El juez Alejo Ramos Padilla dijo que se tergiversaron los argumentos que él dio cuando cerró la causa de la toma
Negó que haya sido un elemento central el dato de que la ocupación fue de día; el intendente de La Plata, Julio Garro, reclamó que el fallo sea apelado por la Nación y la Provincia
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El juez federal de La Plata Alejo Ramos Padilla dio a conocer hoy una nueva resolución “aclaratoria” en la que dijo que fueron tergiversados los argumentos del fallo de la semana pasada que declaró que no era delito la ocupación del terreno de Los Hornos, una decisión por la que fue muy criticado.
Ramos Padilla advirtió que no es cierto que el fundamento principal de su fallo haya sido que la toma fue de día, como se instaló públicamente. “La idea que se difundió en torno a que la ocupación del predio de Los Hornos sería legal porque se hizo ‘durante el día’ es falsa y no responde a lo sostenido en el fallo”, afirmó Ramos Padilla en una resolución judicial que firmó hoy, 11 días después del fallo original.
El juez sostuvo que ese fue uno de los argumentos, pero que también tuvo en cuenta, por ejemplo, que la fiscalía no le imputó a nadie los supuestos delitos y “los jueces únicamente pueden actuar si existe impulso previo por parte del Ministerio Público Fiscal”.
También, que “tanto el titular del inmueble [el Estado] como los ocupantes habían entablado un diálogo democrático tendiente a la solución del conflicto social y habitacional, por lo que no existe un conflicto actual o un perjuicio al titular de los derechos, que por el contrario tomó la decisión de llevar a cabo allí un proyecto urbanístico y de políticas públicas para atender los derechos de las personas que allí residen”.
En el punto vinculado con la hora de la ocupación, Ramos Padilla dijo: “La ley vigente únicamente penaliza a quien, para lograr del despojo del inmueble –y no para mantener la posesión–, utiliza ‘violencia, amenazas, engaños, abusos de confianza o clandestinidad’, elementos que no se verificaron en la causa.
“El horario en que las familias de los asentamientos linderos ingresaron por primera vez al predio nacional poco o nada tiene que ver con las consideraciones que llevaron a este juez a resolver el archivo de la presente causa -insistió Ramos Padilla-. Decir que el fallo otorga una ‘carta blanca’ para la toma de tierras o que las tomas hechas durante el día no son delito es un acto de irresponsabilidad que debe ser aclarado, porque se basa en premisas falsas y constituyen silogismos reduccionistas”.
“Un desalojo violento de cientos de familias no hubiera resuelto los conflictos que estamos analizando. Procesar penalmente a todas esas familias tampoco es una opción viable; aun cuando, de todos modos, desde un punto de vista estrictamente procesal, ello tampoco se podía hacer porque en ningún momento existió impulso por parte del Ministerio Público Fiscal que habilitara a alguna de estas alternativas”, dijo el juez.
La resolución aclaratoria de Ramos Padilla
Ramos Padilla comparó este caso con la “trágica experiencia” de la toma del Parque Indoamericano, un episodio en el que “la intervención de la justicia penal arrojó como resultado trágico tres víctimas fatales y graves heridos” y dijo que él apostaba a una “salida pacífica”.
Dijo además que “siempre existen los recursos y las vías administrativas y legales para impugnar una decisión que se estime equivocada” y que, por eso, él no solo “exhortó a las autoridades nacionales, provinciales y municipales a continuar con las acciones emprendidas para atender la situación, sino que se los ‘notificó' con copia de la resolución a los fines que pudieran corresponder.
Cómo sigue
El intendente de La Plata, Julio Garro (Juntos por el Cambio), es uno de los funcionarios que recibió la notificación y pidió que se apele la decisión del juez Ramos Padilla.
La municipalidad no es parte del expediente. Por eso, la intendencia platense hizo llegar su pedido a la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires, al Ministerio de Desarrollo de la Comunidad bonaerense (que conduce Andrés Larroque), a la Subsecretaría de Hábitat provincial y a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).
“Necesitamos que la Provincia y la Nación apelen el fallo que avala la megatoma de Los Hornos. Presenté un escrito solicitando que no dejen vencer los plazos que establece la ley. La inacción frente a esta grave situación no hace otra cosa que explicitar la falta de independencia de poderes del Estado”, afirmó Garro en un comunicado en el que subrayó que, con la decisión judicial y la falta de un recurso de apelación, “están avalando un negocio millonario que lleva adelante gente que representa lo más oscuro de la vieja política”.
En su escrito, Garro puntualizó que el fallo “constituye un agravio al ejercicio del derecho real de propiedad, que el estado provincial ostenta respecto del predio intrusado, y cuya defensa y administración se encuentran a cargo del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires”.
El predio tomado tiene 163 hectáreas y perteneció al club Planeadores. Desde el municipio de La Plata explicaron a LA NACION que el predio quedó en propiedad de la AABE por deudas que tenía el club y que, luego, esa dependencia nacional se lo cedió a la Provincia para que se desarrolle un plan de urbanización. Afirmaron también que consta en un estudio hídrico realizado por la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) que la zona es inundable y no apta para la construcción de viviendas.
“Los Estados tanto nacional como provincial tienen por misión la defensa de su patrimonio, y para ese cometido, deviene fundamental que se revierta el decisorio judicial adverso, que clausura una investigación seguida contra un hecho delictivo que vulnera la propiedad del Estado”, subrayó el intendente Garro en el escrito.
La ocupación del predio se produjo el 16 de febrero de 2020, a las 16, en los terrenos de 76 y 146 de Los Hornos. Intervino la Comisaria 3° de La Plata y la fiscal a cargo de la UFI N°1, Ana Medina. El ministro de Seguridad, Sergio Berni, ordenó el desalojo, pero el predio se volvió a ocupar y Berni ya no intervino porque son tierras nacionales.
El fallo que archivó la causa
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