El Gobierno confirma el veto a la ley universitaria, pero posterga la medida hasta después de la marcha
Desde la Casa Rosada llevarán “hasta el límite” el plazo para rechazar la ley aprobada por el Congreso; desde la UBA reconocen que hubo sondeos, pero ratifican la protesta
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La decisión original sigue en pie, pero cambiaron los tiempos. De regreso de su participación en la asamblea general de las Naciones Unidas, el presidente Javier Milei reiteró a sus colaboradores de confianza que vetará la ley de financiamiento universitario, aprobada y convertida en ley por el Senado con más de dos tercios de los votos, el viernes 13 pasado.
De todas formas se modificaron, al menos por el momento, los plazos. El Presidente y su entorno utilizarán todo el tiempo que les permite la ley, que fija diez días hábiles luego del envío del texto al Poder Ejecutivo. El objetivo es estirar la decisión. El veto saldrá entonces, según coincidieron altas fuentes del Gobierno ante las consultas de LA NACION, después de la marcha organizada por la comunidad educativa y sectores políticos y gremiales para el próximo miércoles 2 de octubre.
“¿Lo ves al Presidente dando marcha atrás?”, ironizaron muy cerca de Javier Milei, dando por sentado que el veto se producirá, a pesar de las protestas de la oposición. El rechazo al aumento que dispuso el Congreso llegará, también, a pesar de las advertencias que hicieron llegar incluso sectores aliados al Gobierno, como el bloque de diputados del macrismo y otros partidos.
Desde los despachos oficiales coinciden en que, eso sí, “jugarán al límite” antes de dar a conocer el veto presidencial, que se firmaría finalmente el jueves 3 o a más tardar el viernes 4. Las razones de la postergación son claras: la idea es intentar tranquilizar los ánimos y no “cebar” a sectores independientes para que participen de la movilización, precisamente por el veto del Presidente. El principal temor en Balcarce 50 es que se repitan imágenes como las del 23 de abril pasado, cuando una fuerte movilización protestó en las calles contra el ajuste en las universidades, movilización que culminó con el envío de fondos para las casas de estudio. De todos modos, en aquel momento, el Gobierno criticó la “politización” de la protesta, y puso el acento en la presencia de dirigentes como el ex ministro de Economía, Sergio Massa.
En nombre del equilibrio fiscal, el Presidente anunció horas después de aquella votación que vetaría la ley. “Veto total”, escribió el primer mandatario en la red social X. La norma establece la actualización por inflación del presupuesto para las universidades nacionales con retroactividad al 1° de diciembre del año pasado. Hacia el futuro, el mismo mecanismo deberá aplicarse de manera mensual para actualizar los fondos que el Estado debe destinar a las 60 casas de altos estudios de todo el país.
Mientras se prepara para este jueves el paro nacional del gremio estatal ATE, al que se sumarán movimientos sociales nucleados en la UTEP, desde el Gobierno sugieren por lo bajo que están abiertas las negociaciones con autoridades de la UBA y dirigentes del radicalismo para intentar llegar a una solución negociada antes de la movilización del miércoles próximo. Desde esos sectores confirmaron a este diario que los sondeos desde la Casa Rosada existieron, pero que no avanzaron. “Nos piden bajar la marcha para hablar luego del veto total. Imposible”, contaron a LA NACION desde la conducción de la UBA, dónde pesa y mucho la figura de Emiliano Yacobitti, diputado nacional de la UCR y dirigente del sector que encabeza el presidente del Comité Nacional, Martín Lousteau.
Por otro lado, y en un renovado desafío a las universidades, desde el Gobierno afirmaron que se “estudia” traspasar las universidades a la órbita de las provincias, aunque la idea estaría en estado embrionario.
La postergación programada del veto coincide con la caída del Gobierno en las encuestas-reconocida incluso puertas adentro de la Casa Rosada-y un reclamo de mayor cercanía desde los propios aliados. “Está bien que baje la inflación o que entren dólares del blanqueo. Pero queremos aunque sea una para la gente”, cuestionó, por lo bajo, una espada legislativa aliada de La Libertad Avanza, preocupada por las consecuencias “en la calle” del por ahora postergado veto presidencial a mayores fondos para las universidades.