El kirchnerismo pide que se sancione a los diputados libertarios que visitaron a genocidas presos

El bloque de diputados de Unión por la Patria presentó un proyecto para crear una comisión que evalúe la conducta y eventualmente imponga alguna sanción a los seis diputados de La Libertad Avanza que visitaron a genocidas detenidos en el penal federal de Ezeiza.

El episodio incomoda a los jefes libertarios, que ya sufren la presión de los bloques de diputados dialoguistas para que el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, se anticipe con una decisión e imponga algún tipo de sanción disciplinaria a los protagonistas de aquella visita. El jefe del bloque de Pro, Cristian Ritondo, lo conversó con par del radicalismo, Rodrigo de Loredo, y de Hacemos Coalición Federal, Miguel Pichetto. En la Coalición Cívica también están de acuerdo con que se les imparta algún llamado de atención a los seis libertarios.

“Esa visita impacta sobre la investidura de todos los diputados y del cuerpo”, advirtieron los dialoguistas, que quieren evitar que en la próxima sesión -prevista para el 7 del mes próximo- el kirchnerismo. Sin embargo, por ahora Menem no tiene previsto tomar medidas al respecto, confiaron en su entorno.

La posibilidad de sancionar a un diputado o a un senador por desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones está contemplada en el artículo 66 de la Constitución Nacional. Este artículo posibilita, incluso, que el legislador pueda ser removido de su cargo por inhabilidad física o moral sobreviniente a su incorporación, y hasta excluirle de su seno, si su falta ha sido grave.

En esta línea, el reglamento de la Cámara de Diputados, en su artículo 188, establece que “en el caso de que la gravedad de las faltas lo justificare, la Cámara, a indicación del presidente o por moción de cualquiera de sus miembros, decidirá por una votación sin discusión, si es o no llegada la oportunidad de usar de la facultad que le confiere el artículo 66 de la Constitución”.

“Resultando afirmativa, el presidente nombrará una comisión especial de cinco miembros que proponga la medida que el caso demande”, finaliza.

Es en virtud de este artículo del reglamento que la bancada que comanda el legislador santafesino Germán Martínez reclama la conformación de una comisión especial que, en un plazo de 20 días, “determine responsabilidades y proponga las medidas que el caso demande”. Se aclara que las eventuales sanciones pueden recaer sobre los diputados y sobre quienes facilitaron la visita a los militares presos.

Según argumentaron los legisladores peronistas, los comportamientos de los diputados que se reunieron con los detenidos por crímenes de lesa humanidad “son contrarios al respeto de los valores intrínsecos de nuestro ordenamiento jurídico y de la vida democrática”.

El jueves pasado, los diputados de La Libertad Avanza Beltrán Benedit (Entre Ríos), María Fernanda Araujo (Capital Federal), Lourdes Arrieta (Mendoza), Rocío Bonacci (Santa Fe), Guillermo Montenegro (Buenos Aires) y Alida Ferreyra (Capital Federal), visitaron en el penal de Ezeiza a Alfredo Astiz, Ricardo Cavallo y Raúl Guglielminetti. Los dos primeros, cumplen condenas a prisión perpetua; Guglielminetti está condenado a 25 años.

“La visita de estos diputados fue repudiada por diversas organizaciones de nuestro país, entendiendo que es una gran provocación hacia las víctimas, familiares y a todo el pueblo argentino que ha decidido juzgar y condenar a los represores por los terribles hechos que cometieron”, se subraya en el proyecto presentado por los diputados de Unión por la Patria.

En las filas libertarias la visita de los seis diputados al penal de Ezeiza desató una crisis interna. “Esa actitud no representa al resto del bloque ni al Gobierno”, enfatizan cerca de Martín Menem.

Los protagonistas de la visita justificaron, en una comunicación interna, su actitud. “Fuimos a ver a excombatientes que libraron batallas contra la subversión marxista por orden de un gobierno constitucional”, explicó Benedit, el organizador del evento, a través de un mensaje de WhatsApp que se viralizó en las redes sociales y que ratificó a LA NACION.

El mensaje telefónico de Benedit contiene, además, una suerte de autocuestionario que defiende sin tapujos a los detenidos, niega los crímenes probados por la Justicia y rechaza algunos consensos básicos alcanzados en democracia. “¿Qué edad tenían estos presos al momento que se le inventan los cargos? Entre 19 y 23 años. ¿Los cargos han sido probados? No, muchos son inventados”, señala uno de los fragmentos. Y subraya: “Vamos a hacer un escrito que dirá que no se cumplen los derechos humanos porque quienes fueron parte (terroristas) hoy se erigen en jueces y fallan en función de la venganza, la ideología y el negocio”.

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