El juez Sebastián Casanello se negó a aceptar como querellante al Ministerio de Seguridad en la causa por presunta extorsión con los planes sociales
El magistrado sostuvo que el rol que pretende asumir la cartera de Patricia Bullrich no puede coexistir con el que ya tiene en la causa, de auxiliar de la fiscalía a través de las fuerzas de seguridad
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LA NACIONPaz Rodríguez Niell
El juez federal Sebastián Casanello rechazó hoy el pedido del Ministerio de Seguridad, que depende de Patricia Bullrich, para ser admitido como parte querellante en la causa que investiga una presunta extorsión a beneficiarios del plan Potencial Trabajo.
Casanello sostuvo que el ministerio, como auxiliar del fiscal, ocupa en la investigación “un lugar sumamente importante pero incompatible con el rol de litigante pretendido”. Y afirmó: “No es parte: es, por ley y diseño institucional, el brazo ejecutor de las órdenes de los jueces y fiscales”. Del ministerio que dirige Bullrich dependen las fuerzas de seguridad federales. En esta causa, la Policía Federal Argentina llevó adelante los allanamientos, interceptó comunicaciones de los imputados y está analizando los teléfonos secuestrados, entre otras medidas.
La figura del querellante -o “particular damnificado”- está pensada para darle a la víctima la posibilidad de impulsar la investigación penal en paralelo con el fiscal, acceder a las actuaciones, pedir medidas de prueba y apelar decisiones.
“Como demuestra este expediente -escribió Casanello-, las fuerzas dependientes del Ministerio actúan aquí colaborando con el proceso y su noble fin de Justicia (no son sujetos externos).”
El juez recordó que además de haber hecho “tareas investigativas ordenadas por la fiscalía y el juzgado”, la Policía todavía está cumpliendo medidas que se le encomendaron. “Incluso, el Programa de Protección de Testigos, activado por decisión de este juzgado, depende de ese Ministerio de Seguridad”, recordó Casanello en su fallo. El juez pidió que fueran incluidos en ese programa los siete testigos que declararon en la causa; cinco de ellos aportaron elementos que la fiscalía consideró esenciales para la investigación. Ellos ratificaron denuncias anónimas de extorsión y amenazas que habían hecho a la línea 134 y aportaron nuevos elementos de prueba, como chats de grupos de WhatsApp administrados por quienes controlaban el reparto de planes y el acceso a los comedores comunitarios.
Según el juez, las tareas “de singular seriedad y valía” que realiza el ministerio en la causa “no podrían ser realizadas por alguien que asuma interés de parte”.
Además de “brazo ejecutor” de las decisiones del juez y el fiscal, el Ministerio de Seguridad fue denunciante en este expediente. Hizo la presentación que dio origen a la causa -según informó- después de analizar 13.310 llamadas recibidas a través de la Línea 134, de las que consideró verosímiles 924. De ese total, 45 corresponden a hechos que habrían sucedido en la Capital Federal. De esos 45 denunciantes, siete son los que fueron identificados y accedieron a declarar en este expediente, que instruyen el fiscal Gerardo Pollicita y el juez Casanello.
Nuevos documentos
El juzgado analiza desde ayer la documentación reunida durante los allanamientos llevados a cabo durante la última semana y del primer análisis de las cajas recibidas surge que en uno de los comedores allanados se encontraron listados de control de presentismo y un cuaderno anillado que en su lomo dice “sanciones”.
Según fuentes con acceso a la causa, ese mismo libro tiene anotaciones que parecen dar cuenta del cumplimiento de determinadas exigencias; posiblemente, para levantar las sanciones, estiman.
Estos documentos se secuestraron en la sede del Polo Obrero del barrio Rivadavia I, uno de los comedores denunciados en los que, según la hipótesis del fiscal, se les exigía a los beneficiarios de los planes sociales y a los que pretendían asistir al comedor que fueran a las movilizaciones de la agrupación y pagaran un porcentaje de lo que cobraban del plan o un monto determinado de dinero para el mantenimiento del comedor.
No está claro todavía a qué obedecen las “sanciones” -advirtieron fuentes de la investigación-; si están relacionadas con la contraprestación que deben cumplir los beneficiarios de los planes según las reglas del plan Potenciar Trabajo o son exigencias adicionales, tales como asistir a marchas o pagar dinero no previsto en legislación alguna por acceder a alimentos que el Estado provee de forma gratuita a las organizaciones. En el libro anillado que dice “sanciones” hay columnas y anotaciones manuscritas (entre ellas, “No come”), informó una fuente que interviene en la causa.
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