La relación con el Congreso | El Gobierno definió el temario de las sesiones extraordinarias y suma una reforma de los “fueros de la política”
El período será entre mañana y el 27 de diciembre; incluye la reforma electoral, la ley antimafia y el juicio en ausencia; los pliegos de Lijo y García-Mansilla quedaron afuera del temario
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El Gobierno confirmó que enviará este jueves al Congreso la convocatoria a sesiones extraordinarias, que se extenderían hasta el 27 de diciembre, con un temario integrado por proyectos como la reforma electoral -que incluye la eliminación de las PASO-; la ley antimafia cuyo impulso redobló tras la aparición de un video con amenazas de una banda narco; el juicio en ausencia que se cayó en la misma sesión en la que fracasó el intento de aprobar la ley de “ficha limpia” y una inesperada propuesta para reformar “los fueros de la política”.
“Se ha tomado la decisión de convocar a sesiones extraordinarias. Las mismas se llevarán a cabo entre el 5 y el 27 de diciembre. El temario de las mismas será el siguiente: Reforma electoral - Reforma política - Juicio en ausencia - Ley anti mafia - Viajes del presidente - Reforma de los fueros de la política”, enumeró el vocero de la presidencia, Manuel Adorni, en una publicación que realizó alrededor de las 21 en la red X, una hora después de que LA NACION anticipara el temario que propondrá el gobierno al Congreso.
Algo que llamó la atención fue el último punto del mensaje de Adorni, que se habría agregado a último momento al temario y que no había sido mencionado con anterioridad en los discursos del presidente Javier Milei. Se trata de la reforma de los fueros de la política, la cual podría conducir a una flexibilización a la hora de quitar los privilegios de este grupo en el que se incluyen los diputados y los senadores.
Se ha tomado la decisión de convocar a sesiones extraordinarias. Las mismas se llevarán a cabo entre el 5 y el 27 de diciembre. El temario de las mismas será el siguiente:
— Manuel Adorni (@madorni) December 5, 2024
- Reforma electoral
- Reforma política
- Juicio en ausencia
- Ley anti mafia
- Viajes del presidente
-…
En la Casa Rosada definieron que finalmente los pliegos de Ariel Lijo y de Manuel García-Mansilla como candidatos a integrar la Corte Suprema de Justicia no sean tratados en este período de sesiones extraordinarias, ya que el oficialismo no tiene garantizados los 48 votos en el recinto para aprobarlos, al no contar con el concurso del kirchnerismo para apuntalar a García-Mansilla ni con el de sus aliados naturales para avalar al juez Lijo.
Tampoco integrarán el temario de convocatoria a sesiones extraordinarias el proyecto de presupuesto 2025, que Milei presentó en el Congreso pero no tuvo voluntad de avanzar en su tratamiento; ni la iniciativa gubernamental de “ficha limpia”, luego de que cayera el proyecto de Pro y de que el Gobierno prometiera el envío de otro pero con una “cláusula de seguridad” que evite que Cristina Kirchner denuncie un intento de proscribirla en las próximas elecciones legislativas.
La convocatoria a sesiones extraordinarias del Congreso llegará, tal como lo habían anticipado en la sede gubernamental, luego de que quedara confirmada la reelección de Martín Menem al frente de la Cámara de Diputados, lo que se concretó durante esta jornada bajo la atenta mirada de Karina Milei, la mujer fuerte del gobierno libertario, y en medio de un escenario dividido y caldeado, en el que el kirchnerismo y la izquierda no acompañaron su postulación y le dedicaron fuertes cuestionamientos.
El clima político en el Congreso se enrareció aún más cuando el senador Edgardo Kueider, aliado del Gobierno desde el tratamiento de la ley Bases, fue detenido en Paraguay por ingresar al país más de 200.000 dólares sin declararlos. El escándalo desató una fuerte controversia que incluyó a la vicepresidenta Victoria Villarruel, titular del Senado, a quien el kirchnerismo le reclamó la expulsión de Kueider. La tensión con el Gobierno ya se había puesto de manifiesto con el boicot a la “ficha limpia” impulsada por Pro.
En el temario de las sesiones extraordinarias también se incluirá un proyecto “protocolar”: el pedido de autorización para que el presidente Javier Milei pueda viajar al exterior. La primera salida del mandatario prevista para 2025 será para participar del Foro Económico de Davos, en enero próximo. Antes, el 13 y 14 de este mes, volará a Italia para ser parte de un festival protagonizado por Giorgia Meloni, la primera ministra de ese país con la que ya se vio cinco veces en este año.
La reforma política
En el temario de extraordinarias el Gobierno incluirá sus proyectos para eliminar las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y reformar la forma en que se financian los partidos políticos: la iniciativa oficial reduce drásticamente el aporte estatal e incrementa la participación privada. Un texto anexo aumenta las exigencias para el reconocimiento jurídico de un partido y eleva los requisitos para que sean reconocidos a nivel nacional.
Las nuevas propuestas del Poder Ejecutivo implican cambios significativos. Entre otras cuestiones sensibles, abarcan la constitución, el reconocimiento y el financiamiento de los partidos políticos. Es probable que los cambios sean resistidos por los partidos políticos más pequeños, que verán amenazada su supervivencia, en tanto se fija una exigencia mayor para ser admitidos con personería nacional y se les achica el margen de financiamiento público. El proyecto no fija un límite al aporte privado de partidos políticos. Esto también podría perjudicar a los espacios más chicos: los partidos grandes y con mayor presencia podrían atraer más donaciones, especialmente de empresas y sectores con intereses específicos.
En cuanto a la ley antimafia, que impulsa la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ya tiene dictamen en comisiones del Senado: endurece penas y crea nuevas figuras y herramientas legales para la lucha contra el crimen organizado. Entre sus principales ejes, la iniciativa dispone procesar y condenar con la pena del delito más grave que se le impute a un acusado a todos los integrantes de una organización criminal. Con esta medida, el Gobierno busca que los cabecillas de las bandas paguen por los crímenes, como en el caso del homicidio, cometidos por sus subordinados.
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