El informe de AFIP que sorprendió a Tolosa Paz y reabrió la disputa por los planes sociales

La filtración de un informe reservado de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) sobre irregularidades en la implementación del programa Potenciar Trabajo reavivó la tensión entre el kirchnerismo y una de las organizaciones que más poder tiene en el Ministerio de Desarrollo Social, el Movimiento Evita, de Emilio Pérsico, uno de los pilares políticos del presidente Alberto Fernández.

El organismo recaudador cruzó datos y encontró que un 20% de los beneficiarios había declarado bienes personales y que un porcentaje muy menor había comprado dólar ahorro, algo que está prohibido. La revelación había ingresado en un expediente a la cartera que conduce Victoria Tolosa Paz el 24 de octubre. Era información sensible, pero en el ministerio parecieron enterarse por una publicación periodística de Infobae esta semana. La ministra se vio obligada a dar una conferencia de prensa en la que se comprometió a tomar cartas en el asunto.

La AFIP es conducida desde julio por Carlos Castagneto, un hombre de estrecha confianza de Alicia Kirchner y exviceministro de Desarrollo Social. En junio, Cristina Kirchner abrió la polémica al apuntar contra las organizaciones sociales por el manejo de los planes. En esta oportunidad, el cruce de datos que se hizo bajo la órbita de Castagneto, que se destapó de manera casi inesperada, busca reforzar la idea de un agujero negro en esa administración.

La desconfianza es mutua. Mientras la vicepresidenta afirma que la “tercerización” desvirtúa la política social, desde las organizaciones sospechan que Castagneto quiere volver a manejar la lista de los planes, como hizo durante su paso por la cartera durante la primera era del kirchnerismo. No sin un aval de la titular del Senado.

El control por la política social enfrenta desde el comienzo de la gestión al presidente Alberto Fernández con Cristina Kirchner y el Evita. ¿Cómo pudo haberse pasado por alto que un 20% de los beneficiarios del Potenciar Trabajo declararon bienes personales? “Se explica porque le entregaron el manejo del ministerio a las orgas”, dijo, en clave militante, un funcionario del kirchnerismo a este medio. Y agregó: “Al ministerio van las organizaciones con una planilla de determinada cantidad de nombres, el número de CUIT y le piden la firma al ministro de turno. Funciona así incluso desde la época de Carolina Stanley [ministra de Mauricio Macri]”, analizó.

“Los números de la pobreza y la indigencia desde 2015 hasta ahora no aumentaron en la proporción que aumentó el Potenciar Trabajo”, añaden en el kirchnerismo sobre el aumento de programas bajo la órbita de organizaciones. Sugieren que es un mecanismo indirecto de financiación política. Agregan que, según el Indec, la desocupación bajó, la economía creció y la pobreza se contrajo hacia finales de 2021. “Los números no cierran”, resaltan.

El programa Potenciar Trabajo pasó de 700.000 beneficiarios en 2020 a casi 1,4 millones en 2022. Su monto equivale a la mitad del salario mínimo ($29.850). Los beneficiarios que figuran en la AFIP supuestamente juraron ante ese organismo poseer o una casa, o un auto, o depósitos en blanco. Se deduce, por tanto, que además tienen ingresos fijos y no necesitan ninguna contención. “Es un delito”, dijeron fuentes del organismo. Y agregaron: “Hay que quitarles los planes ya”.

Emilio Pérsico, en tanto, le dijo a LA NACION: “Nosotros vamos a seguir revisando el cruce, y en los casos que no estén en condiciones les vamos a dar de baja”. Y apuntó contra el organismo que conduce Castagneto por ser quien “autorizó” a comprar dólares a los beneficiario que, teóricamente, lo tienen prohibido. “Es la AFIP la que los tendría que haber rechazado, pero no lo hizo porque nunca los cruzaron con el Potenciar Trabajo”, añadió.

En ese sentido, el dirigente detalló que se comenzaron a realizar averiguaciones desde la cartera de la que forma parte, a pesar de aclarar que no cuentan con el acceso a la lista de nombres de quienes compraron dólares debido al secreto bancario. En rigor, la prohibición es del Banco Central y la debe implementar cada banco, con un cruce de datos con AFIP.

Pérsico es uno de los dirigentes sociales que Cristina Kirchner tiene en la mira. El 21 de junio, en un plenario de la CTA en Avellaneda, planteó la necesidad de que el Estado nacional recupere “el control y la auditoría de los planes, no pueden seguir tercerizadas. Eso no es peronismo, no es depender de un dirigente barrial para que me dé el alta y la baja”. El referente del Evita recogió el guante al día siguiente: “Hay que decirle a Cristina que se equivoca y que no entiende del tema”. Pero la vicepresidenta ya había gritado en público lo que piensa en privado.

El líder del Evita sobrevivió como secretario de Economía Social de Desarrollo a tres ministros: Daniel Arroyo, Juan Zabaleta y ahora Victoria Tolosa Paz. La relación entre ellos es buena. La ministra lleva en el cargo un mes. Tiene por delante una tarea compleja. Aún nadie en el Gobierno se anima a cumplir con el pedido del kirchnerismo de quitarle la influencia a Pérsico en la administración de ese programa en particular.

El descargo

Desde el histórico edificio de 9 de Julio y Moreno aseguraron a LA NACION que el informe confeccionado por la AFIP fue solicitado hace seis meses por el entonces ministro Zabaleta, con el fin de comparar el método de entrecruzamiento de ese organismo con el utilizado por el Ministerio de Desarrollo Social. Se trata del Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (Sintys), un mecanismo que determina si aquel que solicita determinado beneficio es lo suficientemente “vulnerable” para percibirlo o no. “Lo pedimos para corregir y buscar el mejor cruce para identificar a los beneficiarios”, indicaron.

En ese sentido, aseguraron que “todos los cruces que realizó la AFIP pertenecen a bienes personales, porque son bienes personales a las personas”. Y ejemplificaron que en el informe, cuando se mencione la compra de un vehículo en particular, en realidad se hace referencia a motos de baja cilindrada, algo que no estaría prohibido por el Potenciar Trabajo. No es lo que afirman en AFIP.

Lo cierto es que el grupo de quienes compraron dólares es bastante más reducido, hasta marginal. Y si bien amerita la baja del plan, el hecho no configura una infracción grave como la otra, dicen en el Gobierno. Algunos la explican con que las cuentas de los beneficiarios fueron usadas por personas que no pueden acceder a divisas con sus propias cuentas, porque no tienen nada declarado, o con que se les habilitó una tarjeta de crédito y con ella pagaron algún servicio dolarizado, como Netflix. Otras, en cambio, con que puede figurar así por error, aunque eso es más difícil.

Lo que volvió a poner sobre la mesa el informe que la AFIP dio a conocer a los medios es lo que siempre se dice pero nunca queda plasmado: los supuestos manejos opacos que arrastra el Ministerio de Desarrollo Social de los programas de contención, al menos desde que Alberto Fernández asumió la presidencia.

El Presidente respondió a la presión de Cristina Kirchner sobre el Evita con un doble movimiento: congeló el ingreso al Potenciar Trabajo (no puede haber más altas), pero le entregó a las cooperativas una parte de la obra pública con otro decreto, en una maniobra que muchos vieron como un aval a la organización comandada por Pérsico.

En Desarrollo Social prometen avanzar con auditorías digitales y con desempolvar ese manejo poco claro de los programas sociales que, por un lado, generan movimientos discrecionales y, por el otro, representan una erogación significativa en el presupuesto: en el caso del Potenciar Trabajo, por caso, este año ya tiene asignados unos $300 mil millones.

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