El kirchnerismo amenaza con un juicio político a Rosatti si asume la presidencia del Consejo de la Magistratura, pero no tiene los votos en el Congreso
Es una iniciativa que impulsa el diputado Leopoldo Moreau; le atribuye a los jueces de la Corte una “vocación bonapartista”; sin embargo, el oficialismo no tiene a su alcance las mayorías necesarias para avanzar en el Parlamento
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LA NACIONLaura Serra
En la cúspide del kirchnerismo los ojos están clavados en Horacio Rosatti. ¿Se atreverá el presidente de la Corte Suprema a “tomar por asalto” –así califican la maniobra- la jefatura del Consejo de la Magistratura? La vicepresidenta Cristina Kirchner y sus acólitos advierten: de consumar este avance, Rosatti y los jueces del máximo tribunal serán blanco de sendos pedidos de juicio político en el Congreso por avasallar potestades del Poder Legislativo.
La advertencia corrió por cuenta del diputado Leopoldo Moreau, quien tildó a Rosatti de ostentar una “vocación bonapartista” desde que asumió la presidencia del máximo tribunal. “No nos olvidemos que Rosatti ingresó a la Corte por la claraboya, por un decreto del macrismo; después, se votó a sí mismo como presidente y, como si fuera poco, firmó una sentencia para su propio provecho cuando declaró inconstitucional la ley del Consejo de la Magistratura de 2006; lo hizo para asumir el control absoluto del Poder Judicial - asestó el diputado Moreau, uno de los hombres de máxima confianza de Cristina Kirchner, en diálogo con LA NACION-. Esto lo hace pasible de un pedido de juicio político. Lo merecería, absolutamente”.
La amenaza de Moreau refleja el profundo malestar del kirchnerismo hacia la Corte en general y con el juez Rosatti en particular. Igualmente, es harto difícil que, en minoría en ambas cámaras, el oficialismo logre avanzar en el enjuiciamiento contra los jueces del alto tribunal.
En efecto, los diputados que responden a la vicepresidenta no conseguirían reunir los votos necesarios para avanzar en esa dirección, ya que necesitarían al menos dos tercios de los presentes en el recinto para aprobar la apertura de un juicio político contra los magistrados supremos y no cuentan con esas mayorías, ni están cerca de obtenerlas aún con aliados potenciales. A su vez la Corte no salió a replicar la amenaza kirchnerista, que quedará en el terreno de lo declarativo porque no tiene chances de concretarse en el Parlamento.
A los ojos del kirchnerismo, la intención de la Corte Suprema de asumir las riendas del Consejo de la Magistratura constituye, lisa y llanamente, un avasallamiento sobre las atribuciones del Congreso, el encargado de legislar sobre la cuestión. Hace diez días la mayoría oficialista del Senado dio media sanción al proyecto del Gobierno que establece una nueva integración del Consejo con 17 miembros, aunque sin representación de la Corte Suprema; Juntos por el Cambio votó en contra. Resta aún la media sanción de la Cámara de Diputados, pero como este trámite no se cumplimentó antes del plazo de 180 días impuesto por la Corte Suprema –que venció el pasado fin de semana-, Rosatti anunció que asumiría la presidencia del Consejo de la Magistratura con su vieja integración de 20 miembros.
“Un verdadero disparate –critica el diputado Moreau-. La Corte pretende que el Congreso legisle bajo extorsión: no solo impone plazos para que ambas cámaras sancionen una ley modificatoria del Consejo de la Magistratura, sino que además advirtió que si no lo hace en tiempo y forma restituirá una ley derogada en 2006 y que asumirá su presidencia. Un verdadero atropello que desconoce el poder soberano del Poder Legislativo para dictar sus leyes”.
El kirchnerismo no trepidará en medios para resistir la avanzada de la Corte Suprema sobre el Consejo. El primer paso lo dio la semana pasada cuando, a instancias de una presentación que realizó el diputado oficialista Marcelo Casaretto, el juez federal de Paraná Daniel Alonso, en una medida precautelar, le ordenó al Congreso que no envíe a sus representantes para la nueva conformación del organismo hasta tanto reciba un informe detallado de la Cámara de Diputados y la de Senadores sobre el trámite que le está dando al asunto. Con este fallo como instrumento, el oficialismo busca así frustrar la asunción de Rosatti.
En línea con la resolución de Alonso, el oficialismo anticipó que, hasta tanto no se resuelva el fondo del asunto, no enviará los representantes del Congreso ante el Consejo de la Magistratura para completar su integración de 20 miembros.
“La precautelar otorgada por el juez Alonso genera una ventana de oportunidad para encauzar institucionalmente el tema. Y tenemos que aprovecharla”, señaló el jefe del bloque oficialista, Germán Martínez. “Hay que convocar al diálogo político a los líderes opositores y trazar juntos un camino para que podamos dar el debate de la media sanción del Senado, obtenida sobre el proyecto del Ejecutivo con modificaciones. Tenemos que trabajar para que haya una nueva ley”, enfatizó.
Pese a que para la Corte Suprema los plazos están vencidos, el oficialismo en la Cámara de Diputados insistirá en convertir en ley la media sanción del Senado, que excluye al máximo tribunal del Consejo de la Magistratura. No se anticipa una tarea sencilla. Por caso, todavía no están conformadas las comisiones de Justicia y de Asuntos Constitucionales, primer mojón para el debate de la iniciativa; el kirchnerismo postula a Rodolfo Tailhade, uno de sus talibanes, como presidente de la Comisión de Justicia, pero su nombre genera resistencias puertas adentro de su bancada.
Por otra parte, el oficialismo no cuenta con los votos suficientes en la Cámara baja para excluir a la Corte Suprema de la futura integración del Consejo. Ergo, tendrá que negociar modificaciones al texto proveniente del Senado.
Cortocircuitos con la oposición
Alineada con el fallo de la Corte Suprema, las autoridades parlamentarias de Juntos por el Cambio postularon a sus dos representantes en el Consejo de la Magistratura por considerar que les corresponden en su condición de segunda minoría. A tal efecto, el jueves pasado enviaron a la presidencia de ambas cámaras sendas notas en la que postulan a la diputada Roxana Reyes (UCR) y del senador Luis Juez (Pro).
El oficialismo desconocerá ambas notas. “La precautelar del juez Alonso lo dice con claridad. Las autoridades del Senado y Diputados se tienen que abstener de designar nuevos integrantes del Consejo. Son funcionarios públicos. Deben cumplir el fallo de la Justicia Federal de Paraná. ¿O quieren que desobedezcan una orden judicial?”, desafió Germán Martínez.
Desde Juntos por el Cambio Mario Negri, jefe del bloque radical, retrucó los dichos de Martínez. “Germán, estás pidiendo que Sergio Massa y Cristina Kirchner desobedezcan un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿No te parece demasiado?” “Los fallos de la Corte no se discuten en primera instancia, lo sabe cualquier ciudadano (menos el juez de Paraná)”, ironizó.
El conflicto promete escalar durante la semana. El presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, anticipó que este lunes convocará a los presidentes de los bloques para intentar resolver el entuerto. Los líderes de Juntos por el Cambio exigirán que Massa y Cristina Kirchner cumplan con el fallo de la Corte Suprema, pero el kirchnerismo se resistirá: su estrategia será ganar tiempo hasta sancionar la una nueva ley que satisfaga las pretensiones de la vicepresidenta.
Por Laura Serra
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