Tras la polémica, el Gobierno volverá a opinar sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela ante la ONU

La postura del Gobierno sobre las violaciones a los derechos humanos en Venezuela volverá a ser esta semana foco de la política exterior argentina, cuando se exprese la opinión oficial ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, órgano que evalúa los duros informes que apuntan contra el régimen de Nicolás Maduro.

Días después del revuelo que generaron las declaraciones del embajador ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Carlos Raimundi, quien había calificado de "sesgado" un nuevo informe de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, ahora será el turno del representante diplomático ante esa entidad, Federico Villegas, quien dará a conocer la postura oficial del gobierno de Alberto Fernández.

Entre hoy y mañana se tomarán las resoluciones en la organización sobre el informe más reciente, elaborado por la Misión de Verificación de Hechos, que depende del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Ese documento registró más de 2000 muertes desde enero de este año en operativos de seguridad, de los cuales 711 ocurrieron solo desde agosto.

Aunque proviene de un organismo diferente dentro de Naciones Unidas, el nuevo relevamiento confirmó lo señalado por el lapidario informe del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. Consigna ejecuciones extrasumariales, torturas, violaciones sexuales, detenciones arbitrarias y desapariciones forzosas.

Los dichos de Raimundi generaron malestar interno en el Frente de Todos e incluso provocó el enojo del Presidente, quien transmitió a la Cancillería su disgusto por las declaraciones del embajador.

El representante argentino opinó en el Consejo Permanente de la OEA, que monitorea la situación política del país caribeño. En medio de la polémica por lo que se interpretó un giro oficial frente a la crisis institucional que atraviesa Venezuela, el Gobierno explicó que el discurso de Raimundi no era la postura oficial y que el lugar donde brindó su opinión no era el indicado para expresar ese comentario.

En la Cancillería, que conduce Felipe Solá, indicaron que la opinión de la Argentina no cambió respecto de los últimos meses. "Hay preocupación por los derechos humanos, rechazo al bloqueo como herramienta de solución y a una intervención militar. Acompañamos la preocupación por lo que dicen los informes", señalaron.

El vicecanciller, Pablo Tettamanti, aclaró la semana pasada que en la OEA "la delegación argentina tomó la palabra e hizo algunos comentarios sobre la presentación que se recibió, comentarios que más allá de las precisión o no del lenguaje en modo alguno puede o debe ser interpretado como un rechazo al informe, palabra que no fue utilizada en momento alguno por nuestro representante en la OEA".

"Los informes de los DDHH están siendo considerados en estos momentos en la sede la ONU en Ginebra. Está previsto que las resoluciones del Consejo de DDHH se tomen entre el 5 y el 6 de octubre. La Argentina está trabajando activamente en el seguimiento de toda la agenda incluyendo las resoluciones que tienen que ver con estos informes, elevados uno por la Alta Comisionada y el otro por los expertos independientes", agregó.

Más tarde, Raimundi se defendió. "Dijeron que yo rechacé el informe de Bachelet. No se trató ese informe, sino el de otro organismo independiente de Naciones Unidas, y yo no tenía por qué rechazarlo", dijo.

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