El juez Casanello insiste a la Cámara Federal para que anule los sobreseimientos de Viola y Miragaya

El juez federal Sebastián Casanello presentó un escrito en la Cámara Federal para que los acusados de haber montado una operación para correrlo del caso por lavado de dinero contra Lázaro Báez no sean sobreseídos.

Se trata de un expediente de relevancia institucional que tiene la Cámara pendiente de resolución, en el que intervenían los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, cuyos traslados fueron revertidos por el Poder Ejecutivo.

Los jueces Mariano Llorens y Martín Irurzun deben confirmar o revocar los sobreseimientos que dictó el juez Luis Rodríguez al abogado Santiago Viola y al fiscal y exfuncionario de la AFI Eduardo Miragaya, quienes habrían conducido a dos testigos falsos a declarar que vieron a Casanello ingresar a la Quinta de Olivos para reunirse con la entonces presidenta Cristina Kirchner. Esa versión fue utilizada por el hijo de Lázaro Báez, Leandro, quien patrocinado por Viola recusó a Casanello en 2016.

Los testigos fueron a juicio oral, pero quienes habrían orquestado la maniobra están, hace más de tres años, al borde de ser declarados inocentes. La decisión de sobreseer a Viola y Miragaya la tomó el juez Luis Rodríguez el 28 de agosto. Casanello la apeló, y el fiscal del caso, Carlos Stornelli, no se opuso.

Después de apelar, Casanello volvió a presentarse ante la Cámara, con un escrito presentado hoy. Lo hizo a raíz de las declaraciones de los abogados de Martín Báez en el juicio por lavado de dinero -que él investigó en primera instancia y ahora se encuentra en la etapa de alegatos de las defensas-, quienes desarrollaron y describieron cómo se montó la operación con Miragaya y Viola.

"Apresurado"

Casanello indicó a la Cámara que en el juicio se está apuntando a Miragaya y a Viola como los responsables de la operación montada para apartarlo. Dijo que era "evidentemente apresurado" sobreseerlos, y sostuvo que se truncó una investigación con un sobreseimiento exprés cuando todavía había prueba trascendente por realizar.

Los testigos Gabriel Corizzo y Carlos Scozzino fueron quienes declararon haber visto a Casanello en Olivos. En la investigación se corroboró -a través de testimoniales y registros documentales- que los dichos de ambas personas eran falsos.

Según consta en el expediente, Viola y Miragaya se comunicaron un total de 238 veces a través de llamadas al celular del segundo y al teléfono del estudio que el abogado comparte con su madre, Claudia Balbín. Esas comunicaciones se dieron en el contexto en el que los testigos falsos declararon contra Casanello.

El juez Rodríguez procesó a los testigos truchos, aunque no ahondó sobre quiénes los habían instigado a ejecutar la operación, a quienes les dictó la falta de mérito. En ese entonces Casanello solo apeló la falta de mérito de Viola.

El año pasado, con los votos de Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi en mayoría, y Mariano Llorens en minoría, la Sala I de la Cámara le revocó la falta de mérito a Viola y quedó procesado. Llorens -que ahora deberá pronunciarse nuevamente- consideró el año pasado que no hay elementos que prueben la determinación de Viola sobre el ánimo de los testigos para brindar sus declaraciones falsas.

Ese fallo de la Cámara Federal que procesó a Viola fue luego anulado por la Cámara de Casación, y por eso Rodríguez debió volver a pronunciarse. Esa es la decisión que ahora deben confirmar o revocar los camaristas Llorens e Irurzun.

Si Llorens e Irurzun no coinciden en la resolución de este caso, deberán convocar a un juez de la Cámara en lo Penal Económico para que resuelva esa disidencia.

La definición de este caso de suma gravedad institucional incomoda a varios funcionarios judiciales de Comodoro Py. Santiago Viola había sido elegido por el exjuez Rodolfo Canicoba Corral como interventor del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) cuando se investigaba a Omar el "Caballo" Suárez. La madre de Viola, Claudia Balbín, fue apuntada por mantener, a través de su estudio jurídico, vínculos con la AFI. Lázaro Báez declaró que, mientras el estudio de Balbín lo representaba, fue presionado para arrepentirse y declarar contra Cristina Kirchner.

Eduardo Miragaya, por otro lado, fue empleado en el juzgado de la jueza María Servini cuando dejó la AFI y luego volvió a la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra el Medio Ambiente (UFIMA), conducida por otro fiscal de Comodoro Py, Ramiro González.

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