1
El juego de los indicios como piezas de relojería
Por Jorge Urien Berri De la Redacción de La Nación
1 minuto de lectura'
El hobby del fiscal federal Carlos Stornelli es la relojería, y esta afición por los mecanismos de múltiples piezas se nota en sus dictámenes anteriores sobre el caso de las armas, y muy especialmente en el que presentó ayer.
Para llegar a pedir el procesamiento del ex presidente Carlos Menem como presunto jefe de la asociación ilícita, Stornelli recorrió un largo camino de recolección de pruebas y testimonios desde que la causa nació, en marzo de 1995, con una denuncia del abogado Ricardo Monner Sans.
El dictamen de ayer menciona algo muy cierto. En aquel entonces, ni Stornelli ni los otros investigadores tenían la menor idea de la magnitud de lo que encontrarían a lo largo de los años. Al principio, "solamente" se trataba de tres envíos aéreos de fusiles a Ecuador.
Después se descubrió que Ecuador era apenas un "desvío del desvío", porque esos fusiles estaban destinados a Croacia, y que a Croacia habían zarpado entre 1991 y 1995 en forma clandestina siete buques cargados de armamento.
Hasta febrero último, los visitantes que en la fiscalía mencionaban la posibilidad de que Menem y Emir Yoma resultaran seriamente comprometidos en la causa se encontraban con muecas de escepticismo.
Pero en ese momento Stornelli llevaba ya más de tres años de paciente investigación sobre el papel jugado por el Ejército en la facilitación del material negociado con Croacia.
En este sentido, sus anteriores dictámenes -y buena parte del de ayer- parecían de una extrema aridez por la meticulosidad con que desarrollaba el periplo del armamento del Ejército desde los cuarteles hasta la Fábrica Militar de Río Tercero y de allí a Campana y al puerto de Buenos Aires.
Un trabajo de similar minuciosidad llevó a cabo con los engorrosos trámites previos a la firma de cuatro decretos presidenciales secretos de contenido falso que permitieron los embarques.
El material del Ejército que involucraba a cerca de diez unidades -y a la planta de Río Tercero- y los decretos con la firma de Menem y sus ministros fueron las dos piernas que en abril se lanzaron a toda carrera tras la confesión de Luis Sarlenga, ex interventor en Fabricaciones Militares.
Antes de la confesión ya se sabía que ni Sarlenga ni el ex ministro de Defensa Oscar Camilión podían haber armado todo por sí solos.
Con una cita de Giuseppe Maggiore, Stornelli recuerda que un simple acuerdo de voluntades para delinquir sólo se transforma en asociación ilícita cuando la organización tiene carácter estable.
Entre 1991 y 1995 se sucedieron dos ministros de Defensa y por lo menos tres interventores en Fabricaciones Militares, pero los envíos ilegales continuaron.
A partir de una reciente resolución, la Sala II de la Cámara Federal estableció que en esta causa no se investiga a un gobierno sino posibles delitos cometidos por funcionarios y no funcionarios allegados al anterior gobierno.
La asociación ilícita no estaría dada por el hecho de haber integrado el gobierno, sino de haberse aunado voluntades para cometer delitos.
"Prueba indiciaria"
En cuanto a la presunta jefatura de Menem, aún no aparecieron pruebas contundentes -el dictamen cita jurisprudencia sobre la dificultad de obtenerlas cuando se trata de una asociación ilícita-, pero sí lo que el fiscal considera numerosos indicios concordantes, o "prueba indiciaria".
Según el dictamen, el protagonismo de Emir Yoma en los envíos bélicos se basaba en su parentesco y grado de confianza con Menem, quien, además, conservó en su puesto a Sarlenga cuando Camilión pretendió despedirlo.
El ex presidente, a su vez, se habría interesado personalmente en una anterior venta de submarinos, que luego se frustró y, según dos testimonios, habría nombrado como delegados suyos para llevar adelante el negocio a Alfredo Karim Yoma, hermano de Emir, y luego a Alberto Kohan. Según esos testigos, en el medio de las tratativas surgió Emir Yoma para anunciar que él se quedaba con el negocio.
Kohan está citado a declarar como testigo en agosto, pero podría terminar imputado.
En forma mucho más sutil, el dictamen insinúa varias coincidencias temporales de hechos decisivos que podrían terminar apareciendo como otros delitos de la asociación ilícita. Por ejemplo, el 3 de noviembre de 1995, once días después de ordenarse las indagatorias de Sarlenga y del intermediario Diego Palleros, voló la planta de Río Tercero, y con ella parte de esa ciudad.
Los principales imputados en la causa
- El ex ministro de Defensa Antonio Erman González está procesado por falsedad ideológica y está detenido preventivamente tras haber sido indagado como presunto organizador de la asociación ilícita. El fiscal Stornelli pidió al juez Urso que lo procese con prisión preventiva.
- El fiscal pidió procesar a Carlos Menem como presunto jefe de la asociación ilícita y también por haber introducido falsedades en decretos presidenciales. Por su edad, cumple detención preventiva domiciliaria. Si el juez Urso lo procesa, deberá ordenarle la prisión preventiva.
- La situación del ex jefe del Ejército teniente general (R) Martín Balza es similar a la de González. Está procesado por malversación de efectos del Estado y se encuentra detenido porque Urso debe resolver si lo procesa como organizador de la asociación ilícita, como le pidió el fiscal.
- Emir Yoma cumple prisión preventiva, pues ya está procesado como organizador de la asociación ilícita. Este procesamiento fue confirmado el mes último por la Sala II de la Cámara Federal mediante una importante resolución. Su defensa apeló ante la Corte Suprema de Justicia.
