El kirchnerismo presiona a Alberto Fernández para que no cumpla el fallo de la Corte
Quienes responden a Cristina Kirchner apuestan a que el conflicto con el máximo tribunal siga escalando; trazan una comparación con la crisis que protagoniza el Tribunal Constitucional de España
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LA NACIONMariano Spezzapria
El fallo de la Corte Suprema de Justicia en el litigio por el reparto de los fondos de coparticipación tendrá un inmediato efecto interno en la coalición gubernamental del Frente de Todos. Los sectores que se agrupan detrás del liderazgo de Cristina Kirchner reclamarán al presidente Alberto Fernández que escale el conflicto con el máximo tribunal del país y desconozca la resolución, que favorece a la ciudad de Buenos Aires y, sostienen, perjudica a la provincia, justamente el territorio donde el kirchnerismo asienta su base electoral.
El reclamo, que en rigor tendrá tono de exigencia, ya fue esbozado por el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, uno de los voceros oficiosos de la vicepresidenta en temas económicos. Mientras que su par bonaerense Axel Kicillof que solo dejó trascender que en 2023 se podría duplicar el déficit financiero de la provincia, el mandatario norteño alega que Fernández no debe acatar el fallo de la Corte y por ende, que debe bloquear la transferencia de fondos a la administración porteña que encabeza Horacio Rodríguez Larreta.
La presión renovada del kirchnerismo sobre el Presidente para que lleve a un pico de máxima tensión el conflicto con la Corte puede materializarse este jueves, cuando Fernández se reunirá -en forma presencial y también virtual- con los gobernadores del PJ, entre ellos Kicillof, para definir una estrategia conjunta ante el fallo del máximo tribunal. En contacto con el canal C5N, Capitanich se permitió en la víspera enviar un mensaje en clave interna: “No podemos admitir una dirigencia pusilánime”, dijo.
La inquina de los seguidores de la vicepresidenta con los jueces de la Corte, sobre todo con el presidente Horacio Rosatti, excede las implicancias del fallo sobre la coparticipación. Abarca centralmente el conflicto por la integración del Consejo de la Magistratura y en forma lateral, resoluciones como la que confirmó la condena a prisión de la dirigente jujeña Milagro Sala. De ahí que los seguidores de Cristina Kirchner perfilan un discurso tendiente a acusar al máximo tribunal de avasallar atribuciones del Poder Ejecutivo y del Congreso.
Así lo sostuvo un comunicado del PJ bonaerense cuyo autor intelectual fue Máximo Kirchner, según revelaron fuentes partidarias. “La Corte Suprema se ha transformado en el mejor de los casos en la escribanía de [Mauricio] Macri y Juntos por el Cambio, o en su defecto en el estudio de abogados para defender sus intereses”, disparó el partido que conduce el líder de La Cámpora. Y comparó la situación con la crisis institucional que, dijo, atraviesa España por “un acuerdo entre el Partido Popular y el Tribunal Institucional”.
La comparación, aunque antojadiza, encierra el dilema al que se enfrentará el presidente Fernández en las próximas horas: esto es, acatar o desconocer el fallo de la Corte que repuso a un nivel del 2,95 por ciento de la masa coparticipable las transferencias automáticas a la ciudad de Buenos Aires, desde el piso del 1,4 por ciento que había fijado el Congreso en 2020 tras una decisión original del Poder Ejecutivo. El caso español está en boca del kirchnerismo porque el presidente Pedro Sánchez afrontó una disyuntiva similar.
En España, la crisis se desató luego de que el Tribunal Constitucional -equiparable a la Corte argentina- impidió una sesión del Senado para que no se votara una ley que perjudicaba a los integrantes del propio tribunal, a pedido del Partido Popular (PP). Para las fuerzas de izquierda se configuró así un golpe institucional, mientras que la derecha esgrimió que la norma que buscaban sancionar los oficialistas era inconstitucional. El partido Podemos -afín ideológicamente al kirchnerismo- exigió entonces desconocer el fallo.
Pero el gobierno de Sánchez, que encabeza el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), acató hasta ahora el fallo del Tribunal Constitucional. Hay otro elemento que lleva al kirchnerismo a trazar la comparación con lo que sucede en España: al igual que en la Argentina, también allí se encuentra paralizado el organismo equivalente al Consejo de la Magistratura. Los puntos de contacto se suman: el PP acusa a la vicepresidenta segunda del gobierno español, Yolanda Díaz, de apoyar a Cristina Kirchner pese a que fue condenada por corrupción.
A través del PJ bonaerense, un partido que históricamente no se inmiscuyó en cuestiones de política internacional pero que ahora empieza a hacerlo bajo la impronta del camporismo, los seguidores de Cristina Kirchner no vacilaron en asegurar que “el pacto de La Moncloa está muriendo por un acuerdo entre el Partido Popular y el Tribunal Constitucional” español. Casi una forma de decir que en la Argentina existe -bajo su mirada- un acuerdo de similares características entre Juntos por el Cambio y la Corte que “afecta al sistema democrático”.
La intervención de la Corte en el conflicto por la integración del Consejo de la Magistratura, específicamente el fallo que invalidó una resolución de la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, que había dado de baja la representación del cuerpo ante el organismo que controla el desempeño de los jueces, hizo que el kirchnerismo pusiera la lupa en supuestos contactos de Rosatti con el jefe del bloque de la UCR, Mario Negri, quien anoche le advirtió al Presidente que “no se le ocurra desacatar un fallo de la Corte”.
En tren de buscar interpretaciones políticas al fallo de la Corte que favoreció a la Ciudad, el distrito que es la base histórica del Pro, en el kirchnerismo también anotaron un presunto “vuelto” para quien fuera la mentora de la quita de fondos a la CABA: la fugaz exministra de Economía y actual presidenta del Banco Nación, Silvina Batakis, quien fue la autora del informe que sirvió de base a la poda, desde la Secretaría de Provincias del ministerio del Interior. Ahora será ella quien deba firmar el giro de los fondos a Larreta.
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