El juicio contra De Vido por las denuncias de los sobornos de la constructora Odebrecht ya tiene fecha de inicio
Arrancará el 7 de abril del año próximo; también están acusados exejecutivos de la empresa constructora brasileña y exdirectivos de AySA
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LA NACION
La justicia finalmente estableció que el 7 de abril comience el juicio oral y público por el supuesto pago de sobornos de la empresa brasileña Odebrecht para la construcción de dos plantas potablilizadoras de AySA a exfuncionarios del ministerio de Planificación. Serán juzgados el exministro Julio de Vido, su exmano derecha Roberto Baratta, exejecutivos de la firma constructora y de la empresa de agua potable en el primer caso del escándalo mundial conocido como el Lava Jato que llega a juicio en Argentina.
El juicio estará a cargo de los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli, que fijaron fecha en abril del año que viene. Se trata de los mismos magistrados que tienen a su cargo el caso de los Cuadernos de las coimas y que fueron denunciados por “retardo de justicia” por la fiscal Fabiana León, que también está a cargo de la acusación en este proceso.
Los magistrados decidieron que el juicio se realice por zoom. Y admitieron que declaren en el proceso 290 testigos y que se produzcan medidas de instrucción suplementaria.
Los acusados son los exfuncionarios De Vido, Roberto Baratta, José López, condenado por esconder bolsos con 8 millones de dólares en un convento, Jorge Ernesto “El Corcho” Rodriguez, y los empresarios Aldo Benito Roggio y Carlos Enrique Guillermo Wagner.
También serán juzgados Raúl Edgardo Batallán, Carlos Humberto Ben, Tito Biagini, Oscar Raúl Biancuzzo, Eduardo Miguel Blomberg, Miguel Fabián Cabanne, Pedro Antonio Casiraghi, Antonio Ernesto Caucino, Lucas Patricio Cesa, Sergio Gabriel Chividini, Gustavo Fioracio Dalla Tea, Carlos Luis Dentone Loinaz, Carlos Alberto Di Somma, Carlos María Donnoli, Osvaldo Roberto Gandini, Jaime José Juraszek Junior, José Francisco López, Conrado Alejandro Martín, Martín Molinolo Menafra, Diego Luis Pugliesso, y Roberto Fabián Rodríguez.
En esta causa, que elevó a juicio el fallecido fiscal federal Federico Delgado y que investigó el juez federal Sebastian Casanello, se investiga el presunto pago de sobornos multimillonarios en el proyecto para construir una planta potabilizadora de agua para AYSA en Paraná de las Palmas, con el exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, como el principal acusado.
Delgado consideró probado que De Vido y otros veinticinco acusados habrían participado en una operatoria ilícita destinada a adjudicarle ese proyecto al consorcio liderado por la constructora brasileña Odebrecht a cambio de coimas que circularon a través de sociedades offshore y paraísos fiscales, con el lobista Jorge “Corcho” Rodríguez como uno de los supuestos intermediarios.
La investigación sobre AySA se convirtió así en el primer expediente vinculado al capítulo argentino del Lava Jato que, de no mediar contratiempos, llegaría a la instancia de juicio oral por una acusación formal por presuntas coimas, dado que el juez federal Daniel Rafecas ya elevó a la instancia oral otra pesquisa — centrada en los gasoductos que construyó Odebrecht-, pero no por coimas.
Hasta ahora, transcurridos siete años desde que Odebrech confesó el pago de sobornos en diversos países, en Argentina no hay ninguna condena. Los tribunales federales de Comodoro Py aún no lograron acceder a las evidencias que los fiscales del “Lava Jato” acumulan en Curitiba sobre los delitos que cometieron Odebrecht y sus consorcistas en la Argentina.
Según reconstruyó LA NACION, ese material incluye las confesiones de varios “delatores premiados” brasileños y documentación en la que se detalla quiénes intermediaron en los sobornos — y señalaron por sus nombres a Wagner y al “Corcho” Rodríguez —, y quiénes habrían recibido las coimas, entre los que identificaron a Baratta y al ex secretario de Transporte Ricardo Jaime, entre otros.
El material del “Lava Jato” disponible sobre la Argentina, también incluye precisiones sobre la forma en que se pagaron esos sobornos a través de cuentas bancarias en Uruguay, Panamá y el Principado de Andorra, entre otras escalas, además de la entrega de dinero en efectivo en la ciudad de Buenos Aires.
Hasta el momento, Odebrecht reconoció ante la Justicia brasileña y en Estados Unidos que pagó sobornos en Brasil y una docena de países cuyas autoridades solicitaron acceso al material acumulado en Curitiba. Hasta el momento, solo la Argentina, Venezuela y Angola permanecen sin acceder a las evidencias.
Delgado acusó a De Vido, López, Baratta, Carlos Ben y Raúl Biancuzzo por el presunto cobro del soborno “pagado por los empresarios por la contraprestación de la adjudicación irregular de la obra pública y la concesión de ventajas indebidas”, mientras que acusó como intermediarios a Wagner y al “Corcho” López, con la asistencia de tres colaboradores, dos uruguayos — Martín Molinolo y Carlos Dentone- y de un argentino, Osvaldo Gandini.
El fiscal también acusó al propio Wagner, y a Roggio y a Biagini de pagar “su parte proporcional de la contraprestación ilegal”, junto con once supuestos partícipes: Eduardo Blomberg, Conrado Martín, Pedro Casiraghi, Lucas Cesa, Diego Pugliesso, Roberto Fabián Rodríguez, Gustavo Dalla Tea, Miguel Cabanne, Raúl Batallán, Sergio Chividini y Jaime Juraszek Junior.
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