El historial de subsidios que recibió el padre de Javier Milei durante el gobierno de Kirchner
Documentación oficial detalla que el Estado nacional entregó el equivalente US$33 millones a las empresas de colectivos de Norberto Milei entre 2003 y 2007
LA NACION
“¡Vos y tus negocios!”, dijo sonriente Javier Milei, mirando a su padre, Norberto “Beto” Milei, sentado en la primera fila del Luna Park. Fue durante la presentación de su último libro, el 22 de mayo. Ferviente admirador de Adam Smith, prócer del liberalismo, y detractor de la intervención estatal en la economía, el Presidente pregona acotar impuestos y subsidios. Pero su historia familiar registra un capítulo desconocido, que incluye ayudas estatales a las empresas de transporte en las que su padre, Norberto Milei, era accionista y presidió entre 2003 y 2007. El Presidente y su hermana Karina cosecharon beneficios de esos bienes, como un auto y una casa que adquirieron con dinero de su padre.
Este capítulo familiar se centra en Rocaraza SA y Teniente General Roca SA, las dos compañías de colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires que presidió Milei padre. Recibieron al menos US$33 millones entre 2005 y mediados de 2007, según datos oficiales que LA NACION analizó durante meses, en una investigación coordinada por el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP).
Esas ayudas que repartió el gobierno de Néstor Kirchner entre las empresas de transporte figuran por montos mucho menores en los balances que las sociedades que integró Milei presentaron ante la Inspección General de Justicia (IGJ): declararon el equivalente en pesos a US$10 millones según el tipo de cambio de ese momento. Esos subsidios resultaron clave para consolidar el patrimonio familiar, en particular después que una de esas empresas, Teniente General Roca SA, debió concursarse tras el colapso económico que afrontó la Argentina en 2001.
Antes de la gran crisis que llevó a la caída del presidente Fernando de la Rúa, los colectivos ya se habían erigido en la piedra basal del patrimonio de Norberto Milei, hoy de 81 años. Empezó como chofer de las líneas 111 y 21, y con esfuerzo compró su primer colectivo por la misma época en que nació su hijo Javier, en 1970. Así lo contó el actual presidente en una entrevista, años atrás.
“Mi papá empezó como chofer de colectivos. El dueño del colectivo le dejaba trabajar para él los feriados y mi mamá lo acompañaba en el colectivo con un termo de café y un fibrón negro”, ironizó el libertario, en alusión a las horas que su padre pasaba sentado al volante.
Con años de sacrificio, Norberto Milei progresó. Pasó de conducir un colectivo a ser el accionista y presidente de tres empresas, cuya cabecera fue la firma “Francisco de Viedma SA”, en la que también figuraron decenas de pequeños accionistas. Creada en 2001, su función fue controlar a la empresa Teniente General Roca SA, que a su vez controlaba la mitad de las acciones de la sociedad Rocaraza SA.
Desde la constitución de la controlante “Francisco de Viedma SA” en 2001 y hasta 2007, el padre del Presidente presidió esa sociedad y las dos firmas controladas, que operaban las líneas 21, 31, 108 y 146 de colectivos. Más aún, durante los primeros años fue, también, su accionista mayoritario.
Un balance de Teniente General Roca SA.
Su salto del colectivo al escritorio fue contundente. Sólo Teniente General Roca llegó a tener una flota de al menos 115 colectivos con créditos prendarios de cuatro bancos y de Mercedes Benz Leasing y Círculo Cerrado SA, a los que pudieron sumarse otros rodados libres de préstamos, según surge de más de 15 balances consultados para esta investigación.
Con el colapso de 2001, sin embargo, el sector del transporte de pasajeros sufrió una crisis durísima. El Estado nacional congeló las tarifas y, a cambio, inició la distribución de subsidios que permitieron, con altibajos, mantener a flote la actividad y, en algunos casos, embolsar fortunas.
Las dos empresas de colectivos que lideró Norberto Milei recibieron subsidios del Estado nacional, aunque los montos son inciertos. Un relevamiento de documentos de la Secretaría de Transporte que completó LA NACION Data muestra que el Estado nacional informó que giró al menos US$33 millones al tipo de cambio entonces vigente a Teniente General Roca SA y Rocaraza SA, entre 2005 y mediados de 2007.
