El kirchnerismo avanza en el Congreso para implementar el nuevo Código Procesal Penal

El kirchnerismo quiere acelerar la implementación del nuevo Código Procesal Penal que impulsó la Casa Rosada y que atravesó cambios, en las últimas semanas, a pedido de la oposición. Las resistencias apuntan, entre otros puntos, contra el otorgamiento de amplios poderes a la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó.

Por la mañana, la bicameral realizó su última reunión de consulta a especialistas para analizar las leyes con las cuales se busca poner en marcha el sistema acusatorio. Se trata de los proyectos de ley de Implementación del CPP; de ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal; ley Orgánica del Ministerio Público de la Defensa de la Nación; ley de Organización y Competencia de la Justicia Federal y Nacional Penal; así como otra iniciativa que contempla diferentes cambios al Código Penal de la Nación, referidos en forma especial a distintas causales para la suspensión del juicio a prueba.

El plan del oficialismo es que el tratamiento en el recinto del Senado empiece el miércoles de la semana próxima del paquete de cinco leyes. Para ello necesita conseguir mañana dictamen favorable del plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara alta.

Análisis y modificaciones

Hoy, el paquete de proyectos fue analizado -nuevamente- en la comisión bicameral de Monitoreo e Implementación del Nuevo Código Procesal Penal, que preside el oficialista salteño Rodolfo Urtubey. Los proyectos recibieron varias modificaciones aceptadas por el oficialismo, como el cambio de fecha de puesta en marcha de la normativa (que se corrió seis meses para el 1 de marzo del año próximo, en lugar del próximo 1 de septiembre como dicta la versión inicial).

El kirchnerismo cambió también la modalidad de aplicación parcial del CPP en el ámbito de la Justicia Nacional de la Ciudad de Buenos Aires para resolver que se aplique en toda la ciudad de una sola vez, en lugar de hacerlo en algunas jurisdicciones del distrito en forma alternada como se proponía inicialmente.

También, se eliminó del proyecto el articulado que creaba una nueva comisión de implementación, para darle continuidad a la actual bicameral (a la cual le incorporará una secretaría técnica encargada de determinar los plazos de implementación del nuevo sistema y de un comité asesor, integrado por representantes de distintos estamentos de la justicia, que aconseje sobre la reforma).

Si bien, desde la oposición la diputada macrista Patricia Bullrich consideró satisfactorios los cambios incorporados, insistió en pedir recortes a lo que considera el poder que se mantiene a la Procuración General de la Nación como cabeza del Ministerio Público Fiscal; situación que fue avalada por el radical Manuel Garrido, aunque desde el oficialismo se advirtió que "la ley del Ministerio Público Fiscal no se toca más".

Por su parte, Bullrich dijo que analizarán los cambios efectuados para ver si acompañan el informe de la bicameral impulsado por el oficialismo (a presentar ante las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara Alta, que se reúnen mañana a las 11 en el Salón Azul) o si los sectores de oposición terminan presentando un informe propio.

Antes de escuchar a los últimos expositores, Urtubey escuchó los reclamos de la senadora del peronismo disidente Liliana Negre de Alonso y de los diputados Bullrich y Garrido para contar con "más tiempo" para debatir el contenido de la ley de implementación.

Negre de Alonso cuestionó el "apresuramiento" del oficialismo por sacar dictamen y destacó que no se había escuchado "a nadie de la administración", lo cual estimó central para resolver la reorganización del Poder Judicial.

Urtubey replicó que "fueron cuatro semanas" de consultas, que incluyeron a la titular del Ministerio Público Fiscal, Alejandra Gils Carbó, y de la Defensa, Stella Maris Martínez, y recordó que "se convocaron a todos los [especialistas] propuestos" que significó un total "de 10 horas de informes".

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