El Gobierno ya recibió 5000 denuncias de beneficiarios de planes por manejos indebidos de los movimientos

El tema parece haberse instalado en la opinión pública. Y no lo agitan solamente los sectores más radicalizados de la oposición, con el legislador libertario Ramiro Marra y su Movimiento Antipiquetero Argentino (MAPA) a la cabeza. La acusación de que, para financiarse, los movimientos sociales “se aprovechan” de los beneficiarios de programas al quitarles una parte de sus ingresos, es también reproducida hasta por figuras cercanas al Frente de Todos, como el dirigente social Luis D’Elía o Hebe de Bonafini.

Lo cierto es que, según información oficial a la que tuvo acceso LA NACION, hasta este fin de semana, el Ministerio de Desarrollo Social registró alrededor de 5.000 denuncias contra las organizaciones de parte de beneficiarios del programa Potenciar Trabajo que solicitan cambiar de unidad de gestión para la que contraprestan. Los motivos irían desde situaciones de maltrato hasta irregularidades con las tareas a realizar, pasando por exigencia de cobro de aportes o amenazas de baja si se niegan a ir a marchas.

En ese sentido, el referente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni no descarta que puedan llegar a existir organizaciones que “hacen desastres”. “Es como sucede con los sindicatos. Están los que se organizan democráticamente y tienen elecciones y asambleas, y los que no”, argumenta el dirigente, para después ahondar en otro ejemplo: “Como ocurre también que hay asociaciones de médicos o profesionales que son unos delincuentes, que estafan a las personas. Está en cada organización si se dedica a joder a la gente o si se dedica a organizarla para pelear por sus derechos en cada uno de los barrios”.

“Nosotros consideramos que los trabajadores que se organizan tienen que hacer un aporte a su organización”, añade Belliboni al ser consultado acerca de la manera en que se financia su agrupación, que recibe 50.000 programas sociales. Y describe: “Es un aporte a conciencia, voluntario, del 2% de su ingreso, como es la histórica cuota sindical que permitió sostener a las viejas organizaciones anarquistas, cuya autonomía estaba dada precisamente por su autogestión y autofinanciamiento”.

Otra de las argumentaciones utilizadas por el dirigente tiene que ver con reconocer cierta condición “golondrina” de quienes participan de las distintas asambleas que realiza el Polo Obrero. “No es una militancia propiamente dicha, esa gente va de acá para allá”, sostiene ante LA NACION. Y relata: “Muchas veces son vecinos que nos dicen que quieren participar de tal o cual movilización, ya sea porque están cagados de hambre o porque necesitan un programa social y el Estado no se los da”.

“Esa gente después va a la marcha, y si un cronista le pregunta por qué está ahí, responde que le pagan por ir, cuando en realidad lo que quiere decir es que está ahí porque eso lo va a ayudar a conseguir un plan, que se lo va a pagar el Estado”, explica Belliboni.

A fin de cuentas, para el dirigente social, el mero planteo de la cuestión no se trataría más que de una “ofensiva” que, lejos de tener como preocupación central a “la gente”, pone en la mira a las organizaciones sociales. “Se están preocupando porque, hoy por hoy, somos miles y miles los que estamos saliendo a la calle a pelear contra el ajuste que están aplicando”, señala una de las caras visibles del inédito acampe de 48 horas que hace un mes protagonizaron los piqueteros sobre la avenida 9 de Julio.

Quien coincide con lo planteado por el dirigente del Polo Obrero es otra referente piquetera de izquierda, Mónica Sulle. “Sin el aporte que hacen los compañeros, no podríamos ni pagar el alquiler de los locales donde tenemos comedores, ni mucho menos tener ollas o utensilios de cocina”, dice la coordinadora nacional del MST Teresa Vive. Y agrega: “Tenemos la conciencia de que, para sostener nuestra organización, todos tenemos que poner nuestra cotización, sin excepción”.

Sin embargo, Sulle aclara que una cosa es el militante y otra “el compañero del movimiento”, que aportaría un monto menor. “Nosotros no tenemos empresarios ni gremios que vengan a aportar lo que es un local. Por eso, también los diputados aportan a la organización una parte importantísima de su salario”, precisa la dirigente, en referencia a la política que practica la bancada del Frente de Izquierda-Unidad en la Cámara baja. Es que cada diputado de la izquierda cobra un salario equivalente al de un docente, mientras el resto lo dona a distintas causas políticas.

“Los compañeros saben a dónde va la plata”, sostiene Sulle. Y aclara que no son los dirigentes quienes “manejan” los números. “Eso lo hace algún compañero del lugar, que está a cargo de saber quién pone o no, pero son cuentas que hacen los propios compañeros, los mismos que después informan a la organización en general”.

Sulle pone de ejemplo una actividad que actualmente está realizando el MST con el fin de juntar dinero para los damnificados de la guerra en Ucrania. “Estamos poniendo una cifra de más o menos 1 dólar. Los que pueden poner más, ponen más”, apunta ante LA NACION. Y cuenta: “Lo mandamos al sindicato minero ucraniano, que son nuestros compañeros”.

“No somos clientelares, damos mucho debate político hacia la gente. A la organización la mantenemos entre todos. Porque la lucha es entre todos, eso es lo que nadie puede entender”, indica la dirigente, para después rematar: “Mantener una organización social independiente de las oficialistas no es fácil”.

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