El impulsor de la ley de desarme advierte sobre los riesgos de flexibilizar el mercado legal de armas, como propuso Milei

En medio de una realidad local con urgencias económicas y sociales, la posible desregulación del mercado legal de las armas se filtró en la campaña presidencial. Javier Milei, candidato de La libertad Avanza, amagó con poner el tema en su plataforma electoral, pero luego no lo incluyó en el plan de gobierno que presentó ante la justicia electoral. Sin embargo, un diputado provincial de su espacio, insistió con la necesidad de una flexibilización para la portación de armas. “Nosotros decimos ‘si tenés un arma, ¿por qué no podes portarla?’. Tenés el arma por un lado, el cargador por el otro. Yo la compro para poder usarla. La portación de armas no es para bajar el delito, sino para que uno se pueda defender”, dijo Nahuel Sotelo, diputado bonaerense de la fuerza libertaria, en Futurock.

En la Argentina en la actualidad los portadores de armas no alcanzan el centenar: hay solo 79 personas autorizadas como portadoras por la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac). La portación implica la posibilidad de llevar un arma lista para ser usada en lugares públicos. La cifra crece con los legítimos usuarios, que son más de 200.000. Son quienes están autorizados a tener un arma, pero no pueden usarla más que en lugares habilitados, como puede ser un tiro federal y solo puede transportarla desarmada. Ese universo de 200.000 podría convertirse en portador con apenas un cambio de criterio de quienes dirigen la Anmac en un futuro, tras el eventual cambio de autoridades.

“La ley no en todos lados hace esa diferencia entre portador y legítimo usuario, en la Argentina sí”, dice Matías Molle, extitular del exRENAR y primer responsable de la Anmac durante el segundo gobierno de Cristina Kirchner y referente en materia de seguridad en la campaña de Unión por la Patria. El funcionario, agrega: “Por eso es preocupante lo que puede pasar con alguien como Milei. Porque incluso hasta la tenencia puede hacerla él, algo mucho más flexible. Porque la resolución de ANMAC va a establecer eso. No necesita que haya una nueva ley para modificar no sólo la posibilidad de que que ahora haya más portadores, sino mucho más legítimos usuarios con tenencia”.

Actual diputado provincial y candidato al mismo cargo en las próximas elecciones, Molle fue uno de los responsables de la política armamentística que actualmente tiene la Argentina y que fue premiada en 2013 por la Organización Naciones Unidas (ONU). La distinción fue por el Programa de Desarme Voluntario que se implementó desde tres años antes y que lleva más de 400 mil armas destruidas. En el medio y para que se llegara a ese escenario hubo un crimen que estremeció a la sociedad argentina, como el del Alfredo Marcenac, en 2006, a manos de Martín Ríos, conocido como “el tirador de Belgrano”, quien abrió fuego en plena avenida Cabildo, un atardecer de julio.

Ley de desarme

El caso marcó un quiebre por la lucha que encabezaron los papás de Alfredo, que entonces tenía 18 años, Adrián Marcenac y Mónica Bouyssede, y varias asociaciones civiles que terminaron inclinando la balanza con un fuerte trabajo previo para que Néstor Kirchner, por entonces presidente interviniera en el tema, históricamente laxo en materia de registro, control y expedición de permisos. Así se llegó a ley de desarme que fue aprobada en el Congreso y de allí se creó el Plan Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego, que luego sería premiado por la ONU al considerar entonces que: “no sólo tiene por objeto reducir el número de armas en circulación, sino que también promueve una cultura de no violencia y resolución pacífica de conflictos como objetivo principal tras la campaña colectiva sobre la cuestión llevada a cabo por la sociedad civil”.

“Lo que había pasado con el tirador de Belgrano, es que entonces el modo de ser legítimo usuario era muy flexible. Te pedían un psicofísico, todo junto. A él (Ríos, el asesino) el apto se lo había dado un traumatólogo”, ejemplificó Molle para contrastar los cambios que se sucedieron desde entonces, cuando también se redujo significativamente el número de personas autorizadas a la portación. La política de portación y los criterios no fue cambiada durante la gestión de Cambiemos, entre 2015 y 2019.

“La Argentina no prohíbe que una persona tengas armas, pero el Estado tiene que ser responsable a quién le otorga, pero puede venir un director o directora nuevo a Anmac y decir: ´Yo quiero que el mercado se expanda, porque es una actividad legal y aparte quiero que los ciudadanos se puedan defender porque creo que el Estado no te resuelve estos problemas, entonces lo que voy a hacer es le voy a le voy a conceder al ciudadano que tenga más facilidades para tener un arma´. Es decir, basta un cambio de criterio: ´A partir de ahora no se necesitan más antecedentes penales, no necesito que vayan a un tiro a demostrarme que las saben usar, porque pueden aprender después´. Digo, puede haber muchos criterios, o sea, podría eventualmente el 11 de diciembre la persona que asuma la dirección del ANMAC cambiar los criterios totalmente”, insiste Molle.

“Si nosotros todo el tiempo decimos que hace falta profesionalizar a las fuerzas de seguridad, que hay que capacitarlas, que hay que mejorar incluso en ellos, el manejo de armas de fuego. ¿Qué puede pasar con los ciudadanos que no tienen ni siquiera ni el 10% de horas que le dedican a esa temática? Es una locura”, advierte el funcionario kirchnerista.

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