena en la Cámara de Diputados del juicio político a los jueces de la Corte Suprema, tal como lo decidió a mediados del mes pasado la mesa nacional de la coalición.

La misma actitud adoptó la peronista Alejandra Vigo (Córdoba Federal), en sintonía con la postura tomada por los diputados que responden a su esposo, el gobernador Juan Schiaretti, que también anunciaron que no darán quorum en Diputados en rechazo al juicio político y a las amenazas del Gobierno de dictar por decreto una nueva integración del Consejo de la Magistratura.

Sin embargo, el oficialismo ha recuperado en el Senado a la totalidad de su dotación con el regreso a la actividad del jefe del interbloque, José Mayans (Formosa), tras superar un duro problema médico que lo obligó a una extensa recuperación y que lo tuvo fuera de acción durante más de tres meses.

Así, con sus 35 senadores más los tres habituales aliados de Misiones, Rio Negro y La Rioja, el kirchnerismo tendría el número, salvo algún imponderable, que le permitiría abrir el recinto de la Cámara alta aún en contra de los deseos de la oposición.

El temario

Tampoco hay precisiones sobre los temas que ingresarán en esa sesión. De los 28 proyectos habilitados por el Poder Ejecutivo para ser tratados en sesiones extraordinarias entre el 23 de enero y el 28 de febrero, solo nueve se encuentran en el Senado.

Por lo pronto, hay tres proyectos que ya tienen dictamen desde el año pasado, todos aprobados por Diputados, los que quedaron a la espera como consecuencia de las bajas sufridas por el Frente de Todos, viajes y enfermedades, durante noviembre y diciembre últimos. Ya para ese momento Juntos por el Cambio había puesto en marcha su quite de colaboración en rechazo a la decisión de Cristina Kirchner de impulsar el proyecto de ley de ampliación de la Corte.

Se trata de los proyectos de alcohol cero al volante, de fomento a la innovación tecnológica y la eliminación de las facultades para ampliar penas privativas de la libertad a las autoridades penitenciarias por los delitos cometidos por los reclusos.

Se espera que en esta semana comience a activarse el funcionamiento de las comisiones para emitir dictamen de otro paquete de proyectos. Uno de ellos sería la denominada “Ley Lucio”, en alusión al niño Lucio Dupuy, asesinado por su madre y su pareja en La Pampa.

La iniciativa crea un plan federal de capacitación de carácter continuo, permanente y obligatorio, en derechos de los niños, niñas y adolescentes y tiene como objetivo la detección temprana de situaciones de maltrato y abuso infantil. El tema fue incluido a mediados de enero en una ampliación del decreto inicial, que el Poder Ejecutivo dictó en los primeros días del mes pasado.

También esperan dictamen de comisión la creación de la reserva Agujero Azul, la reglamentación de las residencias médicas y la autorización para que el Presidente pueda salir del país.

La lista se completa con el acuerdo al juez federal Daniel Rafecas como procurador general de la Nación, pliego que el oficialismo mantiene cajoneado por orden de Cristina Kirchner desde marzo de 2020 y que todo indica que continuará así hasta el final del mandato de Alberto Fernández.

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