El intendente de Mar del Plata denunció a funcionarios nacionales y a una ONG por la ocupación de un predio
Guillermo Montenegro fue a la Justicia por el conflicto de tierras en la zona de El Marquesado; apuntó contra funcionarios de la Agencia de Administración de Bienes del Estado
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MAR DEL PLATA. – El intendente de General Pueyrredon, Guillermo Montenegro, presentó hoy una denuncia penal contra funcionarios del gobierno nacional y responsables de una ONG que tomó posesión el sábado último de un predio fiscal de 140 hectáreas en el que avanzarían con un emprendimiento de chacra productiva que contempla construcción de viviendas y hasta un camping balneario.
El escrito está en la sala de sorteos a la espera de confirmación del Juzgado Federal que deberá determinar si, como afirma el mandatario local, con este acto se están cometiendo los delitos de incumplimiento de deberes de funcionario público y falsedad ideológica, y por ello reclama que se reintegre la posesión y administración del inmueble al Estado nacional.
La toma de posesión de estas tierras en la zona de El Marquesado, en el límite con el partido de General Alvarado y a unos 10 kilómetros de la vecina localidad de Miramar, se ejecutó el pasado sábado en medio de una situación de tensión y amago de agresiones con vecinos de la zona, que se oponen a que allí exista algún tipo de desarrollo que incluya el desembarco e instalación de familias acercadas por un movimiento social, en este caso el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) que tiene como principal referente al dirigente Juan Grabois.
Ayer se realizó una importante manifestación, con corte parcial de la ruta 11, frente al acceso a este lote en el que solo había por el momento cría de unos pocos animales. Los vecinos aseguran que mantendrán esta lucha hasta tanto se dé de baja este nuevo proyecto.
Montenegro denuncia a Eduardo Albanese, titular de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) que cede estas tierras; a Marcos Joel Santucho, titular de la ONG Tercer Tiempo-Escuela de Fútbol y Huerta Comunitaria a la que se lo entregan en custodia; a la abogada y funcionaria nacional Gabriela Carpineti, que asiste legalmente y acompañó a esa entidad en la toma de posesión del predio; y a Omar Núñez, designado por estos últimos para quedarse a cargo del lugar.
Advierte a la justicia que la citada ONG, con sede en Mar del Plata, es una asociación “vinculada a amigos del poder” y la menciona como “de dudosa existencia regular” por la actividad que tuvo desde su creación, en 2017.
Según el jefe comunal, se le cede este enorme predio “en custodia” a esta ONG “lisa y llanamente para simular la entrega de tierras a título gratuito y sin otro objeto que su ocupación ilegal” por lo que considera que “es nulo el acto administrativo” puesto que esa cesión se da “bajo argumentos falsos y arbitrarios”.
Ataca también que, entre los fundamentos para entregarlo a la ONG Tercer Tiempo, Carpineti explicó que permite evitar futuras intrusiones. Montenegro, en su denuncia, recuerda que esas 140 hectáreas están cercadas y tenía un cuidador, Luis Boni, en representación de la entidad Justicia Social, al que obligaron a retirarse el pasado sábado.
Representantes de la entidad confirmaron hoy que están a la espera de estudios encargados a profesionales de la Universidad Nacional de Mar del Plata y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) a efectos de determinar condiciones y calidad de esos suelos con intenciones de establecer si son aptos para cultivos y en ese caso para que variedades vegetales, siempre con el objetivo de realizar allí siembra y producción.
El convenio firmado entre ambas partes -AABE y la ONG- establece un plazo de 180 días. Además de las quejas de los vecinos y el municipio también llegaron cuestionamientos desde el oficialismo nacional, en particular el Frente Renovador, que lidera Sergio Massa. Sus referentes en Mar del Plata se expresaron ayer contrarios a esta decisión que, ante el hecho consumado, piden que el período acordado en aquel acuerdo no tenga renovación.
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