El kirchnerismo condiciona el pago para el gasoducto y la obra se complica

“No podemos seguir dándoles 200 millones de dólares para que se paguen entre empresas subsidiarias”. Con su diatriba contra Techint, Cristina Kirchner había dejado traslucir en el acto por los 100 años de YPF el principal escollo político que hoy enfrenta la concreción del gasoducto Néstor Kirchner, la obra que puede abastecer de gas al país y robustecer sus reservas. Es el “corte de cinta” que sueña hacer Alberto Fernández antes de terminar su mandato.

El contrato con Siderca (del grupo Techint), ganadora de la licitación para la provisión de caños, todavía no se firmó, ni se pagó el anticipo. “Hay diferencias de criterios comerciales”, reconoció a LA NACION una fuente del Gobierno muy al tanto del proceso que hoy conduce el presidente de IEASA, Agustín Geréz, en tándem con el subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo. Son dos funcionarios que se referencian en la vicepresidenta.

Pero la discusión con Techint -que un kirchnerista resumió como “si te la llevás, dejame algo”- es solo un capítulo más de un proyecto que tiene un cronograma muy ajustado y que representa un desafío para el Gobierno, que prometió el primer tramo de la obra para el invierno próximo, en un año y ocho días. Así, mientras que la obra civil del gasoducto aún debe ser adjudicada -en un clima de rumores por los posibles beneficiados- hay una tercera licitación que será declarada fracasada por la provisión de válvulas.

A las dificultades de las contrataciones se suman los desafíos con las provincias involucradas, porque aún deben aprobarse los Estudios de Impacto Ambiental, además de conseguir múltiples permisos de paso. Todo ello en un contexto de fuertes disputas palaciegas, con un funcionario clave por su expertise, Antonio Pronsato, que renunció y un proyecto que fue judicializado antes de arrancar.

Con este panorama es que el Presidente hoy no descarta conformar una unidad especial para el gasoducto para darle un paraguas político y administrativo que impulse el proyecto (ver aparte).

Promesas y escepticismo

Pese a que en el sector privado crece el escepticismo, fuentes de la secretaría de Energía aseguraron a LA NACION que la obra puede terminarse en los plazos prometidos. “Salvo imprevistos, el cronograma prevé su APF (apto para funcionar) el día 20 de junio de 2023″, afirmó a este medio una fuente cercana a Gerez. Desde la secretaría de Energía, que comanda Darío Martínez, apuntaron: “Si la Justicia no lo demora, no deberían haber retrasos con la licitación y la ejecución de la obra”. Todo indica que el juez federal Daniel Rafecas desestimará la causa que se inició por los dichos del exministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas.

Otras fuentes muy al tanto de la obra consideraron que se puede llegar si no hay frenos al cronograma dentro de algo que era “hiper finito desde el principio”. Para tener una perspectiva, los tiempos estudiados en 2018 por la gestión de Mauricio Macri para el primer tramo (de unos 500 kilómetros) eran 18 meses. Por entonces, el gasoducto (que iba a ser de concesión privada) estaba dividida en dos tramos, mientras que ahora se dividió en cinco, pero el plazo no se puede dividir matemáticamente, explican expertos del sector.

“Para llegar hay que alinear todos los planetas. Se debería llamar ‘Proyecto de Integración Nacional Gasoducto Néstor Kirchner’, con todos adentro: funcionarios, gobernadores y privados. Y hay que importar insumos. Sino cada día que pasa gastamos miles de millones de dólares importando gas”, manifestó a LA NACION una persona que conoce de cerca los pormenores del proyecto.

En el sector privado hay más dudas. “Hoy ni siquiera está firmado el contrato con Techint. Esto se puede hacer si se firma, sino no”, advirtió una fuente del sector. “Con lo que se está viendo en la compra de caños, la demora en el pliego por la obra civil, más todo lo que pasó el Gobierno es improbable que el gasoducto esté terminado para el invierno 2023″, describieron, más pesimistas, en una de las empresas interesadas en la obra.

