El juez federal de Rosario Marcelo Bailaque suma denuncias por sus supuestos vínculos con el narco Alvarado

El juez federal de Rosario Marcelo Bailaque, que está siendo sometido a una investigación en el Consejo de la Magistratura de la Nación, enfrenta un nuevo frente judicial, luego de que una diputada de Santa Fe denunciara penalmente al magistrado por sus presuntos lazos con el narco Esteban Alvarado -detenido en la cárcel de Ezeiza-, a través de un contador y su hijo. Un cuestionamiento de esa relación también tuvo impacto dentro del Consejo de la Magistratura, donde la senadora nacional Carolina Losada pidió que en la investigación contra el magistrado se sume este caso.

LA NACION reveló el 11 de junio pasado que por una amistad que el magistrado tiene con el contador de Alvarado, Gabriel Mizzau, que firmó balances de las empresas del narco, el hijo abogado de este profesional entró a trabajar en 2017 al juzgado federal que investigaba en ese momento al narcotraficante más poderoso de Rosario. Incluso, el contador de Alvarado también se ocupaba de llevarle la contabilidad personal al propio juez.

Bailaque está siendo investigado en el Consejo de la Magistratura por haber retrasado supuestamente la investigación contra el narco rosarino Esteban Alvarado. Lo que está bajo cuestionamiento es que el juez rechazó pedidos para intervenir teléfonos de este jefe criminal y su entorno en 2013, algo que tuvo un efecto directo y derivó en que la investigación que realizaba la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) se demorara, y recién fuera procesado nueve años después, en 2019, cuando Alvarado había caído en desgracia y estaba prófugo de la justicia provincial, acusado del homicidio de un prestamista y de manejar una organización que se nutría del tráfico de drogas. El tiempo para un narcotraficante es dinero. En esos nueve años Alvarado acumuló una fortuna incalculable y provocó decenas de crímenes en Rosario. El gobierno local le adjudica a este criminal estar al frente de los ataques “terroristas” que conmocionaron a la ciudad a principios de marzo.

En medio de esa investigación del Consejo de la Magistatura surgió otra historia que lo tiene al juez y Alvarado como protagonistas. El contador Gabriel Mizzau de Bailaque firmó los estados contables correspondientes al 30 de junio de 2016 al 30 de junio de 2017 de la empresa Logística Santino SRL. Según la causa, Mizzau figura además como quien gestionó la habilitación municipal de empresa Sagrado Corazón de María SRL. Estas firmas estaban en manos de testaferros del jefe narco, pero además figuran en la propia causa federal que tramitó el juez. A esto se sumó que Sebastián Mizzau, hijo del contador, trabajaba en el juzgado federal a cargo de Bailaque hasta abril pasado.

Luego de que se publicara esta trama, la legisladora socialista Lionella Cattalini presentó una denuncia penal en la justicia federal contra el magistrado. La diputada quiere que se investigue si Bailaque participó en una red criminal y de corrupción que tendría vínculos con Alvarado. Mizzau, el contador, según este planteo, podría cumplir un rol clave, ya que manejaba los balances de las empresas de Alvarado y, al mismo tiempo, era el contador personal de Bailaque.

Entre los puntos críticos denunciados por Cattalini aparece la contratación sin concurso en el juzgado federal dirigido por Bailaque de Sebastián Mizzau, hijo del contador que compartía con Alvarado. Mizzau (h) ingresó en 2017 y fue ascendido hace poco tiempo al Tribunal Federal Oral N°3 de Rosario.

“Es un escándalo que un juez de la Nación comparta contador con el principal narco de la provincia de Santa Fe y que, además, contrate al hijo de dicho contador para que trabaje en su juzgado”, sostuvo Cattalini.

Anteriormente, el diputado Carlos Del Frade presentó en la Legislatura santafesina un pedido para que la justicia federal de Rosario aporte una explicación “en torno a las relaciones que mantiene desde hace años Bailaque con los contadores Gabriel Mizzau y Sebastián Mizzau, profesionales que también prestaron servicios para el asesino, narcotraficante y lavador de activos, Esteban Alvarado, cabeza visible de una de las mayores bandas narcopoiliciales que actúan en el territorio desde hace quince años”.

En medio de los cuestionamientos al magistrado, Carolina Losada pidió que en el Consejo de la Magistratura también investigue el nombramiento del hijo del contador del narco en el juzgado federal, que está al mando de Bailaque. “Esto constituiría una grave irregularidad que no puede ser soslayada a la hora de evaluar la responsabilidad política” el magistrado, señaló Losada en su presentación.

A la par de estas denuncias, en la investigación en el Consejo de la Magistratura contra el magistrado se produjo un movimiento llamativo. Bailaque nombró un abogado para que lo represente en el proceso que es padre de dos estrechos colaboradores de la diputada nacional Roxana Reyes, la consejera que llevó hasta el miércoles de la semana pasada la acusación. Como consecuencia de este movimiento, la legisladora pidió la excusación en su rol que el organismo que investiga del desempeño de los jueces le aceptó.

Reyes es de Río Gallegos en la provincia de Santa Cruz y pertenece a la UCR. El juez Bailaque, que fue juez de instrucción durante una década en Santa Cruz y conoce las tramas políticas en esa provincia, nombró como su defensor ante el Consejo de la Magistratura al abogado Marcelo Quintero. Este penalista milita en el radicalismo en Santa Cruz, donde es presidente de la Junta Electoral. Quintero es padre del secretario privado de Reyes en la Cámara de Diputados, Juan Manuel Quintero, que acaba de recibirse de abogado y trabaja con Reyes hace cuatro años. A la vez Carolina Romero, madre de una hija del abogado, es colaboradora de Reyes en el Consejo de la Magistratura.

Este miércoles está previsto que declare en el Consejo de la Magistratura Emilio Lencina, el exjefe de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) de Rosario, quien fue el que solicitó las intervenciones telefónicas contra el narco Alvarado, que el juez supuestamente retrasó y favoreció a que el criminal fuera atrapado recién siete años después.

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