Sin embargo, los balances que ambas empresas presentaron en la IGJ con la firma de Norberto Milei indicaron que cosecharon 33,6 millones de pesos entre 2003 y 2007, lo que equivale a unos 10 millones de dólares de la época. Ante esa situación, se pidió la información completa sobre los subsidios al Ministerio de Transporte, en reiteradas ocasiones, pero desde esa dependencia no brindaron la información, requerida también para esta investigación a través de un pedido de acceso a la información pública.
Al menos parte de esos subsidios fueron destinados a Norberto Milei, quien vendió sus acciones en 2006, para luego continuar como ejecutivo hasta mediados de 2007, momento en que se abocó a otras actividades, tanto cercanas al sector del transporte, como del mundo agropecuario.
Pero también ayudó a sus hijos: Karina Milei accedió a un departamento de 150 metros cuadrados en Vicente López que rotuló como “herencia” al presentar su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción (OA). Javier Milei accedió a una Ford Ecosport 2.0 negra, modelo 2005, con dinero de su padre, que luego vendió para, con dinero adicional propio, comprar una coupé Peugeot RCZ. Declaró a la OA que la adquirió en 2013 con “fondos propios”.
El equipo de investigación contactó al vocero presidencial y le transmitió un cuestionario de preguntas sobre Norberto Milei, sus empresas en el sector del transporte de colectivos, el cobro de subsidios durante el kirchnerismo y los beneficios que obtuvieron sus hijos Javier y Karina, pero no obtuvo respuestas al cierre de esta edición. Pero junto al Presidente indicaron que la consulta periodística abordaba “cosas de hace veinte años y de terceras personas [por Norberto Milei], y los bienes de él [por Javier Milei] están todos declarados como corresponde”.
La ayuda kirchnerista
Los subsidios al transporte comenzaron durante la presidencia de Eduardo Duhalde, poco después del fin de la convertibilidad. Pero llegaron a otra dimensión de la mano del presidente Néstor Kirchner y su secretario de Transporte, Ricardo Jaime, quien terminó preso por actos de corrupción y enriquecimiento ilícito.
La firma Rocaraza SA recibió $13,9 millones entre 2005 y 2007, equivalente a US$4,5 millones de ese momento, según el revelamiento de LA NACION Data, en tanto que el subsidio al gasoil, que superó los $9 millones, representó casi el 70% de los ingresos públicos que recibió la compañía. Y percibió también beneficios de la Secretaría de Transporte como el Sistema Integrado de Transporte Automotor (Sistau) y, desde 2006, el Régimen de Compensaciones Complementarias (RCC) previsto para las líneas 1 a 200 que circulan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
Allí no se agotaron las ayudas oficiales. El Estado nacional también subsidió cada litro de gasoil que consumieron los colectivos, que pagaron menos de un tercio de su valor en surtidor, convirtiendo al transporte automotor de pasajeros en una costosa mochila para el fisco, además de erigir a Jaime en “El señor de los subsidios”, meses antes de que su actuación resultara muy sospechoso y provocara que el reparto de subsidios quedara bajo sospecha judicial.
La política del kirchnerismo hacia el transporte de colectivos resultó determinante para salvar a muchas empresas. Teniente General Roca SA había abierto un concurso de acreedores el 2 de abril de 2002 en el Juzgado en lo Comercial N°14 de la Ciudad de Buenos Aires, según consta en los balances. Tres años después, en 2005, la empresa firmó un acuerdo con sus acreedores mientras recibía subsidios que Norberto Milei elogió, a contrapelo de las diatribas públicas que les dedicó su hijo como economista y político.
La primera mención de Milei padre sobre la importancia de la ayuda del Estado nacional consta en la Memoria de 2003 de Teniente General Roca SA. Incluso reclamó más ayuda estatal o aumento de tarifas. “No podemos pasar por alto el esfuerzo que el Gobierno nacional viene haciendo para paliar esta situación de emergencia de nuestra actividad, evitando generar un aumento de costos para la población usuaria del servicio mediante el otorgamiento de subsidios a las empresas, de todas maneras queda claro que ha sido y es insuficiente”, consignó en ese documento societario con su firma.
