El juez Martín Bava procesó a Mauricio Macri por presunto espionaje ilegal contra los familiares de los tripulantes del ARA San Juan
El magistrado le prohibió salir del país y lo embargó en 100 millones de pesos; la defensa del expresidente había cuestionado a Bava por “parcial”, pero la Cámara Federal de Mar del Plata lo confirmó al frente de la causa
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LA NACIONPaz Rodríguez Niell
El juez federal de Dolores Martín Bava procesó hoy al expresidente Mauricio Macri como responsable de presuntos hechos de espionaje ilegal contra familiares de las víctimas del ARA San Juan. Lo embargó en cien millones de pesos y le prohibió salir del país.
En estos momentos, Macri está en Chile. El juez dijo que la veda de los viajes al exterior empezará a regir “a partir de su reingreso a la República Argentina”. La prohibición, no obstante, no es total porque Bava contempló en su fallo la posibilidad de autorizarlo a viajar ante pedidos concretos.
Según el juez, está demostrado que la AFI macrista hizo seguimientos ilegales contra familiares de los tripulantes del ARA San Juan y que Macri fue quien los ordenó. Por eso, lo procesó como “responsable del delito de realización de acciones de inteligencia prohibidas en carácter de autor” en “concurso ideal con el delito de abuso de autoridad de funcionario público”.
Bava afirmó que “se encuentra acreditado” que “por lo menos entre diciembre de 2017 y diciembre de 2018″ Macri, como presidente, “posibilitó la realización de las tareas ilegales”, “almacenó parte de ese producido” y “utilizó esa información de inteligencia ilegal” realizada por la AFI de Mar del Plata para conocer de antemano los reclamos que iba a recibir de los familiares de las víctimas del hundimiento del submarino.
Además de prohibirle salir del país y embargarlo, Bava dispuso que Macri no podrá “ausentarse de su lugar habitual de residencia por un término mayor a los diez días sin previo aviso al tribunal”. El expresidente tendrá que informarle a Bava, asimismo, cualquier cambio de domicilio.
El juez, acusado de “parcial” por Macri, tomó esta decisión dos semanas después de haber sido ratificado al frente de la causa por la Cámara Federal de Mar del Plata, el mismo tribunal que ahora deberá revisar este procesamiento.
Las pruebas, según Bava
La argumentación de Bava tiene dos ejes centrales: sostiene que las tareas de los agentes de la AFI sobre los familiares de las víctimas del ARA San Juan fueron ilegales y afirma que Macri fue el responsable de ese espionaje ilegal. Que lo ordenó y sacó provecho de él.
El juez no cuenta con ningún documento ni testimonio directo que pruebe que Macri dio la orden de hacer inteligencia, pero sostiene que solo él pudo haber dispuesto semejante cosa.
Bava afirmó que “en los documentos que obran en la causa se observa a la Agencia Federal de Inteligencia informando, en muchos casos en tiempo real, los acontecimientos vinculados a los familiares de los tripulantes del submarino”, y que el objetivo de estos seguimientos “no era la seguridad presidencial” sino “proteger la imagen” de Macri. La ley solo permite que la AFI actúe cuando esté en juego la defensa nacional o la seguridad interior.
El juez esgrime como prueba de que no es cierto que los agentes buscaran custodiar a Macri el hecho de que hay documentos de inteligencia producidos cuando él ya se había ido de Mar del Plata o “con demasiada antelación” a su viaje.
“Se produjo un seguimiento constante y sostenido en el tiempo de todos los reclamos efectuados por las víctimas durante los doce meses que componen el período analizado”, afirmó Bava.
El juez citó en su fallo el caso de la mujer y la hermana de dos tripulantes que se presentaron en el club donde estaba Macri jugando al golf para entregarle un petitorio. La AFI les tomó fotos e hizo un informe sobre sus redes sociales que -según el juez- nada podría tener que ver con una cuestión de seguridad porque se hizo cuando Macri ya se había retirado del lugar.
“En este caso -dijo Bava- puede verse claramente cómo los legítimos reclamos de justicia que encabezaban los familiares de los 44 tripulantes del ARA San Juan eran vistos por el gobierno nacional como una variable de conflicto hacia la gestión gubernamental.”
En cuanto a la responsabilidad penal de Macri, Bava sostiene que otra prueba en su contra es que el jefe de la delegación Mar del Plata dijo que “pasaba inmediatamente la información producida a la superioridad”.
Además, el juez citó dos documentos en los que la AFI le “adelantó” al entonces presidente cuáles iban a ser los reclamos que iba a recibir de los familiares de los tripulantes en la reunión que iban a mantener. Según Bava, de estos documentos “surge con claridad la infiltración de los agentes de la AFI en el núcleo de los familiares de los 44 tripulantes”.
El juez reconoce en su fallo que lo que estaba en el informe de inteligencia coincide con lo que el entonces ministro de Defensa, Oscar Aguad, declaró que ya le había informado al Presidente que pedirían los familiares (Aguad se había reunido antes con ellos), pero Bava dice que “ello no exime de responsabilidad alguna ni a los agentes de inteligencia que elaboraron el documento, ni al imputado que solicitó su realización con el objetivo de utilizar esa información en la mencionada reunión”.
¿Cómo sostiene el juez que fue Macri quien dio la orden? Bava dice: “Es imposible pensar que los agentes de la AFI hayan realizado este documento sin un requerimiento puntual para hacerlo. Ese requerimiento tuvo que ser motivado en un interés y el destinatario final de ese interés surge de la propia redacción del documento oficial, que en su encabezado reza: ‘Pedidos y reclamos al Sr. Presidente de la Nación, Ing. ‘Mauricio Macri’ por familiares de tripulantes del submarino ARA San Juan”.
El juez destacó, entre las pruebas que citó, que Aguad dijo que a Macri le preocupaban mucho los reclamos de los familiares de las víctimas. También, que el expresidente se reunía asiduamente con su jefe de la AFI, Gustavo Arribas, en la época en que se cometieron estos hechos.
Bava sostuvo además que Aguad tuvo la sospecha de que los familiares de los tripulantes tenían los teléfonos pinchados -a tal punto que lo denunció penalmente en una causa que no prosperó- y, pese a eso, el Gobierno no hizo nada para controlar que efectivamente no fueran víctimas de espionaje.
“Debo reafirmar y dejar bien en claro que la responsabilidad por todos los hechos descriptos supera a la conducción de los procesados Gustavo Arribas y Silvia Majdalani [exnúmeros uno y dos de la AFI]. Trazar esta burda línea de responsabilidad es infantil”, dijo Bava. Según él, “solo una persona” pudo ordenar este espionaje y hacer que “toda una estructura de la administración pública” hiciera “caso omiso de la ley”. Y esa persona es Macri.
La defensa del expresidente apelará este fallo. Cuestionará tanto el procesamiento como el monto del embargo.
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