El juez Alejandro Catania se queda con el caso contra Mauricio Macri por el envío de municiones a Bolivia
Hasta ahora intervenía Javier López Biscayart; investigan al expresidente y funcionarios de su gobierno por presunto contrabando
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LA NACIONCandela Ini
El juez en lo penal económico Alejandro Catania quedó a cargo de la causa por el envío de municiones a Bolivia, en el que están imputados el expresidente Mauricio Macri y exfuncionarios de su gobierno. Así lo definió la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico, que saldó la disputa de competencia entre el juez Javier López Biscayart y Catania. El fiscal del caso seguirá siendo Claudio Navas Rial.
Esta causa, de alto voltaje político, fue iniciada por el gobierno argentino después de que el canciller boliviano, Rogelio Mayta, denunciara que “el gobierno de Mauricio Macri aportó material letal para que se pueda reprimir la protesta social y consolidar el gobierno que rompía el orden constitucional en Bolivia”.
Distintos organismos del Estado aportaron información al expediente y ampliaron la denuncia, entre otra información, con el detalle de las municiones enviadas, en total unas 70.000 balas antitumulto y gases lacrimógenos, enviadas el 12 de noviembre de 2019 de manera clandestina, según la denuncia. También se constituyó como querellante en la causa la Dirección General de Aduanas.
López Biscayart fue quien adoptó las primeras medidas de prueba y recolectó información relacionada a los hechos, pero el mes pasado planteó que la causa debía ser tramitada por su colega Catania porque fue él quien recibió la primera denuncia radicada sobre el tema, formulada por el excamarista federal Eduardo Freiler. Como últimas medidas de prueba, el juez había solicitado información al Ministerio de Defensa.
Catania, por su parte, había rechazado la competencia tras señalar que le correspondía instruir la causa a López Biscayart porque -señaló- si bien él recibió la primera denuncia, la que tenía mayor contenido era la que presentaron y luego ampliaron en dos oportunidades los ministros Martín Soria (Justicia) y Sabina Frederic (Seguridad) y la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, y que recayó en el juzgado 9.
La disputa fue saldada finalmente por la camarista Carolina Robiglio, con el argumento de que Catania recibió la primera denuncia y de que por ende corresponde que ambas se acumulen en su juzgado, pese al dictamen del fiscal ante la Cámara, Gabriel Pérez Barberá, quien había considerado que como la investigación ya estaba avanzada debía seguir a cargo de López Biscayart.
Además del expresidente están imputados por presunto contrabando agravado de armas su exjefe de gabinete, Marcos Peña, el excanciller Jorge Faurie, la exministra de Seguridad Patricia Bullrich, el exministro de Defensa Oscar Aguad, el exembajador Normando Álvarez García, el excomandante general de Gendarmería Gerardo Otero, el exdirector de Logística Rubén Carlos Yavorski y el exdirector de Operaciones de Gendarmería Carlos Miguel Recalde. El abogado que defiende al expresidente es Pablo Lanusse.
Los hechos cobraron notoriedad cuando se difundió una carta enviada por el militar boliviano Jorge Gonzalo Terceros a Álvarez García, en agradecimiento por el envío del material. El mes pasado, declaró el comandante Jorge Gonzalo Terceros ante la justicia de ese país, y negó la autoría de la carta en la que habría agradecido al gobierno argentino el envío de material bélico. La carta estaba dirigida al exembajador argentino Normando Álvarez García, y fue uno de los principales documentos incorporados al expediente a partir de la apertura de un sobre con información que envió el ministerio de Relaciones Exteriores.
Por Candela Ini
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