La posición de “Beto” Milei no podría ser más distinta a la que expresó su hijo en múltiples ocasiones, como economista, candidato y Presidente. “Los subsidios nos cuestan 4 puntos del PBI (...) Hay que lograr que la gente entienda que las cosas no son gratis, alguien las tiene que pagar”, enfatizó el libertario durante una entrevista, en octubre. Y afirmó que de llegar a la Casa Rosada los eliminaría “todos”, dentro de una visión más general que resumió con una frase durante la campaña presidencial: “Yo odio al Estado”.
Subsidios sí; impuestos no
Las ayudas del Estado crecieron a partir de 2003. Pero Norberto Milei reclamó de manera constante la suba de tarifas o más subsidios. “Si bien el Estado Nacional ha incrementado el 119% el valor de los subsidios a las empresas de transporte de pasajeros, estos guarismos no alcanzan para cubrir el incremento producido en los costos de explotación”, afirmó en el último balance que firmó como presidente de Rocaraza SA, poco antes de abrirse del sector.
Las cuentas distan de ser lineales. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo que recibían subsidios estatales, las compañías que lideró Norberto Milei no pagaron varios impuestos y acumularon deudas con la AFIP, la Anses y ARBA, en ocasiones por montos millonarios, que luego buscaron regularizar con moratorias y planes de pago. Rocaraza, por ejemplo, ingresó en 2005 en moratorias por Ingresos Brutos y el Impuesto a la Radicación de Vehículos.
Las deudas que acumularon esas empresas terminaron, en ocasiones, en los tribunales. La Justicia condenó a Teniente General Roca SA por evasión de tributos de la Agencia de Recaudación bonaerense (ARBA) durante 2002 y 2003 por 120.000 pesos (cerca de 35.000 dólares al tipo de cambio de ese momento). Y en los registros de la compañía aparece adscripta a moratorias por Ingresos Brutos y por Seguridad e Higiene; había ingresado, además, a un plan de pagos con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
Al padre del Presidente no le fue mucho mejor como contribuyente. Acumula al menos cuatro ejecuciones fiscales iniciadas por la AFIP en el fuero en lo Contencioso Administrativo Federal durante 2009, además de afrontar otras vicisitudes similares en los tribunales bonaerenses.
Sale Milei; entra DOTA
El final de Norberto Milei como ejecutivo y accionista en el sector del transporte urbano de pasajeros llegó a mediados de 2007, cuando se aprobó la memoria y balance de Rocaraza SA y dejó de figurar como accionista: su participación pasó a manos de tres alfiles del Grupo DOTA, Rafael Marino, Miguel Marino y Pascual Guarino. También renunció a la presidencia: lo reemplazó el hasta entonces vicepresidente, Germán López.
El último rastro de él en Rocaraza SA se asentó el 23 de octubre de 2007, cuando se cerró el libro de Depósito de Acciones de la empresa con cuatro accionistas que representaban el 100% del capital social y de los votos, y el padre de Javier y Karina firmó como presidente de la empresa, junto al síndico. Y una aclaración: los balances no informan por cuánto dinero vendió sus acciones.
Poco antes -o partir de- la salida de Norberto Milei comenzaron a tallar otros nombres en ese conglomerado de empresas de colectivos. Entre ellos, Transporte Automotores del Plata SA que tomó el control del 50% de las acciones, que luego le vendió a Transportes Larrazábal CISA. Y luego apareció Transporte Lope de Vega, firma a la que recurrió el gigante DOTA para, de manera indirecta, tomar el control.
Así, las acciones que alguna vez fueron de Norberto Milei terminaron bajo el control de los hermanos Faijá, dueños de DOTA, considerados por propios y ajenos como hombres duros en el sector del transporte hasta el punto de que llegaron a crear su propia cámara empresaria para no tener que acordar salarios ni políticas laborales con ninguno de sus pares. Ajustado por inflación, el capital de DOTA asciende a más de $2104 millones a octubre de 2023.
Tres meses después, con Javier Milei ya como Presidente, Faijá ingresó a la Casa Rosada. El 27 de diciembre se reunió con el entonces ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro. Conversaron sobre la política de subsidios al transporte de colectivos, según detalla el Registro Único de Audiencias.
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