El hijo de Funes de Rioja defiende a Kicillof en la pulseada con los Moyano por el control de los peajes

La pulseada entre Axel Kicillof y la familia Moyano por el control de la autopista La Plata-Buenos Aires y de las rutas hacia la Costa Atlántica no tiene por ahora visos de aflojar. El Sindicato de Único de Trabajadores de Peajes y Afines (Sutpa) mantiene el paro en las estaciones, lo que ocasiona una pérdida de $20 millones diarios para las arcas provinciales. Detras de la la presión sindical para desplazar a Ricardo Lissalde de la gestión de la compañía estatal AUBASA, surge una ironía: asesora legalmente al gobierno de Kicillof Ignacio Funes de Rioja, el hijo de Daniel, presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) y uno de los empresarios cuestionado por el kirchnerismo por la suba de los precios de los alimentos.

Socio del estudio jurídico Bruchou & Funes de Rioja, Ignacio asistió hoy a una de las tantas audiencias de conciliación que hubo en el Ministerio de Trabajo de la Nación. Es decir, se presentó como el defensor de los intereses de Kicillof. “Traten este tema como si fuese una empresa privada, cuyo accionista principal, en este caso, es el Estado provincial”, habría sido la indicación que surgió desde la gobernación y el ministerio de Trabajo provincial que encabeza Walter Correa, un kirchnerista de paladar negro con retórica pública “antiempresaria”.

Kicillof heredó de la gestión de María Eugenia Vidal el vínculo con el estudio jurídico de Funes de Rioja. El abogado representó a la empresa privada Coviares, que tuvo la administración de la autopista hasta que se estatizó el servicio y surgió AUBASA, en 2012. El triunfo del Frente de Todos ante Juntos por el Cambio no alteró la continuidad del equipo legal que representa a la provincia.

El conflicto entre la gestión de Kicillof y el gremio de los peajes, cuyo referente es Facundo Moyano, escaló a partir del despido de dos empleados. Uno de ellos estaba a cargo del área de sistemas y se ocupaba junto con los gremialistas de trazar la reconversión laboral de una actividad que está bajo amenaza ante el avance teconólogico. “Es un conflicto político, no es salarial”, coincidieron ante LA NACION desde la empresa estatal y desde el Sutpa, que acordó paritarias con un aumento de 65% con dos revisiones por inflación.

La medida de fuerza del Sutpa comenzó el 14 de septiembre y está previsto un paro durante toda esta semana. El sindicato no asistió hoy a la reunión en Trabajo ni acató la conciliación obligatoria. Facundo Moyano logró la adhesión a su protesta del servicio de grúas, que está a cargo del trabajadores enrolados en el gremio de los camioneros, que encabezan su padre y su hermano Pablo. Además, Hubo se involucró hoy de lleno en el conflicto al recibir en su despacho a Florencia Cañabate, la secretaria general del Sutpa. El jefe camionero habría intercedido con un llamado telefónico a Claudio Moroni para ponerlo en tema del enfrentamiento con Lissalde, un exlegislador del Frente Renovador y que responde a Sergio Massa.

Lissalde pretende implementar una abrupta modificación en las condiciones laborales, según el gremio, más implementación de tecnología sin considerar como afectará a la dotación de personal. El gestor de las autopistas se jactó de tener el apoyo de Kicillof, que recibió el viernes pasado a Facundo Moyano para explorar una salida al conflicto. Por ahora, la pulseada continúa.

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