El juicio a Julio De Vido y Ricardo Jaime desnudó un problema serio en los tribunales orales federales
De los 8 que hay en jurisdicción de la Ciudad, la mitad tiene cargos vacantes; uno de ellos está desintegrado por completo; es el que juzga a los exfuncionarios por la compra de trenes chatarra
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El Tribunal Federal Oral 6, que en septiembre de 2021 condenó a la exsecretaria de Medio Ambiente Romina Picolotti, está totalmente desintegrado. Los tres cargos están vacantes y son ocupados de manera temporal por jueces suplentes, sorteados a veces para una causa en particular, otras por un período de uno a dos años.
Este tribunal fue protagonista de una situación escandalosa el lunes, cuando uno de los jueces suplentes anunció que se retiraba del proceso contra Julio de Vido y Ricardo Jaime, por la compra de trenes chatarra a España y Portugal. El magistrado, José Martínez Sobrino, alegó que como había cumplido 75 años debía dejar su lugar en manos de otro suplente, Ricardo Basílico. Los acusados pidieron la nulidad de todo el juicio.
La ciudad de Buenos Aires, que tiene bajo su jurisdicción los casos de corrupción más resonantes, tiene 8 tribunales federales. Cada uno está integrado por tres magistrados. De los 24 cargos disponibles, 7 están vacantes. Esto afecta, en rigor, a todos los tribunales, porque las suplencias las hacen sus pares, que a su vez están con otros juicios.
El TOF 6 no es el único con problemas, claro. El 2 tiene una vacante, la que dejó Jorge Tasara, que falleció en marzo de 2019. El TOF 4 tiene dos de sus tres sillas vacantes. Se produjeron con la salida abrupta de Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi por iniciativa del oficialismo, que impugnó su llegada desde la Cámara Federal durante el gobierno de Mauricio Macri
En el Tribunal Federal 5 hay una vacante desde 2017, cuando renunció, a punto de ser enjuiciado políticamente, el juez Oscar Hergott.
El tema de las vacantes fue abordado este martes en una reunión que mantuvieron el presidente de la Cámara Federal de Casación, Alejandro Slokar, con los titulares del Consejo de la Magistratura, Diego Molea y su vice, Alejandro Lugones.
El Consejo de la Magistratura es el órgano que se encarga de la selección y la destitución de los jueces. En el proceso de nombramiento es, en rigor, un eslabón de la cadena. También participa el Poder Ejecutivo y el Legislativo. El problema es que en la Magistratura no hay consensos para avanzar con las ternas (tienen que ser consensuadas por oficialismo, oposición y representantes de abogados y jueces) y el organismo está al borde de la parálisis por otro frente abierto con la Corte Suprema, que intimó al Parlamento a aprobar una nueva ley que equilibre poderes antes de abril o, en su defecto, a volver a la conformación anterior. Actualmente tiene 13 miembros, y para aprobar ternas se necesita una mayoría especial de 9. Si vuelve a la anterior tendrá 20, uno de ellos, el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, que quedará al mando si eso ocurre.
Por lo pronto, deberían votarse los nuevos consejeros por siete meses. Y eso abre otro conflicto, uno de ellos entre los abogados, que no se ponen de acuerdo. A esas luchas internas se agrega la política, entre Juntos por el Cambio y el Frente de Todos, que también tienen disputas hacia adentro.
Pero los tribunales orales federales porteños no son los únicos con problemas. Hay graves dificultades en los tribunales orales de San Martín, La Plata y Santa Fe, este último, aquejado por el narcotráfico. Las ternas fueron elevadas y están a disposición del Senado, pero la interna peronista hace que queden obstaculizadas.
Una de las consejeras que trabajó mucho en el tema dijo a este medio que las internas entre el kirchnerismo y el macrismo están generando un estancamiento en el funcionamiento. Y coincidió, con otro de los miembros, en que el fallo de la Corte, que instó a una nueva conformación, tiene de fondo la disputa entre el oficialismo y el máximo tribunal, que podría sumar un nuevo poder en la selección y destitución de magistrados.
En La Plata, de los seis jueces (para dos tribunales) solo dos están ocupados de manera firme. Los cuatro restantes están vacantes. Y hay un tercer tribunal oral creado que nunca se puso en funcionamiento. La reforma que pide la Corte, la pelea política y las rencillas entre abogados parecen encaminar la situación a una parálisis. “No descarto que lleguemos al 15 de abril sin ley ni consejeros”, confió a LA NACION uno de los integrantes del organismo. Y agregó: “El oficialismo está interesado en cubrir algunos de los cargos, sobre todo los que le interesan de Comodoro Py, y otros no”.
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