El juez Lijo pidió información sobre las cooperativas y libró exhortos internacionales en la causa que investiga a Mayra Mendoza
Hizo lugar a medidas solicitadas por el fiscal de la causa; investigan un supuesto desvío de fondos en el municipio de Quilmes
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LA NACION
El juez federal Ariel Lijo ordenó medidas de prueba en la causa que investiga presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos millonarios a cooperativas de trabajo en Quilmes. Pidió informes al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, a la Inspección General de Justicia (IGJ), al Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) y a la AFIP.
También libró exhortos internacionales a la justicia con jurisdicción sobre la ciudad de Miami para obtener información sobre las cuentas y firmas mencionadas en la denuncia, a las que se habría desviado parte del dinero, confirmaron fuentes judiciales a LA NACION.
El magistrado hizo lugar así a medidas solicitadas por el fiscal Ramiro González cuando imputó a la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, y a exfuncionarios del municipio. La denuncia que dio lugar a esta causa señala que se le adjudicaron contratos por más de 500 millones de pesos a cooperativas de trabajo y que en ese proceso un conjunto de funcionarios municipales desviaron dinero al exterior.
Mendoza negó que las cooperativas en cuestión estén ligadas a funcionarios del municipio y ahora la Justicia aspira a obtener la documentación sobre esas sociedades. La intendenta dijo que la acusación es una “noticia falsa y maliciosa”. En la última semana recibió el apoyo de dirigentes de La Cámpora, agrupación a la que pertenece. Se mostraron preocupados por el avance del caso.
Una de las medidas solicitadas por el fiscal al juez Lijo fue una compulsa del padrón de entidades del sitio web del Inaes para obtener información sobre la actividad de las cooperativas que recibieron los fondos del municipio y que fueron cuestionadas.
A ese organismo se le pidió también que detalle si allí se presentaron denuncias que involucren a alguna de las cooperativas incluidas en la investigación penal, y que informe todas las cooperativas en las cuales figuren como miembros Sebastián Raspa, Romina Cangelosi, Martín Bordalejo o José Alejandro Scozzari.
El juez pidió además obtener información sobre las firmas “JD Vitruvio”, “The Wolf Building SA”, “Sur II SRL”, “Encontrar SA”, “Antigua Tierra SRL”, “Totalcon SA”, “Materyale SA”, “4Ter SA”, “Black Corp SA”; “Agente Central SAS”; “Human Constant SAS”, “Canton Tower Gestiones Integrales SAS”, “Pesquera Sin Límite SRL” y “Co Marfil SA.”
El expediente que llevan Lijo y González en los tribunales de Comodoro Py es una de las dos causas que investigan las acusaciones contra la intendenta de Quilmes. La otra está en los tribunales federales de ese partido, a cargo del juez Luis Armella y la fiscal Silvia Cavallo, que ya avanzaron con pedidos de información e incluso allanaron las oficinas y domicilios de las cooperativas cuestionadas.
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