El kirchnerismo no tiene mayoría propia en el Congreso para avanzar con el juicio político contra la Corte
LA NACION
Sin las mayorías agravadas que exige la Constitución, el intento del kirchnerismo de avanzar con el juicio político contra uno o varios integrantes de la Corte Suprema no pasa, por el momento, de una amenaza con la intención de ejercer presión en momentos en que el tribunal tiene que decidir sobre cuestiones que tienen a la vicepresidenta Cristina Kirchner como protagonista.
Es que para que pueda prosperar la destitución de un funcionario sometido a juicio político la carta magna establece que se requiere el voto de los dos tercios de los presentes en cada una de las cámaras legislativas.
Se trata de una relación de fuerzas que el Frente de Todos tiene vedada, sobre todo en la Cámara de Diputados, sin el concurso de varios integrantes de Juntos por el Cambio, bancada que criticó en duros términos la decisión de la diputada Vanesa Siley (Frente de Todos-Buenos Aires) de impulsar el juicio político contra el actual presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz.
La movida de la legisladora, como los cuestionamientos contra el resto del tribunal lanzados por su compañero de bancada Leopoldo Moreau, tiene como telón de fondo el amparo presentado por los jueces Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Germán Castelli.
En una decisión que molestó a Cristina Kirchner y sus seguidores, la Corte aceptó el martes último el per saltum solicitado por los magistrados y puso una cuota de suspenso sobre el desplazamiento de sus cargos decidido por los senadores oficialistas al rechazar los traslados de tribunal dispuestos durante el gobierno de Mauricio Macri.
De acuerdo a la relación de fuerzas existente en la Cámara baja desde el recambio de diciembre último, el Frente de Todos solo tendría el número necesario para obtener dictamen en la Comisión de Juicio Político.
En ese cuerpo, el oficialismo tiene 16 de los 31 integrantes, por lo cual no tendría problemas en acusar a Rosenkrantz por mal desempeño de sus funciones.
Sin embargo, hasta ahí llegaría el poder de fuego kirchnerista, ya que para que esa acusación pueda prosperar y pasar a la Cámara alta necesitará el voto de los dos tercios de los presentes en el recinto de Diputados. Hoy, con el apoyo de algunas bancadas aliadas, el Frente de Todos apenas si supera la mitad más uno de los miembros del cuerpo.
Qué dice la Constitución
Según lo establece la Constitución, en un juicio político la Cámara de Diputados oficia como fiscal, es decir que impulsa la acusación. Por su parte, el Senado cumple la función de tribunal de sentencia. Aquí también, se necesita de una mayoría agravada de dos tercios para poder destituir al funcionario sometido a proceso. El oficialismo tiene 41 senadores propios, pero necesitaría 48 votos.
La última vez que esto ocurrió fue en 2005, cuando el Senado destituyó a Antonio Boggiano, acusado de formar parte de la denominada mayoría automática menemista de la Corte Suprema. Poco menos de dos años antes, había corrido la misma suerte su colega Eduardo Moliné O’Connor.
Ambos procesos fueron impulsados por Cristina Kirchner desde su banca de senadora y prosperaron en ambas cámaras por el fuerte consenso político que reunía en casi todas las fuerzas políticas la crítica a la actuación del alto tribunal, cuya composición se forjó durante los diez años de gobierno de Carlos Menem.
Para encontrar un ejemplo de jueces supremos destituidos sin un acuerdo político hay que remontarse a 1947, en el primer gobierno de Juan Domingo Perón.
Con un Senado casi monocolor (solo los representantes de Corrientes no eran peronistas) y con los dos tercios de la Cámara de Diputados, producto del sistema de elección de lista incompleta de la ley Sáenz Peña; Perón pudo destituir a tres de los cinco jueces de la Corte.
En aquella oportunidad, los magistrados fueron acusados de haber legitimado los golpes de 1930 y de 1943, alzamiento éste último en el que, paradójicamente, Perón tuvo participación como coronel del Ejército e integrante del Grupo de Oficiales Unidos (GOU).
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