El Gobierno ya sondea los votos en el Congreso por la nueva ley Bases y desliza advertencias a las provincias

Cuando restan 15 días para la fecha en que se propone que la nueva versión de la ley Bases ingrese a comisión en el Congreso, el Gobierno busca avanzar con los últimos detalles del acuerdo con buena parte de los gobernadores, mientras mira con desconfianza declaraciones y movimientos de parte de algunos de ellos. “El Pacto de Mayo se va a hacer con los que acompañen las reformas. Si quieren acompañar, bienvenidos”, sintetizó una importante fuente de la Casa Rosada.

“Están todos invitados y los que no quieren, que no vengan”, completó el funcionario consultado por LA NACION. En la misma línea, dijo que las provincias que no se sumen al pacto no tendrán los mismos beneficios que aquellas que sí lo hagan. “Si no entienden el momento histórico y quieren cortarse solos, deberán hacerlo. Si quieren plata del Gobierno deberán acompañar”, sintetizó en referencia al Pacto de Mayo convocado por el presidente Javier Milei.

El Gobierno tiene en agenda para mañana por la tarde una reunión con los 10 mandatarios provinciales de Juntos por el Cambio (JxC), el ministro del Interior, Guillermo Francos, y muy posiblemente el jefe de Gabinete, Nicolás Posse. Francos, por su parte, ya se reunió la semana pasada con los gobernadores del Norte Grande, en Salta, en tanto previamente mantuvo encuentros individuales con Claudio Vidal, de Santa Cruz, y Rolando Figueroa, de Neuquén.

Con quienes no se vio Francos en el último tiempo es con Axel Kicillof (Buenos Aires), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Martín Llaryora (Córdoba) y Sergio Ziliotto (La Pampa). “Son los cuatro más hostiles”, resumió una fuente del gobierno con acceso directo a los números de la negociación con las provincias.

Mientras que los funcionarios libertarios mantienen como fechas en Diputados para el tratamiento de la ley Bases el 17 y el 24 de abril, en paralelo ya trabajan en lo que será la parada del Senado, más compleja en su composición. Para eso ya se mueve bajo el radar el ministro Francos, quien dialoga con los diferentes bloques.

Cuando se habla de su papel en ese ámbito, rápidamente se busca alejar conflictos con Victoria Villarruel. En ese sentido juran que Francos habló previamente con la vicepresidenta y desde el Ejecutivo aclaran que la misión de la dama “no es juntar votos, aunque si quiere obviamente que puede hacerlo”.

Reforma laboral

Respecto de los cambios que podrían haber en materia de reforma laboral, en Balcarce 50 son claros: “Queremos que las cosas en materia laboral salgan, si hay que dejar afuera para su aprobación, se hará”. Entre lo que afuera podría la prohibición de huelga y el aporte solidario. Desde Casa Rosada explican que es el radicalismo quien más involucrado está en la redacción de la reforma. Quedaría sí, “todo lo que sea para ayudar a las PYMES”, aclaran en referencia a la normativa que incluida en el DNU 70/23 y que en ese tramo quedó trabado en la justicia por una serie de amparos judiciales. “Es más importante resolver los tres o cuatro puntos que afectan a las Pymes que lo de las obras sociales sindicales”, resumieron.

La postura de un sector importante de la UCR fue graficada en un mensaje en las redes sociales por Rodrigo de Loredo, el jefe del bloque de diputados, al que tienen en consideración en la Casa Rosada.

Para la Casa Rosada y también para el ministerio de Economía sigue estando claro que el paquete fiscal, por el que pelean buena parte de los gobernadores, se votará separado y después de la ley de Bases. “La Ley de bases ya tiene trámite parlamentario y el paquete fiscal no”, distinguen las fuentes consultadas en referencia a que el capítulo fiscal fue retirado de la ley antes de que esta se tratara en el recinto, en febrero pasado. Pero los gobernadores quieren negociar todo junto.

Entre los ejemplos de críticas a gobernadores de Balcarce 50 sobresale el nombre del santacruceño Claudio Vidal. Sin demasiadas sutilezas apuntan: “Se pasó las últimas dos semanas en el Ministerio del Interior pidiendo plata y después va a su provincia y revolea 500 millones de pesos en merluza (en referencia al reparto gratuito de 60 mil kilos de ese pescado) y dice que si no le damos plata no vota la ley”. A lo que agregan a muchos otros que aseguran que dicen: “Nosotros no vamos a votar, pero igual Ganancias va a salir”. En referencia a eso sostienen: “Eso no funciona así. No se trata de no dar el voto porque sabes que te vas a beneficiar igual”.

También, aunque aclaran que no quieren personificarlo en él, el gobernador Martín Llaryora reclamaba al Gobierno nacional y aseguran que registra gastos por 27 mil millones de pesos en pauta publicitaria. “Que bajen el gasto si no pueden pagar”, insisten en Balcarce 50. Desde donde agregan: “Vivimos en un país federal, eso implica que se tienen hacer cargo también. Hay voluntad de arreglar las cosas, pero todos tenemos que hacer esfuerzos. No podemos resolver todos los problemas que dejó la política en 40 años en tres meses”, recalcan desde el corazón de la administración libertaria.

Respecto del cambio en el piso del impuesto a las Ganancias, que podría alcanzar a alrededor de 1 millón de trabajadores, desde la sede de gobierno insisten en que trabajan para saldar el vacío legal que quedó de los cambios de norma anterior y que podrían hacer que quienes fueron exceptuados del pago desde el último trimestre del año pasado, no solo vuelvan a pagar sino también que tengan que pagar esos meses. “Sería un escenario que no tiene antecedentes y que estamos tratando de evitar que se pague ese retroactivo”, aseguraron.

Otro de los temas sensibles con los gobernadores son las cajas previsionales, que este último fin de semana fue motivo de una polémica que hizo que la propia Oficina del Presidente salga a responder, en Casa Rosada insisten en que respecto de ellas “no se toca, ni se va a tocar la partida hasta que se terminen las auditorías en curso” al tiempo que aseguraron que la situación está así desde diciembre.

El sábado, a través de un comunicado el Gobierno calificó como “falsa” la información acerca de un recorte de esos fondos y aseguró que tras la auditoría que está llevando a cabo “el Estado Nacional cumplirá en abonar los montos que correspondan”. Fue precisamente por ese mismo tema por el que más temprano el ministro Francos, había desmentido también al gobernador de Chubut, Ignacio Torres, quien integra el grupo de mandatarios provinciales de JxC, pero también de los patagónicos, quienes mantiene la mayor cantidad de diferencias con el Ejecutivo, entre otras cosas por la resistencia al cambio en el piso de Ganancias.

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