El juez Ariel Lijo pidió el desalojo del predio de El Marquesado
El magistrado dispuso además que se prohíba el ingreso de gente a las tierras en disputa; esta mañana hubo duros cruces en el lugar
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LA NACIONDarío Palavecino
MAR DEL PLATA.- El juez Ariel Lijo, al frente del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°4, pidió que las fuerzas de seguridad desalojen el predio de 140 hectáreas del paraje El Marquesado, que el gobierno nacional había cedido a una ONG enrolada en el Movimiento de los Trabajadores Excluidos (MTE) que lidera Juan Grabois. Lijo dispuso además que efectivos de Prefectura Naval Argentina se instalen en los accesos para evitar que nuevas personas ingresen a esas tierras.
Fuentes judiciales confirmaron a LA NACION que la decisión se tomó momentos después de que trascendieran los enfrentamientos verbales, ásperos y al límite de la agresión física, que se dieron esta mañana en uno de los ingresos, cuando se cruzaron miembros de la Asociación Civil Tercer Tiempo, que estaban tranqueras adentro, y vecinos de la zona que quisieron evitar el ingreso de maquinaria agrícola.
La situación pudo ser controlada con personal policial de la zona, aunque quedó viva la advertencia de los manifestantes de mantener presencia y vigilancia cercana para resistir el arribo de más equipos para la eventual explotación de esos campos.
Lijo le pidió el desalojo, vía exhorto, al juez federal de Mar del Plata Santiago Inchausti, en el marco una causa por la denuncia presentada por el intendente de General Pueyrredon, Guillermo Montenegro, en la que pidió el desalojo del predio al entender que se cedió de manera “irregular”. Lijo tenía ordenada en la causa una medida de no innovar, mientras investiga si la entrega fue irregular. Montenegro, tras los episodios de esta mañana, presentó una ampliación de su denuncia en la que advirtió sobre el intento de ingreso de maquinaria agrícola al predio y sobre la presencia en el interior de “alrededor de 60 personas”. El intendente pidió a la Justicia que arbitre los medios para revertir lo ocurrido hoy.
Como informó LA NACION, esta mañana se acercaron hasta el lugar vecinos de la zona que desde hace casi dos meses resisten el desalojo de un cuidador que tenía esos campos, ubicados unos cinco kilómetros al sur de Miramar y a la vera de la ruta 11, y cuestionan la toma de posesión autorizada a la Asociación Civil Tercer Tiempo, Escuela de Fútbol y Huertas Comunitarias, con sede en Mar del Plata.
Según argumentó Montenegro en su denuncia, se trata de una organización “vinculada a amigos del poder” a la que entiende se le entregan esas tierras en custodia por un plazo inicial de 180 días “lisa y llanamente para simular la entrega de tierras a título gratuito y sin otro objeto que su ocupación ilegal”. Por eso, para el intendente -y exjuez federal-, la cesión es un “acto administrativo nulo”. Montenegro había pedido el desalojo y la recuperación del manejo por el Estado Nacional.
Esa cesión de tierras en custodia lleva la firma de Eduardo Albanese, titular de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), bajo cuya su órbita está el predio. También acusa a Marcos Joel Santucho, titular de la ONG Tercer Tiempo, a la abogada Gabriela Carpineti, funcionaria nacional que asiste legalmente y acompañó a esa entidad en la toma de posesión del predio, y a Omar Núñez, designado para quedarse a cargo del lugar.
Según el documento que presentó Carpineti cuando llegó para dejar esos campos bajo administración de la ONG marplatense, allí se podía llevar adelante un proyecto de explotación agroecológica. También, construir viviendas y desarrollar un camping balneario.
Para los vecinos de la zona se trata de una maniobra para permitir el desembarco e instalación de familias mediante una apariencia de legalidad. Entienden que se podrían llegar a construir casas en un barrio que tiene como característica la fragilidad de servicios, tanto de luz como de gas y agua.
Al mismo tiempo, se cuestiona que se los autorice a llevar adelante allí un proyecto de cultivos cuando se trata de tierras muy cercanas al mar que, como el resto de ese frente que está a pasos de los acantilados, apenas admite la cría de ganado.
Esas 140 hectáreas son fiscales y en su origen fueron parte del predio que el Estado Nacional destinó, a mediados de la década pasada, al desarrollo del complejo de hoteles turísticos de Chapadmalal. El límite norte del campo que se puso en manos de la Asociación Civil Tercer Tiempo está a casi 2000 metros de gimnasio que complementa aquella unidad que depende del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación.
Por Darío Palavecino
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