El juez Lijo ordenó un exhorto a Suiza por transferencias de US$190.000 de la FIFA a Claudio “Chiqui” Tapia

El juez federal Ariel Lijo ordenó una batería de medidas para reconstruir el patrimonio de Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Las medidas incluyen un exhorto a Suiza para que la FIFA explique por qué le giró casi 190.000 dólares, un pedido a la AFA para que informe quién autorizó las tarjetas de crédito a su nombre y el levantamiento de los secretos fiscal, bancario y bursátil de su exesposa, Paola Moyano, hija del dirigente camionero Hugo Moyano.

La resolución, firmada este viernes, responde a un pedido del fiscal Gerardo Pollicita en la causa en la que Tapia está investigado por presunto enriquecimiento ilícito.

El juez dejó por escrito que la información servirá para conocer “de una manera más acabada” el patrimonio del dirigente, “cuyo incremento resulta materia de investigación”.

Una de las medidas más llamativas es el exhorto internacional a la Confederación Suiza para que la FIFA, con sede en Zúrich, informe el concepto y la causa de tres transferencias que hizo a favor de Tapia: US$49.585 en diciembre de 2018, US$124.583 en junio de 2019 y US$15.408 en marzo de 2020.

Las dos primeras se acreditaron en una caja de ahorros en dólares del Banco Credicoop y la tercera se liquidó en pesos en otra cuenta del mismo banco. En total suman unos US$189.577.

Lijo también le pidió a la FIFA el detalle de todos los pagos, honorarios, dietas y viáticos que le abonó a Tapia desde 2016, con los cargos o comisiones que los justificaron y las cuentas de destino.

A la AFA, el juez le exigió las actas, resoluciones o normas internas que autorizaron la emisión a nombre de Tapia de tarjetas adicionales Visa y Cabal de cuentas de la asociación, además de tarjetas American Express Corporate. Pidió los límites, la política de uso y las rendiciones de gastos con comprobantes.

Lijo quiere saber, además, si la AFA imputó esos consumos como remuneración, retribución en especie o anticipo a cargo de Tapia.

Y pidió que explique el concepto de cinco transferencias a sus cuentas del Credicoop entre 2020 y 2023 —la mayor, de $1.251.000, en abril de 2023— y cómo se liquidaron los $30 millones en viáticos que Tapia declaró haber cobrado de la entidad.

El juez ordenó que el Sindicato de Choferes de Camiones informe el concepto de 37 depósitos por un total de $1.494.678 que hizo entre enero de 2016 y enero de 2019 en una cuenta sueldo de Tapia en el Banco Provincia.

Pidió su legajo, los cargos que ocupó en el gremio, los recibos de haberes y las fechas de alta y baja. En el sindicato comenzaron a preparar los papeles: su número de afiliado es el 87.304 y figura a sueldo del gremio a pesar de que no presta servicios allí desde hace años, según confirmaron fuentes sindicales a LA NACION.

La resolución levanta los secretos fiscal, bursátil, bancario y el que protege la información de la Unidad de Información Financiera respecto de Paola Moyano, exesposa de Tapia e hija de Hugo Moyano.

A la ARCA le pidió que reconstruya “de manera integral” su situación fiscal y patrimonial: declaraciones juradas de Ganancias y Bienes Personales, bienes en el país y el exterior, deudas y préstamos, facturación, participaciones societarias, alquileres, cuentas en billeteras virtuales y criptoactivos, e información de intercambio internacional sobre cuentas en el exterior.

También deberá informar si tuvo vínculos con contribuyentes de la base APOC, es decir, emisores de facturas apócrifas, y si declaró ingresos o egresos de dinero por la Aduana.

Lijo pidió además que el Banco Central circularice a todas las entidades financieras para detectar cuentas, cajas de seguridad, tarjetas y giros al exterior a nombre de Moyano, y que la Caja de Valores y Coelsa informen sus cuentas comitentes y transferencias.

En otro punto, el juez le pidió a ARCA que informe si Tapia y Moyano adhirieron al régimen de regularización de activos o al régimen especial de Bienes Personales de la ley 27.743, el blanqueo de 2024, y en ese caso qué bienes, monedas y valores declararon y qué pagos hicieron.

Lijo ordenó al Registro de la Propiedad Automotor que informe de qué vehículos Tapia figuró como “autorizado” desde 2016 y que remita los legajos de cuatro autos a su nombre, entre ellos una BMW X4 comprada en junio de 2020.

Pidió al Credicoop y al Banco de Servicios y Transacciones todos los movimientos de dos cuentas comitentes de Tapia, abiertas en 2017 y 2021 y las cuentas desde las que entró y salió el dinero.

Los bancos Nación, Ciudad, Coinag y Galicia tienen 72 horas para informar cualquier producto que Tapia tenga o haya tenido en cualquier carácter.

En las últimas horas, Banco Coinag reiteró que cumplió con la ley de control del lavado y que no tiene vinculación directa con Tapia, más allá de una tarjeta de crédito otorgada a través de Sur Finanzas, y que nunca le dio financiamiento a Sur Finanzas.

El juez le dio 72 horas a la Oficina de Integridad Pública del gobierno porteño para que diga dónde y cómo se guardan las declaraciones juradas de Tapia de 2016 a 2022, con sus anexos reservados, y quién está a cargo de esa documentación.

A la Ceamse le preguntó si aparecieron los registros laborales de Tapia de marzo y diciembre de 2006.

También pidió a los colegios de escribanos porteño y bonaerense que informen si Marisa Galarza ejerce como escribana y qué registro tiene a su cargo.

Lijo pidió certificar el estado de siete expedientes en los que aparece Tapia o la AFA (en los juzgados en lo Penal Económico 2, 5, 7 y 8, en dos juzgados criminales y correccionales y en el juzgado federal de Campana) y que le envíen copias de todo lo vinculado con su patrimonio desde 2016. Varias de esas causas fueron impulsadas por el empresario Guillermo Tofoni.

Por último, el juez reiteró los pedidos de información que había hecho el 16 y 17 de septiembre a la CNV, la UIF, la IGJ, el INAES y el Registro de la Propiedad Inmueble bonaerense, a 16 plataformas de criptoactivos (entre ellas Binance, OKX y Ualá) y a remesadoras como Banco Piano y Western Union local, que todavía no respondieron.

La investigación fue impulsada por el fiscal Pollicita a partir de una denuncia de Tofoni, y quedó en manos de Lijo después de que la Cámara Federal porteña resolviera un conflicto de competencia entre distintos juzgados.

Es el cargo de Tapia en la Ceamse, y no la presidencia de la AFA, lo que permite investigarlo por enriquecimiento ilícito, un delito que solo pueden cometer funcionarios públicos.

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