El juez Ercolini rechazó el pedido de Alberto Fernández para apartarse del caso de los seguros del Estado

El juez federal Julián Ercolini rechazó el pedido de Alberto Fernández para apartarse de la causa donde lo investiga por la contratación de pólizas de seguro en dependencias estatales con la intervención de brokers que eran sus allegados. Ahora deberá decidir la Cámara Federal si comparte los argumentos del expresidente y acepta la recusación o si, por el contrario, deja al juez al frente del caso.

Fernández había pedido que Ercolini se apartara del caso porque dijo que teme ser juzgado por un juez parcial a quien considera su “enemigo”. En su presentación sostuvo que como expresidente denunció a Ercolini, lo que es causal de recusación. Señaló que se conocían de la Facultad de Derecho de la UBA, pero que luego el expresidente lo criticó públicamente y denunció ante el Consejo de la Magistratura.

Ercolini hizo un informe que elevó a la Cámara Federal donde señala que Alberto Fernández no lo denunció nunca, sino que instruyó a otras personas a hacer esas denuncias. En particular se refiere a la causa iniciada por el viaje que realizó el juez con otros magistrados a Lago Escondido, causa que terminó con la declaración de nulidad de todo lo actuado y el dictado de un sobreseimiento. Está cerrada. Fernández tampoco fue denunciante en el expediente del Consejo de la Magistratura.

Ercolini incluso dijo que no hubo una denuncia y una ratificación de denuncia. Además citó precedentes de la Cámara, donde se rechazaron recusaciones en casos similares. “Lo descripto hasta aquí, resulta incongruente con la existencia de algún tipo de conflicto de carácter personal por parte del suscripto”, advirtió el juez.

Ercolini contó su relación con expresidente. Sostuvo que se conocieron en los años 80 y que compartieron durante unos 20 años la pertenencia a una misma cátedra de derecho penal en la Universidad de Buenos Aires, hasta que Alberto Fernández dejó de ser profesor adjunto regular.

“En todos esos años y algunos posteriores hemos tenido una relación sumamente cordial; aun así, se limitaba a reuniones muy esporádicas, siempre vinculadas a cuestiones de la cátedra o eventos, o encuentros vinculados con lo académico. Nunca tuvimos una relación de amistad íntima, ni de conocimiento familiar, ni de honda cercanía, pero durante años fue de confianza y respeto mutuo”, indicó.

Ercolini explicó que nunca hubo “algún tipo de intromisión por los distintos roles públicos que confluyeron en ambos”. Señaló que antes de asumir Fernández como presidente, “la relación se fue diluyendo” tal vez “por incompatibilidades en las distintas actividades de ambos”, cuando la cátedra del exprocurador Esteban Righi, que luego falleció, ya no existía. “Esa relación sosegada y cordial sin otras raíces que lo circunstancial se fue apagando en unos meses”, precisó el juez. Por eso dijo que no tenía cercanía con Fernández, ni tampoco enemistad manifiesta.

Asimismo, argumentó que no puede haber temor de parcialidad, ya que anteriormente intervino en una decena de denuncias contra Alberto Fernández, ya archivadas, donde nunca fue recusado por el exmandatario. “Considero que, a los efectos de preservar la garantía de juez natural en este proceso, debo continuar entendiendo en el mismo, destacando la notoria improcedencia de la solicitud”, remató el juez.

En esta causa se investiga a Alberto Fernández por haber firmado un decreto que obliga a contratar las pólizas de seguros de los organismos públicos con Nación Seguros y se indaga sobre la intervención de brokers y productores de seguros que cobraron comisiones por haber gestionado esas contrataciones.

Están siendo investigadas las pólizas que la Anses contrató con Nación Seguros para los créditos ofrecidos a jubilados y las que tomaron al menos 45 organismos públicos, donde intervinieron brokers de seguros. Ercolini dispuso la inhibición de bienes de Fernández y de otras 30 personas, entre ellos Héctor Martínez Sosa.

Hasta ahora, el juez cuenta con el decreto de Alberto Fernández que obligaba a contratar con Nación Seguros las pólizas contratadas por los organismos del Estado, los convenios con los brokers que intervinieron y un análisis que señala que se cobraron en total comisiones por 3250 millones de pesos en cuatro años. Además, se investiga a dos cooperativas y a empresas vinculadas con funcionarios de la Superintendencia de Seguros que tenían permisos para manejar sus autos.

El juez Ercolini ya cuenta con el contenido de los teléfonos celulares y las computadoras de los investigados, y espera ahora tener un análisis de su contenido para decidir si avanza con las declaraciones indagatorias. Antes, rechazó la recusación que planteó Alberto Fernández.

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