Además de Techint Ingeniería y Construcción, las empresas en condiciones de participar en la construcción del gasoducto son Víctor Contreras, BTU (de Carlos Mundín) y Sacde (la empresa de Marcelo Mindlin que pertenecía a Ángelo Calcaterra). Son las únicas que construyeron caños de 30 pulgadas o más en los últimos 15 años como exige el pliego. Sin embargo, en el ambiente empresarial corrieron fuerte las versiones que daban cuenta del interés en el oficialismo por darle participación a la constructora de Cristóbal López. “Había lobby para que sucediera. Ya sea como adjudicataria o como subcontratada”, explicaron fuentes del sector. Con los requisitos dispuestos, la primera opción está descartada, la segunda aún no.

Dólares

La adjudicación de la licitación de los caños a Techint genera una profunda contrariedad en la vicepresidenta y en el staff de funcionarios kirchneristas. La compañía planteó que debe importar la chapa laminada gruesa de la planta de Ipatinga (Mina Gerais) de la empresa Usiminas, una firma en la que tiene el 20% de participación. “Usar la lapicera”, implica para el kirchnerismo condicionar esa operación. En otras palabras: o la fabricación local o algún tipo de restricción para que Techint saque las divisas.

En el sector explican que la instalación de un nuevo laminador implica una inversión de US$ 1.000 millones con un plazo no menor a tres años. “No es cierto que no pueden fabricar acá, podrían reactivar una línea de producción que dieron de baja en el macrismo”, replicó un colaborador del área de Energía. Es en esos términos que se está dando la negociación.

En su propuesta, Techint necesita girar las divisas a Brasil, lo que significaría un permiso especial por las restricciones cambiarias. Sin embargo, fuentes del sector explicaron que una reciente resolución del BCRA ya habilitaría, en rigor, la importación de la chapa. Es que el 19 de mayo, la autoridad monetaria publicó la Resolución 7516 que permite que los insumos para obras públicas se puedan pagar al contado.

Desafío contra el tiempo

Si la compra de caños a Techint aún está bajo negociación, y la licitación por la obra civil aún debe ser adjudicada, hay una tercera pata, la provisión de las válvulas del gasoducto, que está un paso más atrás: según fuentes oficiales, esa tercera licitación -que tuvo seis oferentes- será declarada fracasada “debido a que ninguna de las ofertas cumplen con los plazos de entrega”. “Son válvulas muy específicas y pesadas, no se consiguen fácilmente. Hay que importarlas listas o ensamblarlas acá”, dijo a LA NACION una persona muy al tanto de los aspectos técnicos del proyecto.

A ello se suman otros procesos con las provincias involucradas: Neuquén, Río Negro, La Pampa y Buenos Aires. Hay que realizar permisos de paso en zonas sembradas y habilitaciones en cruces ferroviarios, rutas y ríos. Aún las jurisdicciones no aprobaron el Estudio de Impacto Ambiental que IEASA remitió en los últimos días y que es un elemento crítico del proyecto. En Río Negro, por caso, piden dos meses.

¿Por qué se licitó recién ahora un proyecto tan crucial tanto para Fernández como para el kirchnerismo? Primero, el Gobierno dio de baja la licitación que había hecho Macri porque quería que la obra quedara bajo tutela estatal. A ello le siguieron las internas del kirchnerismo con Kulfas y luego con Martín Guzmán. El equipo de funcionarios de Energía que reportan a la vicepresidenta, en tanto, tampoco es uniforme.

Según pudo reconstruir LA NACION, al interior del Gobierno se debatió si el Aporte Solidario a las Grandes Fortunas podía financiar el proyecto, ya que por ley el 25% de la recaudación se destinaría a la “exploración, desarrollo y producción” de gas, pero no se mencionaba el transporte. El texto fue subsanado en diciembre.

Por último, en La Cámpora apuntan que Fernández trabó durante “seis meses” el decreto que le dio a IEASA la conducción de la obra. En Casa Rosada dicen que, según los registros, los papeles estuvieron en la secretaría Legal y Técnica solo 20 días.

“Son muchas variables que nadie coordina. La interna del Gobierno se plasma acá y tornan muy difícil el proyecto”, se quejó una fuente del sector privado. “La ausencia de poder y de conducción a nivel nacional se refleja en cada uno de sus actos, este proyecto no es más que eso”, completó.

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