IOMA, cómo funciona la obra social que La Cámpora quiere reformular
LA NACIONInés Beato Vassolo
El Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) –la obra social más grande de la provincia de Buenos Aires que está en un conflicto por el despido de seis sindicalistas– basa su funcionamiento en una premisa fundamental, detallada en el primer artículo de su ley de creación: la libre elección del médico por parte de los 2,5 millones de afiliados. Hoy, en manos de La Cámpora, la mesa chica del IOMA no comulga con los pilares de la ley orgánica.
"No cree en la libre elección de los afiliados. Cree que es una idea de la burguesía", dijo a LA NACION una fuente vinculada al sistema de salud bonaerense, en referencia al presidente del IOMA, Homero Giles, médico formado en Cuba y exfuncionario del Ministerio de Salud durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner.
El jefe de gabinete de Giles, Mariano Cardelli, también en épocas del cristinismo, fue subdirector del Programa de Asistencia Médico Integral (PAMI), la obra social de los jubilados que funciona por sistema capitado, un modo de contratación en el que a las clínicas o a los médicos se les asigna un determinado universo afiliatorio, por el cual perciben un sueldo fijo, sin posibilidad de que los pacientes elijan dónde o con quién atenderse.
Los prestadores de servicios de salud bonaerenses temen que el IOMA avance por el camino de la "pamización", algo que vienen alertando desde hace meses. "¿Cómo termina esto? En clínicas propias del IOMA, en las que al médico le pagan lo mismo si, en la práctica, atiende a diez personas o a una, y elige dar solo dos turnos. Se empobrece el sistema", decían a LA NACION, meses atrás, autoridades de una prestadora de salud que tiene convenio con la obra social provincial.
"Se quedan con clínicas fundidas y ponen sus médicos. Los pacientes eligen atenderse ahí, por sobre otros lugares, porque no se les exige un copago. Esto pauperiza el mercado de IOMA, que tiene más de dos millones de afiliados en la Provincia", había indicado otra fuente del círculo médico bonaerense.
Centros de salud propios
Hasta el momento, lo concreto es que Giles adquirió una clínica en la localidad de Temperley, inaugurada el 10 de agosto pasado, y, a principios de enero, inauguró un centro de policonsultorios en La Plata para la atención exclusiva de afiliados del IOMA. Los rumores indican que avanzaría en negociaciones para comprar otros centros médicos.
Tras la primer adquisición, el presidente del IOMA había explicado a LA NACION que "nadie está obligado a atenderse en el sanatorio de Temperley", y que la institución "no tiene recursos para seguir invirtiendo" en centros propios. "De tener las herramientas, desde ya que estaríamos dispuestos", había indicado Giles, meses atrás.
El giro de fondos hacia la clínica de Temperley fue cuestionado por auditores del IOMA nucleados en el Sindicato Único de Profesionales, Trabajadores y Técnicos del IOMA (Supttioma) –gremio vinculado a la Coordinación General de Trabajadores Estatales (Conagres)–, quienes denunciaron que el mantenimiento mensual del centro de salud supera los $50 millones, y se desconoce el caudal de atención. "Además, no sabemos si los afiliados que entran son todos del IOMA o se acercan por ser de La Cámpora", dijo a LA NACION Idelmar Seillant, recientemente destituido de la presidencia de Supttioma.
Una estructura independiente
Sin preaviso ni fundamentos, Seillant atribuye las causas de su despido a las múltiples denuncias por hechos de corrupción y manejos de fondos dentro del IOMA, que el gremio acumula desde hace más de 15 años, y que atraviesan distintas gestiones y partidos políticos, que incluyen las gestiones provinciales de Daniel Scioli,María Eugenia Vidal y Axel Kicillof.
"El IOMA es una estructura con vicios, donde la política interfiere haciendo daño. Funciona por cuenta propia y no ha cambiado con los cambios de gobierno", explicó a LA NACION una fuente vinculada a la oposición bonaerense.
El presupuesto del IOMA siempre ha sido alto. Hoy, supera los $100 millones. "Alcanza para tres provincias argentinas", según dicen, y ronda el 8% del PBI bonaerense. Aún así, históricamente, el instituto ha estado en conflicto con los prestadores, por deudas y atrasos de pago. "No se sabe a dónde va la plata. El sistema funciona mal y la tasa de uso es muy baja; es de 400.000 personas activas, sobre un total de 2,5 millones de afiliados", detalló Seillant.
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