“La ruta del dinero K”: el juez Casanello rechazó anular el dictamen de Marijuan que beneficia a Cristina Kirchner
Es por la pulseada con la Cámara Federal, que quiere que procese a la expresidenta en la causa por lavado; el fiscal propuso desligarla del caso y la ONG Bases pidió anular esa iniciativa
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LA NACIONHernán Cappiello
El juez federal Sebastián Casanello rechazó anular el dictamen del fiscal Guillermo Marijuan que derivó en el sobreseimiento de Cristina Kirchner por lavado de dinero en la causa conocida como “la ruta del dinero K”.
Se trata del caso de la financiera “La Rosadita”, donde el empresario Lázaro Báez ya fue condenado a 10 años por lavado de dinero, pero se sigue investigando si Cristina Kirchner intervino o no en esas maniobras y si Báez actuó como testaferro de los Kirchner al blanquear ese dinero.
El planteo para anular el dictamen de Marijuan que pidió el sobreseimiento de Cristina Kirchner lo realizó la ONG Bases Republicanas, una entidad que fue recientemente admitida como querellante, es decir acusador particular, lo que permitió seguir investigando a la expresidenta en ese asunto, ante la falta de acusación del fiscal.
Todo este trámite es parte de la pulseada que mantienen desde hace siete años Casanello con la Cámara Federal, que le pide que procese a Cristina Kirchner por lavado de dinero, pero el magistrado entiende que no se reunieron las evidencias suficientes para hacerlo. El año pasado, el fiscal Marijuan planteó directamente el sobreseimiento de la expresidenta.
Si las cosas quedaban así, sin acusación fiscal, se caía la causa contra Cristina Kirchner. Fue en ese momento que se presentó como querellante la ONG Bases Republicanas, liberal, cercana a Pro. La Cámara Federal la admitió como querellante y se convirtió en acusador, el único tras el desistimiento de Marijuan.
Fue Bases Republicana la que planteó anular el dictamen por el cual se sobreseyó a Cristina Kirchner. La Cámara Federal mandó a que Casanello escuchara a todas las partes. Así, Marijuan volvió a dictaminar que correspondía sobreseer a la expresidenta y dijo que Bases Republicanas se metió por “una ventana procesalmente inexistente” y que su acusación estaba basada en razones políticas y no jurídicas.
“Vuelvo a preguntarme, entonces, como parte de este proceso y representante de la vindicta pública, si no será que lo nulo y de nulidad absoluta es todo lo que se le permite hacer a este pseudo querellante”, escribió Marijuan al contradecir a la Cámara Federal que le reconoció ese rol de querellante.
Bases Republicanas respondió que al contrario, se debía hacer un peritaje contable y vincular esta causa con los cobros de la causa de “los cuadernos de las coimas”, en particular los montos de los bolsos con dinero que llegaban al departamento que ocupaba Cristina Kirchner en Recoleta y que eran recibidos por su exsecretario fallecido Daniel Muñoz.
Pidió “la realización de un peritaje contable que establezca una línea de tiempo entre la recepción de bolsos con dinero por parte del matrimonio Kirchner y la modalidad utilizada por Lázaro Báez y demás involucrados para ingresarlo al circuito legal, por lo que fueran condenados oportunamente”.
Pero Casanello resolvió que no correspondía anular nada. Analizó el dictamen de Marijuan, que fue fiscal 10 años en esta causa, primero imputando a Cristina Kirchner, pidiendo luego su indagatoria y al final reclamando su sobreseimiento. Dijo Casanello que no está juego la nulidad de un dictamen, cuya validez fue incluso refrendada por la propia Cámara Federal y la Cámara de Casación.
Sostuvo que, en cambio, lo que sucede es que la querella de Bases Republicana no está de acuerdo con su contenido.
“A mi modo de ver, este galimatías se explica a partir de comprender que no estamos frente a cuestiones de validez sino frente a diferencias sobre el mérito de la prueba, lo que remite a un ámbito de discusión absolutamente distinto”, escribió.
Y dijo que hay que sincerar que la fiscalía “ha dejado de ser acusador. Es decir, la presente se ha convertido en una causa impulsada exclusivamente por una querella autónoma”.
“Si bien esto no sería una rareza, sí es absolutamente inédito que ocurra en las condiciones actuales del expediente. Lo hecho está. A partir de aquí, resta el deber constitucional de la magistratura de asumir su rol de guardián de la legalidad y observar un comportamiento racional”, concluyó el juez, en tono crítico para con la querella y la Cámara Federal.
Por Hernán Cappiello
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