El juez Sebastián Casanello ordenó un operativo para buscar pruebas en una dependencia del ministerio de Sandra Pettovello
El magistrado dispuso que la Policía Federal se lleve el “back up” de una computadora y documentos para investigar el caso de la omisión en la entrega de comida de parte del Gobierno
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En el marco de la causa por la presunta omisión de entrega de alimentos almacenados por el Gobierno, el juez federal Sebastián Casanello ordenó un operativo en un edificio del Ministerio de Capital Humano, que dirige Sandra Pettovello, en busca de información relativa a los movimientos de la mercadería.
El juez le ordenó al ministerio que entregara, de modo “inmediato”, el “back up” de la computadora del director de Logística del ministerio -quien centralizaría la información que busca el juzgado-, todas las órdenes de entrega de alimentos desde el 27 de mayo, los partes diarios de los dos depósitos bajo investigación con las salidas y entradas junto el stock de alimentos, y el estado y vencimiento de los productos. Según lo denunciado, la comida debió haber sido repartida a comedores sociales, pero el Gobierno la retuvo ilegalmente.
Casanello dictó una “orden de presentación con allanamiento en subsidio”. Es decir, contempló la posibilidad de que el Gobierno no entregara lo requerido y fuera necesario usar la fuerza pública. Fuentes del caso dijeron que hubo “colaboración” y que el allanamiento no fue necesario.
El operativo se realizó en la sede de la Dirección Logística del Ministerio de Capital Humano, en Avenida de Mayo 869.
El juez escribió en su resolución, destinada al jefe del Departamento Unidad Investigativa Contra la Corrupción de la Policía Federal: “Ante la eventualidad que no se dé cumplimiento a ella [por la orden de entrega de los elementos], se lo autoriza de manera subsidiaria a proceder en ese mismo momento al allanamiento de la mencionada entidad con el objeto de proceder al secuestro de la documentación antes detallada. En ese caso, deberá procederse de acuerdo a las disposiciones previstas en el artículo 224 y siguientes del Código Procesal Penal de la Nación, y se podrá hacer uso de la fuerza pública de así necesitarse”.
En esta causa se investiga una freno en la entrega de alimentos que estaban destinados a comedores sociales. Puntualmente, se busca determinar si existieron ilegalidades en el manejo de la comida acopiada en un depósito de Villa Martelli, en el Gran Buenos Aires, y otro de Tucumán. Según fuentes vinculadas a Pettovello, “en realidad no es que no se estaban distribuyendo, sino que se resolvió no tercerizar su distribución a través de las organizaciones sociales, que son justamente las que hicieron la denuncia”.
Según informó Capital Humano “la cantidad de kilos que se encontraban disponibles para el convenio por escuelas vulnerables es un total de 2.583.221 kilos. La cantidad entregada a la fecha es un total de 2.230.573 kilos. Esta cifra equivale al 86% del total de alimentos del convenio de escuelas vulnerables, quedando un pendiente de entrega del 14%”.
En el inicio de la investigación, Casanello intimó incluso al Ministerio de Capital Humano a que le presentara “un plan de distribución” de los alimentos que pudiera ser ejecutado de manera “inmediata”. El operativo de hoy obedeció a la necesidad de los investigadores de hacerse información que el Gobierno no estaba entregando integralmente. Esta postura es rechazada en el ministerio, donde consideran que “hay una motivación de hostigamiento político, porque la Justicia quiere intervenir en la gestión que nos corresponde a nosotros”.
“Desde el inicio de esta administración, ha habido una clara disposición a transparentar y comunicar el trabajo que se viene realizando para que las familias vulnerables aumenten su poder de compra, poniendo como prioridad que las personas reciban asistencia con transferencias directas y terminando con la intermediación de las políticas sociales”, señaló Capital Humano en un comunicado, para después agregar que se “está cumpliendo en tiempo y forma con el plan de distribución de alimentos”.
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