El kirchnerismo impulsa a una mujer para la Corte y le exige al Gobierno que baje a uno de sus candidatos

A pesar del duro enfrentamiento verbal entre Cristina Kirchner y Javier Milei, las negociaciones por la Corte Suprema continúan y el kirchnerismo sigue firme en su postura de exigir al menos un lugar en el máximo tribunal a cambio de aportar sus votos para aprobar los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, propuestos por el Presidente y cuyas nominaciones permanecen empantanadas sin obtener las firmas necesarias para alcanzar dictamen en la Comisión de Acuerdos del Senado.

“Si no quieren ampliar la Corte, entonces que bajen a uno de sus candidatos y nos den el otro lugar para un candidato elegido por nosotros”, desafió un senador del bloque de Unión por la Patria que suele tener acceso directo y cotidiano con Cristina Kirchner. En las oficinas del Instituto Patria van más allá y aseguran que ese sitial está reservado para una mujer, cuyo nombre prefieren mantener en reserva. Semanas atrás había circulado el nombre de la exsenadora María de los Ángeles Sacnun.

La frase no es inocente. El Gobierno viene negándose a abrir la negociación política que reclama el kirchnerismo y se resiste a activar la discusión de una ley de ampliación de la Corte que permitiría disponer de más lugares para conseguir el apoyo a los candidatos postulados por la Casa Rosada. “Que ellos aprueben primero a Lijo y García-Mansilla, y después nos sentamos a negociar”, es el mensaje que viene repitiendo el asesor presidencial Santiago Caputo para rechazar los convites de la oposición.

Aunque fue la única fuerza que lo hizo de manera abierta y pública (el senador Mariano Recalde blanqueó hace y más de un mes la intención de sentarse a negociar), el peronismo no es la único espacio que considera que la designación de jueces para la Corte debe formar parte de un acuerdo político amplio, en el que entren en juego otros cargos judiciales.

De hecho, LA NACION pudo saber que, en las últimas semanas, legisladores de Unión por la Patria, de la UCR y del peronismo antikirchnerista han mantenido conversaciones en las que hubo una coincidencia: en hacerle llegar al Gobierno el mensaje de que debe sentarse a negociar si quiere que los pliegos de Lijo y García-Mansilla avancen en el Senado.

El controvertido juez federal defendió hace dos meses su postulación en audiencia pública ante la Comisión de Acuerdos de la Cámara alta. Una semana después, el 28 de agosto, fue el catedrático y rector de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral el que se presentó en el Salón Azul del Congreso para someterse a las preguntas de los senadores.

Desde entonces, ambos pliegos siguen sin alcanzar las nueve firmas que necesitan para obtener el dictamen que habilite el debate en el recinto de sus nominaciones. Para poder convertirse en jueces del supremo tribunal, deberán reunir el voto de los dos tercios de los presentes, una mayoría agravada imposible de alcanzar sin el apoyo del kirchnerismo, que tiene 33 de los 72 miembros de la Cámara alta.

“Necesitás 25 senadores que no te voten en contra, y nosotros tenemos 25 para cagarlos. No firmo nada hasta que no haya acuerdo un acuerdo político”, fue la advertencia de otro senador del bloque K del Senado que pertenece a la Comisión de Acuerdos.

La amenaza fue lanzada unos días antes de que Milei afirmara la semana pasada que quería ser el responsable de “poner el ultimo clavo del cajón del kirchnerismo con Cristina adentro”. La réplica no se hizo esperar: “Ahora también me querés matar”, respondió la expresidenta. “Estás nervioso y agresivo porque todas las idioteces que, durante años, dijiste en la tele y todavía seguís repitiendo son solo eso: idioteces”, agregó.

A pesar de estos chispazos, tanto Caputo como el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, hombre de confianza del asesor presidencial, vienen asegurando que apenas si faltan unas pocas rúbricas para que ambos pliegos obtengan dictamen de comisión. Es más, dicen que tienen los números para Lijo y sólo admiten que viene más complicada la nominación de García-Mansilla. “Por más que junten las firmas [para el dictamen], no hay pliego”, replican desde el kirchnerismo, destacando que lo que en realidad importa es el recinto, que es ahí donde se designan los jueces de la Corte y no en la Comisión de Acuerdos.

Como ya informó LA NACION, el trámite legislativo de los pliegos quedó trabado luego de que el kirchnerismo desconociera como propia la nominación de Lijo y reclamara postular para el tribunal a un candidato propio.

“Lijo no tiene nuestra visión”, dice un senador kirchnerista, sentado cómodo en su despacho. Es una forma de verbalizar la idea que impera en la principal bancada de oposición de la Cámara alta: que el juez federal no es de confianza para el peronismo, que sospechan que como ya ocurrió con otros candidatos, como Horacio Rosatti, una vez nombrado va a hacer su juego olvidándose de las promesas realizadas antes de llegar a la Corte Suprema.

Por eso agrega, sin medias tintas, que si el Gobierno no quiere ampliar el tribunal tendrá que sacrificar a uno de los dos candidatos y cederle el otro al kirchnerismo. “Ustedes ponen a su hijo de puta y nosotros ponemos a nuestro hijo de puta, uno que sepamos que nos va a responder”, sentenció el legislador. Así de descarnada es la posición que campea entre los líderes del bloque de Unión por la Patria en el Senado.

En otra usina kirchnerista coincidieron, aunque sin tanta vehemencia, en la idea de reclamar una de las poltronas de la Corte para un candidato de lealtad perruna al peronismo, aunque insisten. “Tiene que ser una mujer”, afirmó una legisladora que de manera periódica suele recorrer las dos cuadras que separan su despacho en el palacio del Congreso de la sede del Instituto Patria, el petit hotel ubicado sobre la calle Rodríguez Peña entre Rivadavia y Bartolomé Mitre desde donde Cristina Kirchner todavía controla los movimientos del Congreso.

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