El juez federal de Paraná abrió su juzgado el domingo de Pascuas en otro intento de trabar la llegada de la Corte al Consejo

El juez federal de Paraná, Daniel Alonso, redobló la apuesta y su desafío a la Corte Suprema de Justicia. En pleno domingo de Pascuas reabrió su juzgado para rechazar la apelación que realizó el fiscal contra su decisión de prohibir al Congreso que envíe a sus dos representantes al Consejo de la Magistratura, en sintonía con el Gobierno. De esa forma, a partir de un pedido del peronismo, el juez pretende bloquear una decisión de la Corte Suprema para normalizar el organismo, que se encarga de nombrar y remover magistrados.

Daniel Alonso dijo que lo suyo no es una cautelar, sino una precautelar, y que el fiscal no pude quejarse de que no le ´permitieron opinar en este expediente porque, desde el principio, supo de la existencia de la causa promovida por el diputado nacional entrerriano del Frente de Todos y contador, Marcelo Casaretto. Ese fue el argumento que encontró este domingo para extender la vida de su cautelar.

Si el juez hubiera concedido la apelación, podría esta suspender su medida precautelar, pero al negarla, obliga al fiscal a ir con un recurso de queja a una instancia superior. De esa forma, el juez mantuvo en vigor el bloqueo a la decisón de la Corte.

En paralelo, el contador Alfredo Popritkin, de la Asociación de Contadores Forenses, denunció al juez Alonso ante el Consejo de la Magistratura por mal desempeño para que prospere su juicio político. Dijo que la decisión tomada por el magistrado, provoca la ”la paralización de tareas fundamentales del Poder Judicial y del propio Consejo, y la afectación del principio de Soberanía del Pueblo. Todo ello, con grave daño hacia las instituciones de la República y a la Constitución Nacional”.

“La decisión del magistrado carece de fundamentación razonada que refleje un análisis del asunto ni la procedencia o improcedencia de la pretensión, y viola la garantía de la tutela judicial efectiva”, entendió el denunciante. Dijo que al decisión del juez es arbitraria y no tiene fundamentos. “Tal atropello, provocó una grave afectación a la democracia viva en nuestras instituciones, a la seguridad jurídica y al funcionamiento del Consejo de la Magistratura”, remarcó.

El presidente de la Corte, Horacio Rosatti, tiene previsto asumir este lunes la presidencia del Consejo de la Magistratura, como cabeza de un organismo de 20 miembros, luego de que el Gobierno fracasó en su intento de aprobar una ley que devuelva el equilibro interno al organismo,

Este conflicto se inició cuando a pedido del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, la Corte declaró la inconstitucionalidad del Consejo de la Magistratura con la actual integración de 13 miembros, dispuesta por Cristina Kirchner cuando era senadora.

Entendió la Corte que la reforma de Cristina Kirchner provocó su desequilibrio en favor de la política (diputados y senadores) y en desmedro de los jueces, académicos y abogados, los cuatro estamentos que integran el Consejo. Por eso la Corte dio un plazo que se venció la medianoche del viernes, para que el Congreso dicte una nueva ley o que se regrese a la integración original de 1999 de 20 miembros, con más jueces, abogados y académicos y menos legisladores. Y presidido por el titular de la Corte, Horacio Rosatti.

Fueron elegidas dos consejeras abogadas (Jimena de la Torre, apoyada por Juntos por el Cambio, y María Fernanda Vázquez, con el apoyo del oficialismo), una consejera jueza (Agustina Díaz Cordero, crítica del Gobierno) pero el Congreso no envió a sus dos consejeros políticos (el amparo del juez Alonso se lo prohibió) y resta elegir mañana al consejero académico que complete el número.

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