El kirchnerismo escala la pelea con la Corte Suprema y ahora impulsa su ampliación

Cuando todavía no se aplaca la disputa política por el Consejo de la Magistratura, el kirchnerismo decidió iniciar la semana próxima en el Senado el debate sobre la ampliación de la Corte Suprema de Justicia, lo que promete enervar más aún el enfrentamiento entre Cristina Kirchner y el máximo tribunal. La iniciativa tiene amplias chances de ser aprobada en la Cámara alta, porque requiere solamente de la formación de una mayoría simple.

Una fuente parlamentaria oficialista precisó que el tema comenzará a discutirse el miércoles de la semana próxima en la Comisión de Asuntos Constitucionales, en la que el oficialismo tiene cómoda mayoría para imponer su criterio. El debate se realizaría en base a un proyecto del puntano Adolfo Rodríguez Saá, que eleva a nueve los miembros de la Corte Suprema.

Desde 2006, el tribunal está compuesto por cinco integrantes, aunque una plaza está vacante desde el retiro de la jueza Elena Highton de Nolasco. Fue, precisamente, Cristina Kirchner quien impulsó la reducción de la Corte a cinco magistrados cuando era senadora y primera dama, dando marcha atrás con la ampliación a 9 miembros que se había votado durante el gobierno de Carlos Menem.

Además del proyecto de Rodríguez Saá, también tiene estado parlamentario una iniciativa presentada por la peronista disidente Clara Vega (La Rioja). Pero este texto no modifica la conformación del tribunal, sino que regula el cupo femenino, al establecer que ningún sexo podrá tener más de tres integrantes. De acuerdo con lo que pudo saber este medio, otro senador que no integra el interbloque oficialista tiene previsto presentar también un proyecto de ampliación del tribunal.

Las fuentes consultadas no precisaron cuáles serán los tiempos del tratamiento, pero adelantaron que se espera la participación de juristas y constitucionalistas como parte del debate que arrancará la semana próxima.

La ampliación de la Corte estuvo en el centro de la escena política durante 2020, cuando el Gobierno creó la denominada Comisión Beraldi con el objetivo de generar propuestas para mejorar el funcionamiento de la Justicia.

Sin embargo, el grupo de once especialistas no se manifestó sobre el máximo tribunal. En ese momento, la mira de Cristina Kirchner estaba puesta en el Ministerio Público Fiscal y en la necesidad de relajar las mayorías legislativas necesarias para nombrar un procurador general sin tener que consensuar su nombre con la oposición.

El panorama cambió en diciembre último, cuando la Corte Suprema declaró la inconstitucionalidad de la ley de 2006, también redactada por Cristina Kirchner durante su mandato como senadora, que redujo de 20 a 13 los miembros del Consejo de la Magistratura.

La tensión política escaló durante el último mes. Tras amagar con desobedecer el fallo del tribunal, la vicepresidenta terminó urdiendo una maniobra -dividió en dos el bloque oficialista del Senado para quedarse con una banca que reclamaba la oposición-, que le permitió firmar la designación de Martín Doñate (Río Negro), dirigente de La Cámpora.

Proceso a la “mayoría automática”

Lo llamativo del caso es que había sido la propia Cristina Kirchner la autora intelectual de la reducción de la Corte. Lo hizo en 2006 mediante una ley que estableció que no deberían cubrirse las vacantes que se produjeran hasta que el número de jueces, que el menemismo había ampliado a nueve en 1990, quedara reducido a cinco. Fue el corolario de la jugada que unos años antes había iniciado Néstor Kirchner, quien le pidió al peronismo que acusara en juicio político a los miembros del tribunal acusados de formar “la mayoría automática menemista”.

Así fue como, en 2003, la Cámara de Diputados inició el proceso contra Julio Nazareno, quien terminó renunciando antes de que se pronunciara el Senado. Lo siguió Eduardo Moliné O’Connor, quien prometió que no iba renunciar y que enfrentaría el proceso. Así lo hizo y en diciembre de 2003 terminó destituido por el Senado y convertido en el primer juez de la Corte en perder su cargo en juicio político. El mismo camino recorrió Antonio Boggiano, quien fue destituido en 2005. La depuración se completó con las renuncias de Adolfo Vázquez y Guillermo López.

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