El juicio a la Corte hace peligrar el blanqueo y las leyes económicas que Massa enviará al Congreso

El ministro Sergio Massa afronta una grave restricción política para definir el temario que el ala económica del Gobierno enviará al Congreso para su tratamiento en el período de sesiones extraordinarias. La decisión del presidente Alberto Fernández de avanzar con el juicio político a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia no solo bloqueará cualquier entendimiento con la oposición mayoritaria nucleada en Juntos por el Cambio (JxC), sino que también complicará el acercamiento con otros bloques legislativos a los que el oficialismo suele apelar para sancionar iniciativas que le interesan particularmente al jefe del Palacio de Hacienda.

De hecho, según pudo saber LA NACION, ya había preacuerdos entre Massa y figuras relevantes de la oposición -incluidos los referentes de JxC, pero también de otros bloques- para avanzar con leyes de fomento a la agroindustria, la exportación de gas natural licuado y un monotributo para el sector tecnológico durante las sesiones extraordinarias, que esta semana convocará el Presidente. Menos consenso tenía el blanqueo de capitales que el equipo económico ofrecerá como una puerta de entrada al país para los dólares que personas y empresas argentinas tienen depositados -sin declararlos- en los Estados Unidos.

Pero aún así, esa iniciativa no iba a ser bloqueada en la Cámara baja, hasta que el clima político se enturbió por la avanzada presidencial contra la Corte. Como si fuera poco, también Massa debe definir cómo instrumentar un mecanismo que le permita al Tesoro nacional recaudar los fondos necesarios para afrontar la deuda con la ciudad de Buenos Aires que deviene del fallo de la Corte que, paradójicamente, es una de las causales del juicio político contra los supremos Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda, incluida en el pedido que Fernández y diez gobernadores oficialistas enviaron al Congreso.

“Estamos terminando la propuesta”, deslizó una fuente cercana a Massa, que explicó el Palacio de Hacienda le pedirá al Congreso que sancione una ley para gravar el consumo con tarjetas de crédito, las operaciones de los bancos con Leliqs y también el juego on line, que tiene terminales políticas tanto en la Ciudad como en la provincia de Buenos Aires. El ministro de Economía ya dio cuenta de su creatividad técnica cuando convenció al Presidente de revisar el desacato liso y llano por presión de los gobernadores del PJ y habilitar el pago con bonos, como se había hecho con una deuda que la Nación mantenía con la provincia de Santa Fe.

La jugada política que planea Massa apunta directo contra su “amigo” Larreta: el texto de la iniciativa que termina de pulir Economía señala que la ley “solo entrará en vigencia con la anulación del impuesto a las tarjetas y los bancos por parte de la Ciudad”. Eso requiere que la Legislatura porteña derogue ambos gravámenes que sancionó el 10 de diciembre de 2020, en plena pandemia, para cubrir el recorte de los fondos coparticipables, estimado para ese año en $15.000 millones, en $83.000 millones para 2021 y $150.000 millones en 2022. Algo que en vísperas de la Navidad estuvo a punto de concretar, en una sesión que resultó fallida.

Claro que Larreta había hecho entonces su propia jugada política: la derogación de los impuestos porteños recién se implementaría cuando entrara en vigencia el fallo de la Corte. Esto es, cuando el gobierno nacional empezara a pagar la coparticipación adaptada al fallo firmado por los cuatro jueces supremos. Ahora Massa pergeña una réplica calcada, que pondrá al jefe de gobierno en la necesidad de apurar la baja de los gravámenes en la Ciudad, al tiempo que dirá que el impuesto nacional a las tarjetas de crédito será de “casi 4% menor” al porteño y que por las operaciones con Leliqs se pagarán solo “un tercio” de lo que cobra la Ciudad.

La rosca en el Congreso

Más allá de lo que suceda con el proyecto para recaudar los fondos destinados a la ciudad de Buenos Aires, con el que el oficialismo pretende entrampar a un JxC renuente a votar subas de impuestos, Massa y su equipo están especialmente interesados en la aprobación del blanqueo del que aguardan una importante recaudación en dólares producto del intercambio de información fiscal que entró en vigencia con Estados Unidos. Dicho de otro modo: del rastreo de cuentas que personas y empresas argentinas tienen depositadas en “guaridas fiscales” norteamericanas, como los especialistas denominan a Delaware desde 2018.

En la iniciativa, Massa y sus colaboradores -entre ellos el titular de la Aduana, Guillermo Michel- incluyeron un apartado que es prácticamente un mensaje político al expresidente Mauricio Macri. Es el que excluye de la posibilidad de ingresar al blanqueo a funcionarios y a sus familiares directos, algo que se había intentado durante la administración de Cambiemos (2015-19) y que el propio Massa bloqueó en el Congreso, cuando todavía era un diputado que dialogaba con Macri. Como vuelto, es un hecho que ahora tendrá a la bancada de Pro en la vereda de enfrente. El juicio a la Corte sumó otro elemento de rechazo en esa fuerza opositora.

En medio del clima de agitación política que provoca la embestida contra la Corte, difícilmente Massa pueda obtener el apoyo de un sector del radicalismo, como el referenciado en los gobernadores Gerardo Morales (Jujuy) y Gustavo Valdés (Corrientes), cuyos diputados votaron en otras ocasiones en línea con el ministro de Economía, como en el caso del Presupuesto 2023. Pero en el Palacio de Hacienda apuestan a otros posibles aliados, especialmente los agrupados en los partidos provinciales. Hay ejemplos que vienen al caso: los “renovadores” de Misiones, los rionegrinos de Alberto Weretilneck y los neuquinos del histórico MPN.

Sin embargo, el posicionamiento de los diputados de ese grupo que responde a los partidos provinciales ofrece un muestra de las limitaciones que tendrá Massa para avanzar con su paquete económico en las sesiones extraordinarias: no necesariamente le permitirán al Frente de Todos alcanzar el quorum necesario para sesionar, establecido en 129 diputados presentes, lo que robustecería la estrategia de JxC de bloquear el funcionamiento de la Cámara baja mientras se sustancie el juicio a la Corte. Esto, pese a la voluntad de diputados como el rionegrino Luis Di Giacomo de acompañar el paquete económico de Massa.

La otra cara de la moneda que exhibe el oficialismo, donde resalta el juicio político a la Corte, retrae a estos posibles aliados que tiene Massa en el Congreso. El propio Di Giacomo anunció que votará en contra de enjuiciar a los supremos, una vez que el proceso llegue al recinto de la Cámara baja. En la misma línea se pronunciarán los peronistas no kirchneristas de Identidad Bonaerense, entre ellos Florencio Randazzo, Graciela Camaño y Alejandro “Topo” Rodríguez, este último vinculado a Roberto Lavagna. Tampoco Natalia De la Sota, de Córdoba Federal, dará su aval a la avanzada contra la cabeza del Poder Judicial.

De la Sota es aliada del gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, pero a la vez puede ser un puente con el tigrense en el esquivo territorio mediterráneo. “Nada bueno sale de las peleas, nos sentamos a la mesa con todos”, dijo Massa a modo de señal de buena voluntad en un reciente paso por Villa María. En los planes del jefe del Palacio de Hacienda también figura que vuelvan al redil los gobernadores espantados por el juicio a la Corte, como Omar Perotti, Gustavo Bordet, Sergio Uñac, Mariano Arcioni y Gustavo Sáenz. Los diputados de Santa Fe, Entre Ríos, San Juan, Chubut y Salta son importantes para formar mayorías en el Congreso.

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